Ante la inminente reasignación de personal del Poder Judicial de la Federación en Tijuana a un Tribunal Colegiado de Apelación en el estado de Chihuahua, trabajadores asentados en este municipio fronterizo dijeron hallarse en la incertidumbre y se quejaron de que no se les especifique formalmente qué situación les espera.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación sección 25, Manuel Raúl Ochoa Ruelas, manifestó que su homólogo a nivel nacional, le refirió que sólo se va a disponer de 6 con adscripción actualmente en Tijuana. Sin embargo, dijo, no hay un documento que así lo establezca.
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“Nos tienen a cinco días de que sea el cambio así, sin saber qué es lo que va a pasar”, señaló el viernes 11 de noviembre.
Los 150 trabajadores que integran los cinco tribunales unitarios de Tijuana no saben “si van a perder su trabajo, si los van a re-adscribir, si los van a cambiar de ciudad, a Ciudad Juárez o a Chihuahua”, advirtió Ochoa Ruelas.
Afirmó que ante el desconocimiento de los cambios que en específico habrán de emprenderse, no se descarta la posibilidad de que 30% de la base trabajadora de Tijuana se vea afectado, pues para formar un tribunal colegiado de apelación se requieren de apelación se requieren alrededor de 60 trabajadores.
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Detalló que de las tres magistradas se desempeñarán en el tribunal colegiado de apelación dos son de Tijuana.
Alicia Isabel Licea Medina, secretaria de base del Octavo Tribunal Unitario, en Tijuana, Baja California; quien dijo tener 22 años trabajando en el Poder Judicial de la Federación, mencionó que se les ha dado la consigna de que se les enviará a la ciudad de Chihuahua y que ello constituiría “un cambio muy drástico” en razón de tratarse de “una ciudad peligrosa” y de que ella es madre proveedora y se encarga de sacar adelante a su familia.
“Muchas de las mujeres que estamos trabajando aquí en el Poder Judicial estamos en ese supuesto, somos madres proveedoras que nos encargamos de nuestros hijos, yo no quiero imaginar las mujeres que tienen niños pequeños, que tienen que llevarlos al Kínder, a la primaria, no sé cómo le van a hacer”, manifestó.
“Nosotros pedimos justicia, pedimos consideración, que nos respeten nuestros derechos, porque nosotros merecemos respeto, después de tanto trabajo, después de tantas horas trabajando día y noche sin cesar a resistencia, porque el Poder Judicial requiere trabajar a residencia a contratiempo, a contrarreloj, para poder sacar libertades, para poder sacar resoluciones”, reclamó.
El secretario del Octavo Tribunal Unitario, Raúl Argote, opinó que con los movimientos por venir, mucha gente podría renunciar en el PJF. “Cambiarte a otra ciudad implica un gasto no nada más en el traslado, vivir allá, la familia aquí, es una duplicidad de gastos que no alcanza un salario”, explicó.
Estableció que por los cambios contemplados “puede haber un conflicto laboral con el Consejo de la Judicatura”, no obstante, “no hay nada claro”, aunque afirmó que desde su punto de vista no habría forma de ganar “en un conflicto con el Poder Judicial de la Federación”.
