El primer año de gobierno de los cinco ediles bajacalifornianos, destaca por los conflictos políticos, la ausencia de una buena administración de los recursos y el incremento en homicidios
El sábado 1 de octubre, los cinco presidentes municipales de Baja California cumplen su primer año de gestión. Todos conforman la segunda camada de morenistas al frente de las cinco ciudades del Estado, de los cuales dos (Ensenada y Rosarito) están cumpliendo su segundo periodo al frente de la administración.
Los municipios de San Felipe y San Quintín, estarían cumpliendo años a partir del primero de enero, pero desde ahora deben presentar sus informes de labores.
Es la primera vez que existen siete gobiernos en Baja California, todos identificados como morenistas, o al menos afines al partido hegemónico en México.
También es cierto que durante 2022 se ha vivido una inflación histórica, además de ubicar a varias de las ciudades dentro de las más violentas de México.
Pese a ello, la visión de la mayoría de los presidentes municipales se ha focalizado más en atacar y defenderse de conflictos políticos, por encima de las necesidades sociales de sus representados.
Es increíble pensar que la agenda política sea una prioridad cuando se tiene una entidad con 2 mil 011 asesinatos cometidos en sólo un año, presumiendo una reducción en comparación con 2021, pero cuyas cifras siguen ubicando BC -sobre todo a Tijuana- como uno de los sitios más violentos del país.
El conflicto se veía venir desde que eran alcaldes electos, cuando en una imagen hecha pública mediante redes sociales, Armando Ayala Robles (Ensenada), Montserrat Caballero Ramírez (Tijuana), Araceli Brown Figueredo (Rosarito) y Darío Benítez (Tecate), sostuvieron una reunión de trabajo en la que relegaron a Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, único alfil de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en los municipios.
Desde ese momento, el juego político ha sido prioridad para los alcaldes, quienes -varios de ellos- se asumen bonillistas, creando un frente común contra Marina del Pilar y sus allegados.
Mientras que Caballero Ramírez y Ávila Olmeda se han enfrascado en una batalla política que busca desestabilizar cualquier proyecto que se pretenda implementar por su contraparte, los alcaldes de Ensenada y Mexicali, tienen un jaloneo con sus cabildos, a los que no han podido “controlar” y que carecen de un trabajo en beneficio de la sociedad.
Brown Figueredo y Benítez cargan con sus propias agendas que parecen simplemente moverse a su conveniencia, puesto que saltan de lado a lado con base en sus intereses.
Mientras tanto, San Felipe (dirigido por José Luis Dagnino) y San Quintín (Jorge López Padilla) tienen una evidente dependencia al Gobierno del Estado, al menos en tanto no sea definida su presidencia municipal hasta 2024. Sin embargo, en el caso del primero es evidente la severa crisis de seguridad que se vive y la poca capacidad de respuesta que tiene ante la violencia. Mientras San Quintín ya fue requerido para establecer políticas públicas para garantizar la protección a la mujer.
Hoy, los presidentes municipales parecen tener un mayor interés en lo que ocurre de cara a 2024 que en lo que sucede en el año en curso, pese a que Baja California atraviesa crisis por todos lados, desde escasez de agua en Ensenada, Tijuana y San Quintín; falta de energía eléctrica en Mexicali; hasta la cifra de inflación que supera el 9% y, evidentemente, la crisis de inseguridad que viene arrastrándose desde los últimos cinco años.
Por primera vez en la historia, los problemas son tan grandes y, los encargados de dirigir las ciudades, tan pequeños.
