Con 6 votos a favor, uno en contra y una abstención la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California aprobó el dictamen 158 relativo a un decreto para que el gobierno de Baja California emita bonos bursátiles o bancarios por 3 mil 500 millones de pesos, a pagarse en 30 años.
La aprobación de la nueva deuda aún falta por pasar por el pleno del Congreso, lo que sucedería el próximo martes 20 de diciembre.
Del total de la deuda, 3 mil millones de pesos se destinarán a 48 proyectos de infraestructura hidráulica y equipamiento, y 500 millones de pesos a inversión pública productiva en seguridad pública, salud, educación, social, y movilidad, con perspectiva de género.
La proyección de la Secretaría de Hacienda estima que la contratación de la deuda por 3 mil 500 millones de pesos se contrataría a una tasa variable equivalente de 0.925% más la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), con una comisión de 0.15% en cada emisión.
En la sesión virtual de ayer, 15 de diciembre de 2022, el secretario de Hacienda Marco Antonio Moreno Mexía, estimó que por la nueva deuda se pagarían alrededor de 200 millones de pesos de interes al año, que se sumarían a los 2 mil 200 millones de pesos de servicio de deuda estimados para 2023
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“Estamos considerando que todos los proyectos del Bono Verde, o de la porción del financiamiento del bono verde son proyectos que traen vinculada su propia generación de flujo de efectivo adicional, es decir, son proyectos, por ejemplo de reúso de agua que nos van a permitir tener agua adicional que será comercializada por los organismos operadores del agua. Tendrá un ingreso adicional el Estado como mecanismo de repago del financiamiento”, dijo Moreno Mexía.
En el caso de los proyectos con perspectiva de género, algunos proyectos también van a tener su propia ruta de generación de ingreso adicional por lo tanto, no estaríamos afectando la capacitación de funcionamiento del Estado, al tener proyectos de inversión que tienen su propia vía, son proyectos autofinanciables, reiteró el funcionario público.
La contratación de la deuda y la disposición en inversiones llevaría más de 2023 y se hará de forma paulatina, en porciones, para no tener inmovilizado el recurso pagando intereses, sino irlo tomando conforme vaya dándose la inversión, explicó.
Entre los proyectos a ejecutar por la CESPT, Cespte, CESPM y CESPE están: reposición y rehabilitación de sistemas de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito (453 mdp); así como la rehabilitación del Acueducto Río Colorado Tijuana (140.5 mdp);
La rehabilitación de la planta potabilizadora de La Nopalera (24.3 mdp); un estudio geohidrológico de perforación exploratoria de nuevas fuentes de abastecimiento subterránea (30 mdp); la ampliación para la planta de tratamiento de aguas residuales Las Arenitas fase 1 (400 mdp) y la reposición del Acueducto Morelos, por 185 mdp.
En la sesión, la diputada Julia Andrea González Quiroz presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto propuso que los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Fiscalización reciban un informe de la Secretaría de Hacienda cada seis meses, para darle “puntual” seguimiento a la nueva deuda, lo cual fue aprobado por la mayoría.
En la sesión de ayer, también se aprobaron los dictámenes relativos a la Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de Egresos 2023
