Desde hace más de tres años, Eduardo Bravo Quintero tiene activo un juicio sumario de desahucio bajo el expediente 770/2019, en contra de Ricardo Toshuyukiu Celaya, quien evadió el pago de la renta de una casa.
La queja es contra el Juez Primero de lo Civil en Ensenada, Jesús Reynoso González, y el actuario Jesús David Carrizales, por abuso de autoridad, obstrucción al proceso sumario de desahucio, daños y perjuicios, tráfico de influencias, protección y, probablemente, dar información privilegiada al demandado; además de incumplir con el derecho del demandante a ser informado y de audiencia.
La vivienda que Bravo intentó rentar se localiza en Calle Enrique Dunant número 174, Fraccionamiento Costa Azul, considerada zona céntrica en el puerto.
De acuerdo con registros de portales dedicados a la compra y venta de propiedades, una casa de 130 metros cuadrados tiene un costo aproximado a 2.5 millones de pesos.
El primer incidente en el proceso sucedió cuando su abogado inicial asentó de manera incorrecta que el arrendador pagó 13 mil 800 pesos correspondiente a la renta de un mes y 16 días.
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La afirmación afectó el proceso, ya que el Artículo 475 del Código Civil dicta: “El juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de una finca o local por falta de pago de dos o más mensualidades”, por lo cual “el Secretario de Acuerdos en lugar de haberla rechazado de manera oficiosa, lo continuó, pero fue rechazada por incumplir con el 475”, refiere la denuncia.
Después de la pandemia por COVID-19, se citó a las partes para una audiencia de conciliación. Como parte del proceso legal, el cual inició en 2019 y que de acuerdo con el reportante, se ha llevado a cabo entre “irregularidades”, tal audiencia se determinó para el 11 de junio de 2021, pero el acusado no se presentó.
Posteriormente, el 17 de junio del mismo año, el demandado presentó una promoción ante Oficialía de Partes, exhibiendo una constancia médica emitida por el ISSSTE con fecha 16 de junio.
También le han pedido que notifique al presunto invasor, pero debido a que no responde el llamado en la vivienda, ha sido imposible para el demandante poder cumplir con ese requisito.
Eduardo Bravo ya prepara una denuncia ante el Poder Judicial del Estado para tener una respuesta por parte de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Estoy desesperado porque puedo perder mi patrimonio, que con mucho esfuerzo y sacrificio forjé a lo largo de más de 20 años. Voy a acudir a la Judicatura del Poder Judicial del Estado para interponer la denuncia correspondiente, no podemos permitir estos actos de abuso de autoridad, tráfico de influencias. El patrimonio de los bajacalifornianos está en riesgo por falta de hacer valer un juicio transparente, expedito y basado en la Ley”, insistió.
