Con 19 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen 206 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que rechaza la Cuenta Pública de 2020 del Poder Ejecutivo, encabezado por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, por señalar millonarias irregularidades en el gasto público.
La votación del dictamen generó una confrontación verbal entre el legislador del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas y los morenistas Juan Manuel Molina García y Manuel Guerrero Luna, debido a que el petista pretendía que el pleno rechazara el dictamen al considerar como no grave que la administración anterior no pagó al fisco el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre varios rubros.
Incluso reclamó a sus homólogos de Morena y PT que condenaran a Bonilla Valdez sin observar “la paternidad política” que le deben al hoy senador, y dejaran de observar el “apoyo irrestricto” que Bonilla Valdez dio a sus carreras políticas.
El morenista Molina García le reviró: “En lo personal la única paternidad política que reconozco es la que me otorgó la ciudadanía con su voto, es a quien me debo política y personalmente solamente, y reconozco también que mi partido Morena me aportó ese apoyo igual que a usted diputado Blásquez, el 98% de sus votos, aunque ahora tal vez lo niegue, y si no fuere así lo invito a que en la próxima elección vaya solo, no se alié con nosotros”.
Por varios lapsos la presidente de la Mesa Directiva, Alejandra María Ang, tuvo que llamar al orden de los asistentes al salón de sesiones Benito Juárez, porque algunas personas increparon a Blásquez Salinas mientras hablaba.
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Molina García criticó que el petista votara a favor del dictamen 189 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que rechaza la Cuenta Pública 2020 del Ayuntamiento de Tijuana –encabezado entonces por Arturo González Cruz- y pugnara por no aprobar el dictamen sobre el gobierno de Bonilla Valdez siendo que ambos fueron analizados bajo los mismos criterios.
“No podemos cambiar nuestros criterios a contentillo de quien, yo entiendo que si lo infiere a los demás es porque así lo comparte y sí le comparte su paternidad política al ex gobernador Jaime Bonilla, entonces se puede votar a favor y otra en contra si deviene de los mismos criterios”, cuestionó..
Molina García aseguró que el dictamen 206 sobre el ejercicio del gasto público en la administración de Bonilla Valdez señala 63 observaciones no sólo sobre el ISR sino sobre la no entrega de vales de gas y becas educativas, entre otros rubros.
“Lo grave es que dice que no se justificaron las entregas y no está hablando de una o dos, sino está hablando de millones de pesos. Yo sí me preocupo de que esas becas le hayan llegado a hijos de familias necesitadas y que se haya acreditado”, sostuvo.
En la sesión de este 10 de noviembre de 2022, el voto en abstención sobre el dictamen 206 que rechaza la Cuenta Pública 2020 del gobierno de Bonilla Valdez fue del diputado Sergio Moctezuma Martínez López, quien argumentó que su voto fue de esa manera para no caer en un conflicto de interés, toda vez que en la pasada administración fungió como secretario del Trabajo y Previsión Social, con lo que también evitará que lo lleven “al banquillo de los acusados”.
GOBIERNO DE BONILLA SIN COMPROBAR GASTOS
Entre las irregularidades que señala el dictamen 206 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público a la Cuenta Pública de 2020 del gobierno de Bonilla Valdez destaca el no pago al Servicio de Administración Tributaria por un monto de 769 millones 70 mil 60 pesos por concepto de ISR en ingresos gravables los conceptos de lentes, licencia de chofer, gastos de defunción, cursos de capacitación y actualización, ayuda por servicios, material didáctico, uniformes y beneficio Seguridad Social. Por ese monto se determinó un crédito fiscal contra el gobierno estatal.
Otra irregularidad detectada por la ASE fue la adjudicación directa incumpliendo la ley en la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos, por un monto total de 131 millones 319 mil 691 pesos, y la compra de bebidas carbonatadas, jugos, lácteos y agua natural por 11 millones 224 mil 615 pesos.
Así como por la adquisición de productos alimenticios (4.5 mdp), tarjetas telefónicas para reclusos de centros penitenciarios (15.0 mdp), desayunos en centros de reinserción más de un millón 754 mdp, entre otros contratos.
La ASE observó un contrato con la empresa SIRRJA (Solución Integral de Reordenamiento de la Recaudación de Juegos con Apuestas) que recibió 62 millones 717 mil 263 pesos del gobierno estatal en 2020, sin que el proveedor proporcionara los informes que se determinaron en el contrato.
Detalla que al intentar localizar al proveedor en su domicilio fiscal “se encontró un local con varios meses sin uso y con anuncio de arrendamiento”.
La ASE también observó irregularidades en el contrato D-PRON-20-TIJ-12 del 23 de abril de 2020 por 209 millones 191 mil 339 pesos por los Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Viaducto Elevado Aeropuerto el Soler, de Tijuana.
No fueron proporcionados los contratos celebrados con dos empresas proveedoras de servicios a las cuales en el ejercicio fiscal 2020 el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California realizó operaciones por 131 millones 319 mil 691 pesos incumpliendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Tampoco fueron proporcionados recibos oficiales de los Ayuntamientos del Estado que sustenten los apoyos otorgados por participaciones y aportaciones federales por un importe de 140 millones 87 mil 331 pesos es otra de las irregularidades detectadas a la Cuenta Pública 2020 al gobierno de Bonilla Valdez.
