Bajo el argumento de un abandono en la infraestructura hídrica que complica el traslado a la Zona Costa, Gobierno de Marina Ávila Olmeda incrementa tarifa y carga el costo a los ciudadanos
Los últimos tres gobiernos de Baja California han visto el agua como un botín para hacerse de más recursos. A algunos les funcionó y a otros no, pero todos encontraron el aumento a la tarifa de agua como solución a sus problemas de flujo.
Un derecho humano al que históricamente se le ha intentado tasar el cobro del servicio, so pretexto de que la infraestructura hídrica se encuentra en condiciones precarias, ha sido la salida fácil para solucionar una situación que tiene 20 años generando estragos en Baja California, pero -ciertamente- gobiernos indolentes que sólo vieron negocio en la atención del recurso hídrico, mantienen a la región en una crisis próxima a ser insostenible.
El martes 25 de octubre, el Congreso del Estado -mediante una propuesta del secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía- aprobó una reforma a la Ley de Ingresos 2022 para modificar la tarifa de agua y crear una nueva sobretasa al cobro del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), con la sesgada verdad de que lo recaudado sería invertido en infraestructura hídrica y seguridad.
El actual gobierno envió apenas una semana antes la iniciativa que el Congreso de Baja California no tuvo problema en aprobar sin necesidad de consensuar o convocar a ciudadanos interesados y especialistas en el tema para determinar en qué medida afectaría el aumento que se generará a usuarios domésticos que consumen más de 15 metros cúbicos de agua al mes, a industrias y al sector comercial.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está jugando con la suerte política, puesto que en los últimos años, el agua ha sido uno de los conflictos más tensos en la sociedad bajacaliforniana. Hay que recordar que la movilización ciudadana derribó una privatizadora “Ley de Aguas” de Francisco Vega de Lamadrid en 2017, y años después, al gigante cervecero Constellation Brands.
Desbordada y sin argumentos sólidos explicados a la ciudadanía, Marina ordenó que los bajacalifornianos paguen más de agua y de ISPT, incluso antes de iniciar 2023, lo que evidentemente es un madruguete a los usuarios.
El problema del agua es aún más complejo que sólo aumentar el precio de la tarifa y “crear conciencia” en la población para ser más responsable en su consumo, pero ¿cómo pedirle a alguien que sea responsable en la colonia 89 o Maneadero de Ensenada, en alguna zona periférica de Tijuana?
El aumento a la tarifa no es una medida que venga a resolver los problemas de agua, porque cada vez hay menos recurso hídrico en BC, puesto que desde 2021 inició una serie de recortes en la disponibilidad del agua proveniente del Río Colorado, debido a las condiciones de sequía que repercuten en el Lago Mead y, que de los mil 850 millones de metros cúbicos de agua que le corresponden a México, para 2023 habrá una reducción de 123 millones de metros cúbicos, lo que corresponde a poco más de lo que consume toda la ciudad de Mexicali.
El cobro del agua no resuelve mucho si no existe una inversión propia de los gobiernos estatal y Federal, aunado a un reordenamiento en los permisos de agua y la distribución de la misma, sin mencionar el combate al “aguachicoleo” que existe, principalmente en el Valle de Mexicali y que nadie parece considerar.
Los gobiernos han visto el recurso hídrico como negocio, no como una necesidad de la sociedad, de salud y hasta de seguridad estatal. Por no dejar pasar, les dejo el nombre de los diputados que vieron por sus intereses de partido por encima de las necesidades sociales:
A favor, 16 votos:
Julio César Vázquez Castillo y Claudia Josefina Agatón, del PT; Araceli Geraldo, Evelyn Sánchez Sánchez, Rocío Adame, Julia Andrea González, Juan Manuel Molina, Víctor Navarro, Manuel Guerrero Luna, Michel Sánchez Allende, Monserrat Murillo López, Ramón Vázquez Valadez y Alejandra Ang, de Morena; César Román Cota y Miguel Peña, sin partido; y César Adrián González, del PVEM.
En contra, 8 votos:
Alejandrina Corral, Diego Echevarría y Amintha Briceño, del PAN; Monserrat Rodríguez y Rosa García Zamarripa, del PES; Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano; Marco Antonio Blásquez, del PT; y Sergio Moctezuma Martínez, de Morena.
