Al menos tres eventos violentos por parte de un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ensenada y San Quintín durante la última semana de octubre.
La mañana del miércoles 26, ZETA cuestionó al secretario de Seguridad Ciudadana, Gilberto Landeros Briseño, sobre una denuncia por abuso de autoridad interpuesta el lunes 24, de la cual aseguró no tener conocimiento.
Tal respuesta detonó el enojo de los ciudadanos de la zona sur y, la mañana del lunes 31 de octubre, bloquearon el acceso a las oficinas del Centro de Gobierno en el sexto municipio.
“Debería estar al día -Gilberto Landeros- como secretario de Seguridad Ciudadana y saber qué es lo que anda acá en la región, porque es gravísimo lo que sucedió”, declaró el líder social Tomás Sánchez, acompañado de las personas que denunciaron a agentes estatales por agresión.
Públicamente identificaron sólo a uno de los oficiales que al parecer participó en las intervenciones que derivaron en supuestos abusos de autoridad, con el nombre de Juan Francisco Ramos López, ex director de Seguridad Pública Municipal en San Quintín.
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De acuerdo con los denunciantes, el agente en activo tiene antecedentes que se encuentran disponibles en la Visitaduría. Desde 2004 se le han iniciado carpetas de investigación por los probables delitos de abuso de autoridad, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de morada, portación de arma de fuego sin permiso y sin causa útil, así como privación ilegal de la libertad. La FGE no ha informado sobre el resultado de estas investigaciones.
LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA AGENTES ESTATALES
A las 10:00 horas del lunes 24 de octubre, Jesús Núñez Martínez conducía su camioneta Ford, propiedad de la agrícola Dos Mares, donde él trabaja, en el poblado de Punta Colonet, a 130 kilómetros al sur de Ensenada.
La denuncia quedó asentada en la denuncia con Número Único de Caso (NUC) 0201/2022/15747 por abuso de autoridad y lesiones.
La presunta víctima narró cómo cuatro policías, entre ellos una mujer, le arrebataron el teléfono celular y, al no darles la contraseña, lo golpearon, insultaron e incluso amenazaron junto con su familia.
Un segundo caso de agresión en contra de un civil, ocurrió 24 horas después por parte de las fuerzas estatales en la colonia La Cali, en el municipio de San Quintín.
Derivado de una denuncia por el presunto abuso por parte de agentes de la Fuerza Estatal hacia un ciudadano, en Punta Colonet, la Subsecretaría Ensenada de la Secretaría General de Gobierno, atendió a los involucrados.
El subsecretario Julio Felipe García Muñoz se comprometió a mantener comunicación con los afectados y dar seguimiento a las investigaciones en curso por parte de la FGE.
La presunta víctima es un licenciado en Administración Turística, quien presta servicios a empresas agrícolas de la región. De acuerdo con su versión, lo intervino un grupo de policías estatales que lo bajaron de la unidad de reciente modelo, quitándole el teléfono celular, después le pidieron desbloquearlo, pero se negó.
De acuerdo con imágenes del incidente, le propinaron golpes en el abdomen. Cuando preguntó para qué querían el celular, los policías respondieron: “Estamos buscando a los malandros”.
Otro hecho por separado se registró el miércoles 26 de octubre también en La Cali, donde Eduardo Chavarría Vargas y Antonio Maciel interpusieron denuncia ante la FGE en San Quintín por lesiones y daños en propiedad ajena, contra un grupo de ocho elementos estatales que circulaban en dos unidades.
Narraron que se encontraban en el domicilio de Eduardo cuando unos agentes llegaron para realizar una intervención con el argumento de que estaba mal estacionado.
Eduardo sacó el celular y uno de los policías se fue contra él, sustrayéndole el teléfono para después lanzarlo contra el piso. “Vas a valer”, le dijo, para después insultarlo y patearlo.
Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, fiscal en Ensenada, informó que en el caso de Punta Colonet han estado trabajando para resolverlo con prontitud y suspender las operaciones de los efectivos mientras se lleva a cabo la investigación.
