Al menos 101 viviendas del fraccionamiento Puerto Azul, considerada una de las zonas más olvidadas en materia de seguridad y servicios públicos en Ensenada, fueron invadidas hace cinco años por distintas familias.
El núcleo habitacional de la colonia ubicada en la zona noroeste de la ciudad, con dirección a la delegación de Ojos Negros, es donde se concentra la mayor cantidad de viviendas de interés social.
Las casas son diminutas de 30 a 40 metros las cuales se han ofertado a través del Instituto del Fondo Nacional de Viviendas para los Trabajadores (Infonavit), con crédito de hasta 30 años.
Con el paso de los años, miles de casas con estas características han sido abandonadas por sus propietarios originales debido a que los compradores se quedaron sin dinero para seguir pagando las mensualidades.
Este fenómeno ha provocado que algunas familias, a través de líderes, invadan las propiedades con la promesa de que les van a promover los juicios de prescripción para que se queden con el inmueble.
La mañana del lunes 17 de octubre un total de 16 familias de la calle Puerta Plata, fueron desalojadas a la fuerza del fraccionamiento, luego de haber participado en varias audiencias ante un juez.
El desahucio se dio con el apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de la seguridad, ya que la empresa se encargó de sacar los bienes que se encontraban dentro de las casas.
Francisco Carrillo, representante de la empresa OFELOS, explicó que ellos compraron un fideicomiso de los bancos Scotiabank y Santander de 101 casas, que en su momento fueron construidas por la compañía Holmex, misma que quebró y se fue al concurso mercantil.
“El banco se adjudicó esas tres casas y hace tres años nos las vendió en remate. Nosotros sabíamos que estaban invadidas, deterioradas, a final de cuentas sacamos una corrida financiera y ponerlas en el mercado”.
Dijo que hace tres años se les advirtió a las 101 personas, y se les ofreció mudanzas. También les ofrecieron la compra legal a través de Infonavit.
De acuerdo con testimonios de los afectados, hace cinco años ingresaron a las viviendas con la promesa de que una vez dentro no los podían sacar, porque la ley los ampara.
Por ese motivo, según contaron, fue que acondicionaron cada una de las habitaciones, con puertas, pisos y ventanas.
Aseguraron que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, hizo un compromiso de conseguir un pie de casa en caso de que ocurriera el desalojo.
Señalaron que están dispuestos a pagar, pero necesitan que el gobierno les dé facilidades de pago o en su caso acceso a programas para conseguir un terreno habitable.
