En Tijuana es sistemática la extorsión y el cobro de piso, en particular contra Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y pequeños comercios de las zonas más populares o marginadas de la ciudad. “Es hora para las autoridades, el empresariado y parte de la sociedad civil organizada, de abrir los ojos frente a la sistematización del cobro de piso y el impacto que tiene en la economía local y en la escalada de la violencia”, concluye el estudio “Extorsión Empresarial y Seguridad Pública en Tijuana. ¿Quién Protege a Quién?”.
A partir de relatos, la investigación -elaborada por México Evalúa, CIPE, Center for US-Mexican Studies y Global Iniatitive- revela ciertas dinámicas de cobro de piso relacionadas con el narcotráfico, pandillas o funcionarios públicos, y cómo el Estado ofrece una protección selectiva en un mercado de seguridad cuyas opciones se amplían o reducen en función de la capacidad económica, social y personal de la víctima.
Afirma que aun cuando interlocutores públicos consultados “han reconocido un problema grave de cobro de piso” en Tijuana, no presentaron un plan que permita atender dicha problemática.
DESDE 400 PESOS
El trabajo etnográfico (basado en entrevistas) identificó que la extorsión y el cobro de piso inicia cuando los perpetradores eligen a la víctima, para lo cual muchas veces se establece una estructura liderada por un jefe que tiene bajo su mando a un individuo al que habitantes de la Zona Este han llamado bandera, cuya función es vigilar físicamente la dinámica del negocio y revisar la estructura de la familia o forma de vivir del dueño y/o encargados en redes sociales, o por la extracción de información de empleados o el dueño.
Esto permite que el jefe tenga una radiografía clara de las ganancias del negocio y establezca un monto de cobro y la frecuencia del mismo, que puede ser desde 400 pesos por semana hasta 3 mil dólares por mes, con pagos iniciales de 5 mil dólares.
En esa estructura también hay individuos denominados cobradores, quienes amenazan y recolectan el dinero de las víctimas, así como los llamados batacas, que ejecutan amenazas ya sea provocando daños materiales a los negocios y/o en contra de la integridad física de la víctima.
Un mismo comercio puede generar varios pagos de piso, pues además de extorsionar al dueño, se les puede cobrar a encargados o empleados. “Aparentemente, el grueso de los pagos se realiza en efectivo; en todo caso, no se recabó evidencia de que los abonos se hagan con transferencias y depósitos bancarios”, indica la investigación.
Sobre los actores de la extorsión y el cobro de piso, el estudio de México Evalúa señala que “según las condiciones de los barrios, el nivel de presencia estatal y de colusión con autoridades, o la voluntad de endurecer el control social y territorial” tanto el Cártel de Sinaloa o Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pueden cobrarlo.
Luego, aparecen individuos o células más pequeñas, capaces de controlar una o un par de calles, cuya protección resulta importante para la población local; finalmente está la presencia de perpetradores “sueltos” que se hacen pasar por miembros de “grandes cárteles” para instaurar miedo y cobrar las cuotas.
Los entrevistados refirieron que en algunos casos el cobro de piso que empieza por llamadas telefónicas que se acompañan, posteriormente, con una visita o el envío de cartas o panfletos que explican lo que buscan y ofrecen.
En otros casos, los perpetradores presentan su oferta con un discurso basado en la protección y el cuidado, para que la víctima continúe su actividad comercial. En caso de establecer el trato extorsión-protección, los pagos y las visitas se hacen periódicos. Incluso la extorsión y el cobro de piso puede conllevar que un negocio se convierta en un punto de venta de drogas.
Por el contrario, de negarse, “abre generalmente un ciclo de daño material o afectación a la vida”. El nivel de violencia puede escalar rápidamente, desde la quema de un negocio hasta un homicidio contra el comerciante o la comunidad que lo rodea, permitiendo así la presión colectiva y sirviendo de lección para habitantes de la colonia.
PROTECCIÓN SELECTIVA
María Teresa Martínez Trujillo, investigadora asociada en México Evalúa, indicó que la Zona Oeste (Río) es de mayor beneficio económico y el cobro de piso no ocurre de manera tan sistemática, aunque no significa que no pase. “Es más esporádica, menos estructurada y en todo caso se comunica menos, está menos a flor de piel. Incluso todavía puedes encontrar testimonios de gente que te diga ‘eso aquí no pasa’”, describió.
Mientras que en la Zona Este -también llamada por sus propios habitantes “La Tijuana olvidada”, por tener carencias de servicios públicos y seguridad-, la extorsión y cobro de piso implican un proceso más generalizado. Ahí hay pequeños comercios, los más expuestos, muchos de ellos dicen: “Si no me ha pasado, estoy esperando a que ocurra”.
En el mapa del estudio se presentan cerca de 40 colonias en las que se cobra piso, como Sánchez Taboada, Zona Norte y Soler.
Martínez Trujillo destacó como un hallazgo de la investigación la protección del Estado selectiva. Refirió el caso de un entrevistado, quien afirmó que en alguna ocasión se acercaron para cobrarle piso, lo comentó con un amigo que tenía un negocio del mismo giro, quien a su vez contactó con un agente de Narcóticos que ofreció la protección de manera selectiva y no como bien público. Por el contrario, en otro caso, una víctima preguntó a un amigo para saber si debería pagar o no, y luego de hacer investigaciones, le dijeron a la víctima que sería mejor pagar.
Ambos casos muestran cómo la protección del Estado sucede en función de cómo se equipare al protector criminal. Si le gana al protector criminal, ofrece esa protección no para todos los ciudadanos, sino para aquellos que se acercan y probablemente pagan. “Entonces no estamos hablando de un Estado absolutamente ausente, estamos hablando de un Estado selectivo”, es decir, la víctima “elige al verdugo”.
En entrevista con ZETA, la también investigadora del Tec de Monterrey estimó que es probable que en la Zona Oeste no existen tales niveles de extorsión como los observados en Zona Este, al tener un mejor oferente de protección que es el Estado, aunque selectivo.
Ante ello, consideró que “existen las condiciones” para que se generalice la extorsión y el cobro de piso siempre que las instituciones “sigan cediendo el espacio en el mercado de protección a grupos específicos, y siempre que la oferta de protección se haga selectiva”.
Por los relatos recabados por el estudio, se observó que víctimas tuvieron que dejar la colonia, la ciudad, con la posibilidad de irse a San Diego, California, sin embargo, “no todo el mundo puede irse a vivir allá”, de modo que eso también depende de la capacidad del agraviado.
Si bien la inflación tiene muchos componentes económicos, un factor que incide es el cobro de piso en lugares donde es sistemática la problemática, porque el delito es de largo plazo, “las víctimas tienen que subirle a sus productos, para que de alguna forma capte el costo que significa pagar piso”.
DENUNCIAS POR EXTORSIÓN
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el 27 de julio de 2022, Tijuana registraba 37 de denuncias por extorsiones por cobro de piso contra negocios o empresarios en Tijuana, a razón de 6.1 por mes. De continuar la tendencia, en noviembre y diciembre se tendrían 72, una cifra más alta a la registrada en 2021, cuando se presentaron 39.
Para Martínez Trujillo, el bajo nivel de denuncia no refleja lo que sucede en los hechos, puesto que la extorsión y el cobro de piso son delitos con menos denuncias, debido a que “hay desconfianza y miedo, y porque tienes que decirle a la autoridad que tienes una relación de largo plazo con un predador”, citó.
“Cuando vemos autoridades u organizaciones que dicen ‘hay que promover la denuncia’, uno de mis planteamientos es que la denuncia en ese delito solamente tiene sentido si activa de manera inmediata y contundente una protección alternativa, de otra manera es una sentencia de muerte para las personas”.
En entrevista, Gina Villalobos, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) Tijuana, comentó que la extorsión está ocurriendo en Tijuana, pero “hay una negación por parte del comerciante” no sólo a denunciar, sino a ofrecer información, a razón de que “la percepción es que la amenaza es real y puede materializarse, entonces, todo lo que sabemos, lo sabemos por pláticas fuera de récord”.
Ante el nivel de impunidad, la extorsión es generalizada y puede darse en cualquier negocio y en cualquier parte de la ciudad, incluso comercios informales, no sólo por grupos criminales, sino hasta por el delincuente común, expresó a título personal.
“Es tan alto el nivel de impunidad que cualquiera puede llegar a querer extorsionar, no va a pasar nada, él sabe que no lo vas a denunciar, o sea, no necesita una estructura ni ser un grupo organizado, ni el que siembre el mayor terror”, ya que “hay un ambiente de tensión, de miedo, de zozobra” ante el clima de violencia de la ciudad.
En cuanto a denuncias, Villalobos consideró que no se puede exigir a la víctima que denuncie, cuando faltan medidas de seguridad. Agregó que la investigación de México Evalúa “ha sido un esfuerzo muy importante”, confidencial y muy meticuloso.
No obstante, lamentó que no se les haya apoyado más por el hermetismo del empresariado.
Por su parte, Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, dijo que el tema de la extorsión y cobro de piso “es preocupante” y pugnó porque el Gobierno del Estado cree campañas de concientización y de confianza para incentivar las denuncias, ya que la gente desconfía de las autoridades. Para ello también es necesario disminuir la impunidad.
LOS PENDIENTES DEL ESTUDIO
De acuerdo con Martínez Trujillo, un pendiente del estudio es “medir de maneras mucho más rigurosas y creativas este delito, generar más evidencia local”. Subrayó que el estudio es cualitativo, por lo que no se puede dimensionar cuántos casos hay, “porque no necesariamente es representativo”, concluyó la investigadora.
