En los siete municipios de Baja California existen amplias zonas sin Ley, donde durante años, las células de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, han desafiado y anulado el control del gobierno en turno, quienes, a partir de corrupción, incapacidad, ineficiencia o complicidad, han cedido, entregando su autoridad y los territorios.
Los delitos que se cometen no se están combatiendo adecuadamente, y el clima de inseguridad empeora con ello.
Como si fueran policías o soldados, los criminales circulan armados, a plena luz del día como en la canalización del rio Tijuana o en las rancherías de los siete municipios. A veces a pie, pero mayormente en camionetas, en parejas, aunque usualmente en grupos de cuatro o más, cobran piso, extorsiona, ponen retenes. Y reclaman o atacan a quienes no son residentes conocidos de las zonas.
MATAN A JOVEN MUJER EN ENSENADA; INVESTIGAN COMO FEMINICIDIO seguir leyendo
Las balaceras y cobros de piso son la constante en la zona vitivinícola del Valle de Guadalupe en Ensenada, también en el área que colinda con San Luis Río Colorado, Sonora con el Valle de Mexicali, Baja California. Y un tema de todos los días en Tijuana, prácticamente toda la ciudad, con violencia recrudecida en el área de colindancia con Tecate.
Publicidad
__
“En Baja California y en todo México, el Estado está entregando territorios, lo pierde en la medida que no hay una autoridad que controla lo que ocurre, que cede el espacio a los grupos delictivos”, expuso Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Creo que el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, fue generoso cuando dijo que sólo el 40% del territorio mexicano está controlado por los cárteles de la droga… es mucho más, no se está midiendo y no se está combatiendo. Hoy un delincuente hace lo que quiere, porque tiene más armas, más dinero, más precursores químicos, más drogas, más bienes contrabandeados que nunca, porque los decomisos han caído de manera sustancial, además en este año, nadie ha sido detenido por delincuencia organizada, como presumió su mal resultado la Federación, aunque es evidente que este delito continúa existiendo”, agregó Rivas.
PERDIENDO LAS CIUDADES
“Lo que observamos a nivel nacional se está realizando y no hay una investigación respecto a los homicidios, y cuando llega a haber algunos detenidos, no los vinculan por homicidios, sino por narcomenudeo, entonces lo que vemos es una tasa muy baja a los homicidios dolosos, por eso es tan fácil que los sigan cometiendo, porque el riesgo para los asesinos que los investigue, judicialice y sentencie, es muy bajo”, destacó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal, Asociación Civil.
“Además, no hay una política pública que ayude a prevenir este tipo de eventos donde la sociedad pueda colaborar, y estos hechos son cada vez más frecuentes en varias partes del país, hay zonas donde entras y no sabes si vas a salir vivo o si vas a salir, no sólo de noche, a todas horas del día. Las funciones del Estado como gobierno cada vez están más disminuidas y las organizaciones criminales están haciendo uso de ese ilegitimo de la fuerza para imponer su voluntad y hacer sus actividades criminales. Incluso, cobran un tipo de ‘impuesto’ a través de las extorsiones, lo que estamos viendo es un Estado fallido y el gobierno está cerrado” concluyó Ortega la idea.
LOS ABRAZOS Y LAS ARMAS
“Es un problema muy complejo. Por un lado, la política que existe en México de López Obrador, la misma por cuatro años de su sexenio, de ‘Abrazos, no balazos’, que no quiere enfrentar a los narcos ni a los cárteles, incluidos los que venden droga al menudeo, los hace saber que no tendrán consecuencias, así que operan con más impunidad y les hace creer que pueden hacer lo que les dé la gana. Estos narcos no son muy inteligentes, lo único que saben es jalar el gatillo, entran a fiestas, matan gente, se equivocan”, opinó Mike Vigil, ex jefe de Operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles).
“Por otro lado, aquí en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Rifles, con dinero para las campañas, tienen en sus bolsillos a los políticos del Partido Republicano. El 75% de las armas que llegan a los criminales en México proviene de Estados Unidos, como las tipo militar calibre 50, utilizadas por Cártel de Sinaloa para liberar a Ovidio Guzmán -17 de octubre 2019-, en México sólo un campo militar de la Sedena en Ciudad de México está autorizado para vender armas y saca al mercado un promedio de 38 al día. Mientras de Estados Unidos, las investigaciones han determinado que llegan un promedio de 580 diarias, eso da una idea de la magnitud del problema”, completó Vigil.
EL RECLAMO CIUDADANO
“En Tecate, en los ranchos que conectan con Tijuana, criminales extorsionan a los dueños, igual que en Cerro Azul, intentan sacarlos… no puedes circular por la tarde porque te llegan hombres armados en camionetas a exigir que les justifiques qué estás haciendo”, expuso un residente de ese municipio.
“No vayan a La Rumorosa ni dejen ir a su familia, es tierra sin ley, y las autoridades no lo sacan a la luz x no perder el turismo, pero diario hay levantones, hoy tocó en mi familia, cuiden a la suya”, escribió en redes sociales el padre de Fernando, joven turista encontrado asesinado en Mexicali el 15 de noviembre de 2022.
“Es toda una extensión de ranchos abandonados, espacios en que los criminales han amenazado y sacado a los propietarios para posesionarse y usarlos para sus actividades”, detalló un investigador respecto al área donde el muchacho fue atacado.
O la canalización del Río Tijuana, convertida en el punto de venta más grande de “La ciudad más visitada del mundo”, donde en septiembre fue asesinado Kevin Yael, adolescente de 14 años.
“Era un niño muy noble, trabajador, echaba la mano a su mamá. Estudiaba y soñaba ser boxeador. Entrenaba box y lamentablemente nos los arrebataron… es un dolor muy fuerte, que no le deseo a nadie. Quiero justicia para mi niño, que haya más seguridad en ese canal porque es muy peligroso” expresaría Erick, padre de Kevin Yael, quien murió a causa de golpes al interior de una de las compuertas en la canalización del Río Tijuana.
Al respecto, la alcaldesa Montserrat Caballero reconoció saber que esa parte de la canalización, es un punto tomado por criminales.
Las autoridades delegacionales, municipales, estatales y federales en Baja California, conocen y han hecho públicas las zonas de riesgo, a los grupos que la contralan, tienen identificados a los cabecillas, mandos medios criminales y delincuentes de calle, pero nada hacen.
Hasta que ocurre un hecho relevante reclamado por algún sector de la sociedad, usualmente las “muertes colaterales”, víctimas que la autoridad no puede justificar o minimizar porque no tenían “relaciones criminales”.
En fechas recientes, algunos de los autores materiales de estos ataques específicos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión, y es lo que presumen tanto la gobernadora Marina del Pilar Ávila, como el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ricardo Iván Carpio, como resultados o combate,
Sin embargo, sus jefes, los cárteles y sus células, las ligas que tiene con las corporaciones, la protección que reciben, el dinero, los ranchos y las casas -que compran y las que roban-, siguen intactos, así que únicamente suplen a los matones desechables detenidos y siguen asesinando, extorsionando y aterrorizando.
Como ocurrió en los casos del joven turista Fernando en La Rumorosa, y Kevin Yael en la canalización del Río Tijuana, asesinados sólo por estar en esas zonas públicas de tránsito común que carecen de vigilancia, a pesar de que ambas han sido identificadas por años como territorios dominados por narcos que no han sido combatidos.
BUSCAN A “EL WACHO” POR MUERTE DE FERNANDO
Fernando era un joven ingeniero bioquímico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y empleado del sector médico, cuyo cuerpo torturado y decapitado se localizó la mañana del 15 de noviembre en las inmediaciones del Panteón Centinela en Mexicali.
Cuadro días antes, a la media noche del viernes 11 de noviembre, estaba feliz en compañía de dos amigos, una maestra y un fotógrafo. Intentaban tomarse una foto en la recién nombrada calle Jaime Maussan en el Kilómetro 73 en La Rumorosa, después de haber asistido al Tecate UFO Fest, cuando fueron atacados.
Como si fueran dueños de esa parte de la vía pública, a gritos y groserías, cinco hombres los cuestionaron por estar en el área. Cuando los muchachos intentaron evitar problemas e irse, quedaron en medio de una mala película de terror y narcos.
Fueron perseguidos, baleados, los sacaron de la carretera, cayeron en una zanja, a sus amigos los dejaron heridos, y a Fernando, quien conducía, se lo llevaron. Lo torturaron, lo mataron y exhibieron su cuerpo.
Después de cometidos los crímenes, finalmente La Rumorosa, el poblado sin ley, se llenó de autoridades: la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Guardia Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes acompañaron a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para buscar a los responsables.
El 16 de noviembre, un barrido para ejecutar órdenes de aprehensión entre diversos criminales conocidos en la zona, resultó en la captura de dos narcomenudistas que ofrecieron información que llevó al cateo de tres ranchos. Testigos auditivos e información de un sospechoso principal del ataque contra los jóvenes.
CSSPBC: DESGOBIERNO FALTA DE PLANES Y COORDINACION seguir leyendo
Delincuentes en la zona “escucharon” a Martín Morales “El Wacho” -quien también usa otros nombres y apodos-, que delinque para el Cártel de Sinaloa, del ala de “Los Chapitos” Guzmán, hablar del ataque que ejecutaron en contra de los jóvenes turistas, supuestamente “fue una muerte no ordenada ni permitida”, por lo que los perpetradores perdieron la protección de sus jefes y huyeron de la zona.
Los socios criminales de “El Wacho” también son buscados, pero aún no están plenamente identificados, sólo los ubican como “El Cholo”, “El Chore”, “El Molacho”, “El Tío”, “El Baltazar” y “El Catracho”.
“Ahorita se fue pa’ Sinaloa, pero cuando lo estuvieron buscando sí estaba en La Rumorosa, su gente lo escondió en las rancherías”, refirieron testigos.
En uno de los ranchos, “El Zorrillo”, encontraron varios autos desmantelados, una camioneta blindada con reporte de robo, 63 casquillos percutidos de cinco armas distintas y un rastro de sangre que aún analizan para saber si corresponde a Fernando, porque una de las armas percutidas en el rancho, también fue usada en el ataque a los jóvenes turistas, y otra de las pistolas tuvo correspondencia con una tentativa de homicidio que terminó con cinco hombres lesionados de bala el 5 de septiembre en la colonia Óscar Gazo de Mexicali.
Una tercera arma se había usado dos veces en Ensenada: en enero de 2018, para asesinar en Valle de la Trinidad a dos hombres; y en 2017 para lesionar a otro en la zona urbana del municipio.
De acuerdo a las primeras indagatorias de la FGE, la célula de Sinaloa que los agredió, está asentada en esa zona, ruta que abarca de “Ojos Negros en Ensenada hasta La Rumorosa”, y se usa para el trasiego de drogas, el tráfico de personas a Estados Unidos -se encontraron elementos de prueba de que resguardaban gente en ese espacio- y para el robo y venta de gasolina, huachicol, pero también extorsiona y roban ganado.
“EL JUNIOR” Y “EL MORENO” EN ASESINATO DE KEVIN
Igual que en el caso de Fernando, dos meses antes, el 2 de septiembre, el adolescente de 14 años Kevin Yael fue privado de la libertad en las inmediaciones del Centro Escolar Agua Caliente, cuando caminaba sobre la canalización del Río Tijuana, sobre el Puente Misión de La Paz, mientras conversaba en videollamada con un amiguito.
Las autoridades tampoco les hicieron caso, y la familia tuvo que empezar la búsqueda con apoyo de la ciudadanía y grupos civiles dedicados a buscar a personas desaparecidas.
El día del crimen, vendedores de droga que operan como dueños del lugar le reclamaron al niño porque creyeron que los grababa. Lo jalaron, se lo llevaron a la fuerza. Su cuerpo fue encontrado hasta la tarde del 6 de septiembre, asesinado a golpes, en estado de descomposición, junto a otro cadáver.
En otro barrido, esa vez la FGE solos, ejecutaron órdenes de aprehensión y presentación pendientes de ejecutar a criminales que operan a lo largo de la canalización y colonia aledañas.
Así reunieron elementos para solicitar órdenes de aprehensión en contra de dos presuntos responsables de la muerte del menor: José Chávez Zúñiga “El Moreno” y Apolinar Parra Rodríguez “El Junior”.
Conforme a las investigaciones ministeriales, son empleados criminales de un grupo que liga intereses delictivos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Arellano Félix (CAF).
Realizaron dos cateos en diferentes fechas en sus direcciones ubicadas en Lomas Taurinas, pero no los encontraron. En un tercer cateo y operativo de barrido el 3 de noviembre, abarcando Lomas Taurinas, Mineral de Santa Fe y la zona de las Aguas Termales, aseguraron armas, drogas, pero los presuntos matones siguen libres.
“Creemos que los cambiaron a otra zona de la ciudad”, expuso un investigador.
MÁS CASOS
Infortunadamente, ante la impunidad, las victimas sin ningún tipo de justicia, sin detenidos, sospechosos u órdenes de aprehensión, son muchas más, por ejemplo:
3 de octubre de 2022. Dos matones que asesinaron al músico percusionista Ernesto Molina, en plena Zona Centro de Tijuana, para quitarle dinero que recién había sacado de una casa de cambio.
3 de julio, 2022. Las muertes de Jorge Tortoledo y Javier Guevara, quienes atendían un puesto de sangría en la delegación El Porvenir en el Valle de Ensenada, escena en la que dos clientas también fueron asesinadas.
23 de agosto de 2021. José Eduardo Avilez Quintero, empleado del Gobierno de Baja California Sur e hijo de un diputado en el mismo Estado, asesinado en el Cañón de la Pedrera en Tijuana, cuando venía a comprar un carro.
27 de mayo, 2021. El asesinato de Uriel Mora, Dagoberto Escalante y Juan Tlehuactle, tres trabajadores del rancho vitivinícola Las Uvas en las inmediaciones entre Tijuana y Tecate, cerca de la línea fronteriza.
21 de marzo, 2021. Una mujer y un hombre asesinados, y diez heridos de bala, en un rancho rentado para una fiesta en San Pablo, en San Antonio de Las Minas. Resultó con un pequeño rozón en el brazo el objetivo del ataque, Jorge Daniel Rodríguez Guzmán “La Niurka”.
15 de septiembre de 2018. El asesinato de Emmanuel López Lozano, ex beisbolista infantil, campeón bateador a los 16años, acribillado por criminales con los que tuvo un malentendido en el interior del Bar Love en Rosarito, donde dejaron entrar a los matones armados.
IMPUNIDAD QUE CONTINÚA Y SE MULTIPLICA
“Tenemos territorios entregados a la delincuencia, sabemos que en Popotla (Rosarito) nadie entra, en El Hongo, La Rumorosa, nadie entraba, no te digo algunos sectores de Tecate, sectores de Ensenada, La Misión…se creen dueños de los territorios, tenemos que poner autoridad”, declaró a ZETA en noviembre de 2021, el entonces fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz. A un año y con fiscal diferente-Ricardo Carpio-, los bajacalifornianos siguen esperando.
El 12 de agosto, la ciudadanía también fue sometida al terror, cuando 24 vehículos fueron incendiados en los siete municipios bajacalifornianos en un lapso de 24 horas por órdenes de la célula de matones al servicio de CJNG, algunos de los autores materiales fueron detenidos. Pero estas capturas de criminales de bajo nivel, no han servido para amedrentar a los cabecillas del cártel que siguen extorsionando, cobrando piso y asesinando por montones a diario.
Apenas el 18 de noviembre, en Tijuana, Jalisco se adjudicó mediante una cartulina, el asesinato de cinco hombres: “La limpieza empieza mugrosos corrientes, o se alinean o los alineamos, Atentamente CJNG”.
El mensaje fue dejado por cuatro hombres que llegaron a bordo de una vagoneta a un lugar de maquinitas en Calle Rubén Amaya de la colonia Lázaro Cárdenas, entraron por un breve pasillo, las víctimas los vieron llegar, intentaron cerrar la puerta y con su cuerpo impedir el paso, pero fue inútil. Los asesinos ingresaron, los pusieron de rodillas y les dispararon en la cabeza.
Al final cinco cuerpos quedaron tendidos sobre varios charcos de sangre, en medio de un cuarto entre computadoras, fueron usadas tres armas, una larga y dos cortas. Los agentes encontraron 14 envoltorios de marihuana y pudieron identificar a dos de las víctimas, a quienes sus familias reconocieron como adictos: Raymundo Nixon Stanley y Marco Antonio Muñoz.
Con una de las armas usadas en este quíntuple homicidio, también mataron el 3 de octubre, en la colonia Rancho Las Flores, a Daniel Ramos Galván.
