Durante la semana se llevaron a cabo dos audiencias de gran interés público. La primera, contra los policías municipales de Tijuana, Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, quienes presuntamente participaron en la desaparición forzada del comerciante José Alberto Cantero Ramírez, visto por última vez el jueves 1 de septiembre. Veintidós días después de los hechos, a los agentes señalados se les cumplimentó orden de aprehensión. El viernes 23, el Poder Judicial fechó la audiencia inicial de formulación de imputación. En la misma, el juez de Control, Francisco Molina, apercibió a los medios de comunicación que asistieron, horas después la audiencia entró en receso y continuaría al día siguiente; sin embargo, ya no permitió la entrada a otros periodistas interesados en dar cobertura al caso, con el alegato de que individualizó solo a los que entraron a la audiencia inicial. Fue hasta la audiencia de vinculación a proceso cuando de nueva cuenta los comunicadores interesados pudieron darle continuidad al caso. La segunda audiencia fue el miércoles 28, un debate de juicio oral contra Alina Mariel Narciso Tehuaxtle por el homicidio calificado de Luis Rodrigo Juárez Arellano, ocurrido el 12 de diciembre de 2019. Ambos eran policías municipales. La mujer presuntamente cometió el crimen en defensa propia, luego que su pareja la agrediera físicamente y amenazara con matarla. La audiencia era de suma importancia, pero otra vez un juez, de apellidos Aguilar Patiño, aplicó el mismo criterio que el juzgador anterior, al no permitir la entrada a medios de comunicación que no hubieran sido apercibidos. En menos de cinco días, los jueces de Control obstaculizaron a los medios de comunicación en su labor periodística. ¿Será acaso una estrategia por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Fragozo? Es pregunta libre.
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