El 8 de octubre de 2022, presos y familiares de los mismos, alertaron sobre un motín en el Centro de Reinserción Social de Tijuana, popularmente conocido como “La Peni”. Al exterior del penal, la Guardia Nacional hizo presencia y, se supone que al interior, la autoridad pudo controlar la reyerta, por lo que, oficialmente, dijeron se trató de “un intento de motín”.
Nada más alejado de la realidad. Sí hubo motín y fue controlado por el “autogobierno” que controla y rige la vida dentro del Cereso de La Mesa. Custodios asignados a la vigilancia de aquellos privados de la libertad, informaron que son, efectivamente, los internos quienes dirigen los penales, en el caso de “La Peni”, los ocupantes del Edificio 6, autollamados “Los Paisas”.
“Del Edificio 6 salen todas las órdenes, ahí están los más pesados, capitaneados por ‘Los Paisas’, grupo que mantiene el control de los penales en el Estado, secundados por ‘Los Sureños’, quienes les sirven como soldados”, explicó un funcionario de la Comisión Estatal Penitenciaria de Baja California.
Incluso observó que todo lo rigen. O controlan los motines, o dan órdenes a través de “estucas”, como llaman a la mensajería interna que corre entre los pasillos de la prisión en todos los edificios. Se desconoce quién es el líder del autogobierno, a pesar que la comisión y el propio gobierno conocen quiénes están encarcelados en el Edificio 6. La idea de los reos es que no se conozca la identidad del líder para protegerlo, pero cuenta con lugartenientes, administrador y protocolos de acción para mantener el control de los penales.
El motín del 8 de octubre inició cuando los presos del Edificio 1 tomaron el control del mismo, manteniendo cautivo a uno de los guardias de seguridad. Lo que disputan al interior del Cereso es el control de la droga, su distribución y venta. Y a pesar que la autoridad contaba con la fuerza de seguridad suficiente para controlar el motín, lo que ordenaron de la Comisión, fue ceder esa facultad a los líderes del Edificio 6, “Los Paisas”, a quienes dejaron salir de sus rejas para negociar con los presos amotinados del Edificio 1.
Al oficial retenido le quitaron su uniforme, lo vistieron de interno, lo torturaron física y psicológicamente, amenazaron con matarlo, hasta que la negociación entre reos fue exitosa y acordaron el cese de la reyerta.
De todo este impune crimen y motín -dicen los custodios- fueron testigos y cómplices los funcionarios de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, que por cortesía de la gobernadora, encabeza la licenciada María Elena Andrade, quien sobra decirlo, no se para en las prisiones, no tiene comunicación con los custodios y únicamente palomea acuerdos de sus subalternos. Como el comisario Ricardo Julián Lara Cejas, comisario de la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria, y el comandante de la Fuerza de Seguridad y Custodia Penitenciaria, Mario Antonio Meza Flores, de quienes explicaron los custodios:
“Estos mandos son partícipes de lo que se vivió en el motín en La Mesa, donde se hicieron presentes los funcionarios que dirigen estos centros que en algún tiempo eran de los más seguros del país, pero ahora son los más corruptos, liderados por Juan Carlos Buenrostro Molina (subdirector general de Centros Penitenciarios y Centros para Adolescentes), y el director de Centros (de Reinserción Social y Adolescentes), Javier Guadalupe Salas Espinoza”.
La realidad, explicaron, es que estos funcionarios no controlaron nada, fueron los mismos reos, el autogobierno de “La Peni”, quienes pusieron en orden a los privados de la libertad que habitan el Edificio 1.
El Sistema Estatal Penitenciario solía estar en la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hasta que la codicia por el poder imperó en la mente de Amador Rodríguez Lozano, quien a encargo de Jaime Bonilla, elaboró la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado y eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, y para “no darle todo el poder” al futuro fiscal, Guillermo Ruiz Hernández, decidió quedarse con algunas áreas, como la del Sistema Estatal Penitenciario, que terminaron erigiendo como “órgano autónomo”, una comisión que inicialmente entregaron a Salvador Morales Riubí, y posteriormente darían al ex oficial mayor Jesús Núñez, por haber aguantado la renuncia y el caso de los moches en el incipiente bienio del ex gobernador Bonilla, ambos personajes sin experiencia en la procuración de justicia, el Sistema Penitenciario o la administración de penales.
Fue en este periodo, el bienio morenista, que se modificó la forma de “operar” al interior de los penales, el gobierno a través de sus esbirros tomó control de todo, transaron con los alimentos (fue uno de los contratos ofrecidos en los moches del gobierno de Bonilla), con las tienditas de artículos domésticos para los reos, venta de pases especiales de visita, incluso cobro por visitas conyugales o comidas específicas.
Esa situación, informan los custodios, prevalece. Transitó al gobierno actual, pues cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda asumió el Poder Ejecutivo del Estado y resucitó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, olvidó entregarle -de nueva cuenta- el Sistema Estatal Penitenciario. Prefirió mantenerlo como Comisión, e instalar ahí a quien fue su directora de Seguridad Pública cuando ejerció como alcaldesa en Mexicali, la licenciada María Elena Andrade.
Tal decisión no ha tenido buenos resultados. Los penales de Baja California no los controla la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, sino los presos. Andrade no ha dado el ancho, y ciertamente los penales que solían ser un poco más controlados, ahora están desbordados entre la corrupción, la impunidad y el autogobierno.
Los motines seguirán, la disputa por el control de la droga es un pleito que no tiene fin.
