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sábado, noviembre 26, 2022
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Persiste opacidad en Corredor Agua Caliente

El director del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete, ha referido que la empresa Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, SA de CV prestará el servicio de transporte público en el Corredor Agua Caliente en Tijuana. Sin embargo, otra empresa ostenta el título de concesión, cuya vigencia concluye en 2046.

A medida que se acerca marzo próximo, fecha en que está planeado iniciar la primera fase de la ruta de 16.6 kilómetros de un carril semi confinado sobre Bulevar Agua Caliente (proyecto con el que el gobierno estatal planea “reordenar” el transporte), sale a la luz el turbio desempeño de uno de los socios de esa empresa y crecen las dudas sobre los motivos del IMOS para respaldar el proyecto.


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Entretanto, el Ayuntamiento de Tijuana sigue sin tener formalmente el proyecto ejecutivo del Corredor Agua Caliente y se desconoce si acaso ya fue concluido. Además, persiste la resistencia de dos grupos de permisionarios de taxis de la ruta Rojo y Negro, quienes reiteran su negativa al considerar que no hay transparencia en el actuar de la autoridad, y que el director del IMOS “hace el trabajo sucio” de la empresa.

Preocupados por su futuro, líderes transportistas claman por que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda los escuche. Reiteradamente lo han solicitado, sin que ésta los haya atendido. “Hacemos un llamado a la gobernadora. No estamos en contra ni de su gobierno, ni de los proyectos para el transporte que beneficien a los usuarios”, pero esto se está haciendo de la forma equivocada.

“Queremos ser escuchados (…) no queremos la historia de terror y sufrimiento” que han vivido las personas de la empresa de transportes ABC que fueron despojadas y a las que no se les ha hecho justicia, dijeron Joaquín Beltrán y Víctor Manuel Sánchez, secretarios generales de los taxis Rojo y Negro Círculo Blanco CTM y de taxis Rojo y Negro CTM, respectivamente.

Afirman que los permisionarios de sus organizaciones están alarmados porque el presidente del Consejo de Administración de Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, que operará el Corredor Agua Caliente (Adolfo Hernández Hurtado), fue acusado de administración fraudulenta.

Hasta el cierre de edición, la autoridad había remolcado ocho vehículos con permisos añejos, aun cuando cuentan con tarjetas de circulación vigente y les han impuesto “multas impagables” de 40 mil a 60 mil pesos, en represalia a la oposición de los transportistas, denunció Sánchez.

Foto: Ramón Tomás Blanco Villalón.- Jorge Alberto Gutierrez Topete.- director IMOS

POR QUÉ DOS EMPRESAS TENDRÁN UNA CONCESIÓN

El 29 de junio de 2016, en la administración del priista Jorge Astiazarán Orcí, se otorgó concesión por 30 años a la empresa Línea de Transportes Urbanos y Suburbanos de Baja California, SA para prestar el servicio de transporte público en 20 rutas por diferentes zonas de Tijuana.

En al menos cinco se consideran trayectos por el Bulevar Agua Caliente en sus diferentes denominaciones, según el título de concesión firmado por funcionarios del XXI Ayuntamiento y por Dolores Araceli Castellanos Martínez, representante legal de la empresa.

En el apartado Sexto De las Prohibiciones -documento al que ZETA tuvo acceso- se establece que “la concesionaria no podrá por sí o por otros arrendar unidades o placas a un tercero o ceder parcial o totalmente los derechos derivados del otorgamiento de la presente concesión.

“En caso de que este acto se lleve sin el consentimiento de la autoridad correspondiente, y el Ayuntamiento a través de la autoridad regulatoria tenga conocimiento de dicho acto y sea comprobado, se procederá a la revocación de la concesión otorgada”.

Pese a ello, Gutiérrez Topete ha afirmado que Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, SA de CV, que opera los camiones Verde y Crema, será la que tenga el Corredor Agua Caliente, lo que implicaría que dos empresas operarán una misma concesión, o bien, que habrá de desaparecer la empresa titular de la concesión para cederle los derechos a la nueva.

En cualquier caso, la autoridad no ha explicado por qué se favorecerá a una empresa que no tiene título de concesión y modificó su objeto y razón social para ajustarlo a lo que se ha delineado, será el Corredor Agua Caliente, meses antes de que éste comience a funcionar.

El abogado Daniel Ruiz de la Peña considera viable que una tercera empresa se quede con la concesión, si todas las partes -incluyendo el Gobierno- así lo acuerdan, aunque eso “dependerá de la formalidad que le dé la autoridad” a dicho proceso.

No obstante, opinó que es ilegal que a los permisionarios, como los de taxis Rojo y Negro, no se les dé audiencia, ya que se “violarían sus derechos constitucionales” al tener permisos vigentes y un interés jurídico y económico, viéndose afectados con la implantación del corredor. Es decir, la autoridad debe incluir a todos aquellos con un interés económico-social.

El escenario “más justo” tanto para el concesionario (camiones verde y crema) como para permisionarios (taxis rojo y negro) que viven de prestar el servicio en el bulevar Agua Caliente es que el gobierno estatal y/o municipal emita una licitación, para que una empresa operar el corredor. Esto con la participación de todos, dándoles la misma audiencia para que compitan por esa ruta de BTR.

CAMBIAN OBJETO Y RAZÓN SOCIAL

El 5 de mayo, Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, SA de CV, que según Gutiérrez Topete operará el Corredor Agua Caliente, modificó su objeto y razón social para hacerlos más acorde al proyecto.

Originalmente, la empresa fue constituida en Tijuana el 19 de febrero de 2013, bajo el nombre Tuzobús, SA de CV, teniendo como principal objeto social el establecimiento y la explotación del servicio de autotransporte público federal autorizado mediante las concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sus socios son Adolfo Hernández Hurtado y Juan Carlos Lamas Arroyo.

DESPOJAN A ACCIONISTAS EN ABC

José Ramírez González y Blanca Esthela Vela, accionistas de las empresas Autobuses de la Baja California, Transportes Ejecutivos Península, Autotransportes Misioneros de la Baja California, narraron que fueron despojados sin que a la fecha la empresa –cuyo consejo de administración presidía Adolfo Hernández Hurtado-, les haya pagado dividendos.

En 1951 se fundó la cooperativa Autotransportes de la Baja California (ABC).

“Nosotros iniciamos como operadores, como secretaria (…) y a lo largo de los años logramos conformar gran número de camiones”, refirieron.

En aquel entonces, Autotransportes de la Baja California se manejaba como hombre camión, con permisos. “Nosotros solo pagábamos un porcentaje de administración y lo demás lo manejábamos cada uno. En el año 2000 se acercan y nos hacen una propuesta, que pasáramos a formar una empresa de primer mundo. Nosotros sí lo creímos, entregamos los autobuses, las propiedades, para que se optimizara para un equipo nuevo”.

En el caso de Ramírez González dio 15 camiones, y el recurso que recibía se redujo de 100 mil pesos mensuales a poco más de 6 mil. Al cabo de un tiempo, expuso, “vemos que no hay equipo nuevo, pedimos rendición de cuentas”, y después de 10 años, “nos dicen que solicitaron un préstamo a un banco canadiense por más de 46 millones, y que la empresa estaba quebrada”.

Posteriormente inició un nuevo Consejo de Administración -presidido por Adolfo Hernández Hurtado-, a quien se informó que por lo menos había un fraude por el crédito canadiense; sin embargo, él mismo propuso depurar la información financiera, pese a que un grupo de diez accionistas ya había presentado una denuncia por administración fraudulenta y el Ministerio Público estaba requiriendo información financiera.

Tras años de litigio, se está a la espera de la resolución de un amparo sobre unas órdenes de aprehensión contra otros implicados. La justicia ha tardado tanto en este caso, que de los diez accionistas que presentaron la demanda, cuatro ya murieron, indicó César del Río Domínguez, abogado de los accionistas.

MARAÑA DE EMPRESAS

Según el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía federal, Dolores Araceli Castellanos Martínez es socia mayoritaria de Línea de Transportes Urbanos y Suburbanos de Baja California, SA, que actualmente tiene la concesión con la que operan las 20 rutas de Verde y Crema, con 161 acciones. Esto, luego de que la empresa Calibus Transportes de Tijuana, SA de CV le pagara por 38 acciones.

Este socio minoritario denominado Calibus Transportes de Tijuana, SA de CV es una empresa que se constituyó el 4 de julio de 2016, teniendo como principal objeto social el establecimiento y la explotación del servicio de autotransporte público federal de pasaje en sus distintas modalidades.

La mayoría de sus acciones (990) corresponden a Transportes BajaBus, SA de CV y en una porción mínima (10) a Juan Carlos Lamas Arroyo, teniendo como presidente del Consejo a Adolfo Hernández Hurtado. Los accionistas de Transportes BajaBus son Miguel Lanzagorta González y Emilio Lanzagorta González.

Además de que Hernández Hurtado es socio de Transporte Masivo Sustentable de Tijuana, SA de CV aparece como socio en las empresas Centauros Coordinados de Hidalgo, SA de CV; Autotransportes Coordinados de Hidalgo, SA de CV; Autotransportes Coordinados Toltecas, SA de CV; RH y Personal Satélite, SA de CV y Productos Vitivinícolas del Valle, SPR de RL de CV. Algunas de esas empresas ya fueron liquidadas.

EMPRESA NO HA DADO LA CARA EN NEGOCIACIÓN

Eligio Valencia Roque, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Baja California, declaró a ZETA que él y Baltazar Gómez, dirigente de CTM Tijuana, habían acordado con el director del IMOS celebrar una reunión con la empresa, dado que Jorge Alberto Gutiérrez Topete no es representante de la compañía que operará el corredor.

Hace tres semanas se suspendió la reunión programada para que Transporte Masivo Sustentable de Tijuana hiciera un planeamiento formal a los permisionarios de Rojo y Negro, pero “hasta ahorita no se han comunicado”, confirmó Valencia Roque, quien considera que no se puede decir qué conviene o no el proyecto, porque no se ha presentado un planteamiento formal.

ZETA solicitó una entrevista con el director del IMOS, quien no la concedió por cuestiones de agenda. También buscó a Dolores Araceli Castellanos Martínez, sin obtener respuesta. En tanto, Adolfo Hernández Hurtado aclaró que no estaba dando entrevistas.

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Autor(a)

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Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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