Como proyectos que no funcionaron y prestados a la corrupción, fue como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, calificó a los proyectos C5i en los Estados.
Lo anterior fue declarado la tarde de este lunes 17 de octubre, durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Congreso de Baja California, en la que se hizo acompañar de la diputada Rocío Adame y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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Lo interesante es que el proyecto C5i es la inversión insignia del gobierno morenista encabezado por Ávila Olmeda en Baja California, contrato que la mandataria ordenó reservar, ocultar sus pormenores en total opacidad.
“La generalidad es que no han funcionado ¿por qué? Porque se prestaron a la corrupción, so pretexto de que eran modernas inversiones para inteligencia y para coadyuvar en tareas de seguridad pública, se le dieron los contratos a dos o tres en todo el país; hubo un sobreprecio. Hay C5 que ni siquiera tienen instaladas la totalidad de las pantallas o cámaras”.
Dichos argumentos son exactamente los mismos que este mismo año, ha expuesto la titular del poder ejecutivo, para justificar la inversión superior a los mil 200 millones de pesos para la empresa Seguritech Privada, encargada de brindar el servicio de C5i, y que ha sido señalada en varias entidades del país por, brindar servicios a sobreprecio, deficientes y desfasados tecnológicamente.
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Previo a la conferencia de prensa, el secretario de Gobernación utilizó al proyecto C5I de Guanajuato, cómo ejemplo de la ineficiencia, al referir que dicho sistema de videovigilancia no fue capaz de brindar datos sobre los agresores de una masacre en Irapuato.
Tanto en Guanajuato como en Baja California, se contrató a la misma empresa y en condiciones similares.
Pese a ello, López Hernández, dijo que no intervendría en la decisión de la Gobernadora sobre mantener o rescindir el contrato con Seguritech Privada.
Actualmente, Ávila Olmeda no sólo comenzó a pagar por el proyecto C5i a la empresa de Ariel Picker Schartz, por los “servicios” que prestó a la administración de Francisco Vega de Lamadrid, sino que además le otorgó un nuevo contrato, por lo que terminarán pagando -en total- alrededor de 2 mil millones de pesos.
Cabe señalar que ZETA llevó a cabo un reportaje llamado C5i: Simulación, Opacidad y Negocio, donde se precisan detalles del sobreprecio y la venta de equipo obsoleto para brindar el servicio de videovigilancia a la entidad.
El proyecto de la mandataria estatal es mucho más grande que el de “Kiko” Vega, pues pretende instalar más de 4 mil cámaras de vigilancia
Minimiza señalamientos sobre nexos con el CJNG
Augusto López, el funcionario más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre los supuestos nexos de funcionarios de seguridad vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esto como parte de los correos filtrados por el grupo de hackers, Guacamaya, donde se vincula a varios de sus funcionarios cuando dirigió el gobierno de Tabasco.
Apenas esta mañana, el Presidente desestimó las acusaciones y agredió a la prensa, pero no desmintió los señalamientos.
López Hernández, aseveró que son datos falsos y que no le constan a nadie, por lo que se limitó a decir que algunos funcionarios incluso formaron parte del gobierno de Baja California y que no tuvieron mayores problemas.
