Las extorsiones y cobro de piso en La Paz, pasó de las llamadas a la presencia en físico de presuntos delincuentes, así lo relatan familiares de trabajadores del comercio La Vianda, ubicado en la colonia Las Garzas.
Acorde con la parte denunciante, la autoridad tomó el caso de inmediato y lo trataron con total sigilo, según ellos, para evitar que la investigación se salga de control, pero a más de un mes del caso, nada se sabe de los detenidos.
“Esto ocurrió en el sitio de trabajo de mi pareja, ayer por la noche vinieron PERSONALMENTE al salón La Vianda a hacer una amenaza de cobro de piso. Lo preocupante es que ya pasamos de las amenazas telefónicas que, por supuesto hemos recibido, a la amenaza PRESENCIAL. La cuota va a ser de $30mil mensual”, expresó el familiar de un empleado.
Compartió a ZETA la conversación y el video del momento en que llegaron los presuntos extorsionadores a bordo de una camioneta Honda CRV color blanco.
El miércoles 5 de octubre, dos hombres de apariencia joven acudieron alrededor de las 19:44 horas al establecimiento dedicado a eventos especiales, servicio de restaurante y banquetes, dejando el mensaje de cuota.
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Al descender de la unidad, se dirigen a la puerta principal del comercio, uno de ellos se detiene y toma una foto del local y el nombre con flash, lo cual se demostró en la grabación.
Cuando pasan al portón, se percatan de la cámara de vigilancia y, al acercarse al punto, se aprecia que uno de ellos ya portaba máscara.
“Sabemos que los patrones son los más preocupados, ellos lo administran, pero nosotros estamos expuestos y son varios los empleados, la autoridad qué va a hacer para protegernos, si de entrada lo niegan y tememos por la vida de nuestras parejas”, añadió la parte denunciante.
Instantes después de que se marchan los presuntos extorsionadores, se hizo el llamado a los números de Emergencia o funcionarios de servicio para que acudieran “y se atendió”.
Sin embargo, lunes 7 de noviembre, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío negó la existencia de una denuncia formal para que ellos puedan actuar, sostuvo que “de extorsión no hay ni una”, lo que les impide activar el protocolo de acción inmediata de la Mesa de Seguridad Estatal.
Aunque el Código Penal Federal considera a la extorsión como un delito que se persigue de oficio, y al ser alertados los números de Emergencia, la autoridad debe perseguir a los delincuentes.
En cambio, negaron que en Baja California Sur haya un solo caso sobre este delito.
“En cuanto ocurrió, dimos por enteradas a las autoridades, ellos mismos hicieron acto de presencia en las instalaciones, entonces un llamado formal lo tienen y es verídico, toda la información, ellos cuentan con todo, qué esperan para detenerlos y acabar con este martirio. Hay temor y muchos de los comerciantes ya decidieron cerrar sus puertas a cierta hora, llegas y verifican, y te dan acceso, principalmente tiendas OXXO”, expuso un miembro de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) La Paz.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020, BCS reportó 89 casos de extorsión; en 2021 se iniciaron 99 carpetas de investigación; y en nueve meses de 2022, se contabilizaron 127 carpetas de investigación, es decir, un aumento de 42.69% más que en 2020 y 31.46% que en 2021, pero el año aún no termina.
NIEGA GOBERNADOR COBRO DE PISO
A inicios de 2022, el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz denunció el cobro de piso a pescadores y algunos comerciantes, algo que el Gobierno del Estado de Baja California Sur ignoró, incluso el propio mandatario Víctor Castro pidió al religioso dejar de “alarmar a la gente”.
Para agosto, el titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) La Paz, Juan Carlos Esqueda Hampl confirmó que “sí hay cobro de piso” en comercios dedicados a la venta principalmente de alcohol. En el mismo mes, el gobernador desestimó el asunto, asegurando que “no hay nada formal”.
En su encuentro con medios de comunicación en la primera semana de noviembre, reveló que tuvo otra reunión con empresarios de Los Cabos, “ellos me plantearon la oportunidad de fortalecer la seguridad, sobre todo ante extorsiones y en todo lo que podamos, y el propio tema que es importantísimo y no podemos dejarlo como si no pasara nada: la violencia contra las mujeres. La violencia doméstica ha crecido, lamentablemente, no podemos irnos muy tranquilos y que todo se pacificó, no hay como en otros estados la violencia, desgraciadamente”, indicó Castro Cosío.
En cambio, pese a la evidencia gráfica, testimonial y reincidente, insiste en que en La Paz sigue sin haber denuncia alguna, y por ello no han trabajado en el asunto.
Según el Código Penal, no se requiere una denuncia para actuar, sino que deberían actuar por oficio y las áreas de Inteligencia atraer el tema, pero a la fecha no hay información alguna.
“De extorsión no hay ni una, no ha habido una denuncia formal, recuerden que un ministro de una religión ahí, les dije ‘ayúdennos con una denuncia anónima para trabajarlo’, porque si se habla así al aire, yo les ruego que utilicen ese sistema para que nos ayuden, no tiene que pasar, si se instala eso es como ponernos un pañuelo en los ojos, no se vale, ningún problema debemos soslayar y menos ese que usted nos dice”, comentó Castro.
Desde hace poco más de un mes, en pláticas con empresarios y restauranteros, afirmaron que después de ese incidente nada se ha sabido de los extorsionadores, de hecho, las autoridades actuaron, pero negaron que exista tal carpeta de investigación.
Ante la negativa y falta de detenidos, comerciantes y trabajadores hicieron la denuncia pública para exhibir la prueba de que “sí hay cobro de piso y no sólo es por llamada, ya hicieron acto de presencia”.
A lo cual el gobernador refutó: “Sí tocaron este asunto, pero no como algo relevante, también les pido a los empresarios que no se tarden, pues, que nos lo digan, que no permitan eso, si no atacamos rápido, si no disolvemos cualquier célula que ande haciendo eso… Lo que sí está ocurriendo y le pedí a mi compañero el secretario de Seguridad y al procurador, es sobre el hackeo de teléfonos que está pasando en todo el Estado”.
Todo servidor público tiene la obligación de atender los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos, que de acuerdo con su Artículo 47, deben “… cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
Las sanciones a las que podrían ser acreedores por incumplir su obligación, consisten en apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; suspensión, destitución del puesto; sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
SÍ HAY DENUNCIAS: MILENA QUIROGA
Tal parece que en BCS, las autoridades pretenden minimizar la problemática por la que atraviesan algunos comerciantes en La Paz, que los tiene sumidos en la zozobra y temor a que les pase algo a ellos o a sus propias familias.
Meses atrás, la alcaldesa Milena Quiroga Romero confirmó a medios de comunicación que habían recibido denuncias, “no muchas”, por el cobro de piso y/o extorsión.
“Ya lo habíamos platicado en las Mesas de Seguridad, ya se ha tenido presencia, ya se habían recibido (denuncias), no muchas, sabemos que se comenta y tenemos que promover más un poquito a lo mejor la denuncia (formal), pero entendemos que por otras situaciones a veces no se da”, confirmó la alcaldesa de La Paz, dando a entender que los comerciantes no denuncian de manera formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado “por otras situaciones” como el miedo a represalias de los criminales, pero que ellos “entienden”.
Sin embargo, a la fecha nadie ha hecho algo al respecto, insisten en que no hay tal incidencia porque no cuentan con una carpeta de investigación en físico. Es aquí donde comerciantes y ciudadanos se preguntan por las labores de inteligencia, ya que el cobro de piso y/o extorsión se persigue por oficio y así lo establece el Código Penal federal.
Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Precisamente en agosto, Canaco La Paz informó de casos de cobro de piso, y la alcaldesa confirmó que se originó principalmente por la restricción de horarios en bares y centros nocturnos, encontrando ahí los delincuentes “un mercado”.
“Con este Operativo Bitácora, esperemos la confianza y cercanía de los negocios, que podamos reforzar sobre todo la confianza. Esto creció con la pandemia, porque los negocios cerraban muy temprano y había todavía demanda, encontraron un mercado, ahorita con la reactivación económica va a ser muy difícil que esto continúe, porque ya todos los negocios están abiertos, no hay restricciones, el horario nosotros lo liberamos y sin un costo adicional, precisamente por la reactivación económica y ahora pues vamos a reforzar con la seguridad”, indicó en su momento Milena Quiroga.
Pese a las declaraciones vertidas en video a través de las redes sociales, curiosamente Rut de la Fuente Velázquez, directora general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, negó que haya denuncias en la instancia municipal, aclarando que desconoce “si en otras dependencias haya” denuncias por cobro de piso, pero que a la fecha “no se tiene”, pese a que el tema se ha tratado constantemente en Mesas de Seguridad del municipio.
“El operativo surge de diversos asuntos que se analizaron en la Mesa Estatal de Seguridad, se lleva a través de la Policía Municipal en conjunto con Policía Estatal Preventiva, a la fecha llevamos, de hace un mes que se inició el operativo, más de 400 encuestas que se han realizado, la invitación en este tipo de casos es a la denuncia, está el 089 para Denuncia Anónima, esto nos ayuda a tener registro y medición para patrullajes específicos en estas zonas que demandan; en la Policía Municipal no se tiene este tipo de denuncias”, reiteró De la Fuente.
