Al tratar de detener una riña entre dos pandillas de internos del Centro Penitenciario de La Mesa, en Tijuana, un custodio fue tomado como rehén, generando que uno de sus compañeros activara la alarma de pánico en la radio matra, alrededor de las 18:35 horas del sábado 8 de octubre, en el edificio uno, nivel dos.
La alarma generó una gran movilización tanto de custodios penitenciarios, como de agentes de las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Un familiar de una Persona Privadas de la Libertad (PPL), que se encontraban en el lugar cuando sucedieron los hechos, avisó a través de un grupo de Facebook que algo estaba pasando al interior de “La Peni”.
Las familias entraron en pánico por el presunto motín y se acercaron a las inmediaciones para exigir ingresar al penal y conocer la situación de los PPL, mientras el CERESO era rodeado por agentes de la Policía Municipal, de la Fuerza Estatal de Seguridad, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército.
Aunque las autoridades del Sistema Penitenciario anunciaron que a las 19:30 horas lograron controlar un conato de riña al interior del Centro de Reinserción Social, alrededor de las 21:00 horas aún estaba sitiado el lugar con un amplio operativo civil-militar, y todavía se escuchaban detonaciones, de lo que parecía ser una pistola de municiones de goma.
A través de un comunicado de prensa, la comisionada estatal del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, expresó que después de una “rápida y oportuna” reacción y coordinación entre las distintas fuerzas del orden, la riña pudo contenerse rápidamente sin que se presentaran lesionados.
“Adicionalmente, gracias al diálogo establecido entre autoridades y PPL se acordó que estas ingresaran a sus áreas designadas por su propia voluntad, aceptando que no existen quejas al respecto del servicio o trato que reciben los internos”, aseguró.
En conferencia, el 12 de octubre, Andrade Ramírez aseguró que el problema se había dado por desacuerdo entre pandillas, cosas entre ellos que no tenían que ver con la administración del penal, como si el control de los delincuentes bajo su custodia no fuera su responsabilidad, y pudieran resolver “sus asuntos” entre ellos.
Además dejó en la indefensión al personal a su cargo, porque seis días después no se había denunciado la privación de la libertad y la agresión cometida en contra el custodio; ni se ha informado, de manera oficial, que se hubiera sancionado a los implicados en la riña y la agresión contra el custodio. El protocolo marca que por lo menos a los implicados se les gire un acta disciplinaria.
En el Centro de Reinserción Social de Tijuana hay actualmente cuatro mil 485 reclusos, casi 500 personas más privadas de la libertad que en 2020; en ese entonces dormían en cada celda en promedio 14 personas en condiciones de hacinamiento. El penal de La Mesa solo tiene capacidad para dos mil 546 Personas Privadas de la Libertad.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, hay cuatro grupos criminales predominantes: “Los Paisas”, con más del 70 por ciento del control; de ahí le siguen “Los 18”, “Los Norteños” y “Los Sureños”.
¿Y los Derechos Humanos?
Algunos familiares de PPL declararon a este Semanario que sus internos se quejan constantemente de atención médica tardía, fauna nociva (chinches, pulgas, garrapatas, etc.), la reducción de tiempo en el patio, el encarecimiento de la comida, de 50 pesos a 75; y su mala calidad.
Sobre esto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha emitido una serie de recomendaciones que no se han seguido, como la 1/2022, donde se solicita se tome un curso teórico y práctico sobre Estrategias para Reducir el Hacinamiento en las Cárceles.
En la recomendación 2/2022 reportó la falta de campañas de salud oftálmica, dermatológica y sexual para las PPL. En la 3/2022 no se realizó un diagnóstico sobre las tuberías, llaves de agua y regaderas.
En esa misma destaca la falta de realización de un diagnóstico sobre las condiciones actuales del área de mujeres de los Centros Penitenciarios de Tijuana, Mexicali y Ensenada, para que las mujeres privadas de la libertad puedan ejercer la maternidad dentro del establecimiento penitenciario.
La CEDH de Baja California apuntó que de los 60 puntos recomendatorios incluidos en las Recomendaciones 1, 2 y 3 del 2022: 29 se encuentran cumplidos, 19 están en proceso de cumplimiento y 12 no cuentan con informes de cumplimiento.
