Líderes ejidatarios de más de 20 zonas rurales de Baja California Sur se organizaron para crear un frente común ante la intención de declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de Giganta y la Sierra de Guadalupe, en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé.
El objetivo es que el Gobierno de México fije postura en contra y dé marcha atrás a cualquier procedimiento.
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Líderes de Cadejé, La Purísima y Tepentú han intervenido para solicitar un alto a la declaratoria y expusieron ante el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Adán Peña Fuentes, las afectaciones que sufrirán si esto se consuma.
“Los ejidatarios se están muriendo de hambre; venden porque no tienen qué comer. Si les interesa la Sierra de la Giganta ¿por qué no la compran a los ejidatarios?”, cuestionó Mareli Higuera Arce, comisionada del ejido La Purísima.
Mencionó que ningún ejidatario podría tener cabras, ya que son animales depredadores, ni siquiera matar una cachora. Es por ello que, entre las opciones, proponen que el Gobierno Federal compre las tierras, si es que insisten en avanzar con las declaratorias, ya que, calculan, son más de dos mil familias las que se podrían verse afectadas.
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Acusó que ya hay un estudio “maquillado”, que se obtuvo a través de engaños a rancheros sudcalifornianos, a quienes les pidieron firmas a cambio de entregarles unas hornillas ecológicas.
“El comisionado de la Conanp manifiesta que la idea es asistir a las asambleas, la postura es no recibirlos porque ellos mienten, ellos confunden, ellos maquillan. Esas identificaciones que los ejidatarios les dieron para las orillas, las metieron para justificar el por qué los ejidatarios estaban de acuerdo”, comentó.
Aseveró que no hubo consulta transparente y que desde el 2014 se firmó el “Pacto de Cadejé”, conformado por 13 ejidos, que tiene como finalidad impedir la declaratoria. Ahora el tema se reactiva -según dijeron- sin informarles a propietarios de rancherías.
“El ejidatario es propietario de parcelas que ya le asignaron. Nadie, ni el gobernador ni el Presidente de la República, tiene por qué decidir qué es lo que vas a vender cuando algo es tu propiedad y en cuánto”, agregó.
Por su parte, el titular de la Conanp aseguró que escucharán a todos los inconformes, pero recalcó que -hasta el momento- no ha habido ninguna acción o decreto por parte del Gobierno Federal.
“Sí quiero ser muy claro en este tema. Denos la oportunidad de hablar, no hemos hecho nada. No hemos sacado ningún comunicado, lo único que pedimos es que nos reciban en sus ejidos; no nos estamos cerrando al diálogo”, declaró.
Manifestó que la resolución del tema dependerá de la decisión de los ejidatarios, no obstante, compartió que ha presenciado otros procesos donde ejidatarios se quedan sin tierra y sin dinero después de haberla vendido.
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, pidió a los ejidatarios que primero escuchen los pronunciamientos de las autoridades federales. Aunque declaró que habrá diálogo, enfatizó que protegerán la Sierra de la Giganta y la Sierra de Guadalupe.
“Si quieren el despojo, vender sus playas, sus tierras… me da tristeza. Lo que sí queremos es que oigan los pronunciamientos de la Conanp”, dijo el mandatario.
Ante medios de comunicación aseguró que “alguien con intereses” alertó a los rancheros sobre la intención de decretar una ANP.
“Alguien les alertó porque hay temas, van a salir para que vean cuál es el interés. Si no quieren los compañeros, no habrá Área Natural Protegida. No quieren que pase lo de la Sierra de la Laguna, donde muchos trabajaron para impedir la mega minería”, señaló.
En su intervención, Víctor Castro recordó que hay antecedentes de políticos sudcalifornianos que se han aprovechado de la necesidad de rancheros para “despojarlos” de sus tierras, comprándolas a precios muy bajos.
“Es inmoral que el político despoje al ejidatario necesitado, en vez de generar alternativas”, agregó. Castro se comprometió a visitar los ejidos para dialogar con las personas involucradas, para escuchar y atender sus dudas.
