Los agentes de la extinta Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) Salvador Zepeda Solano, Jesús Alberto Castañeda Noria y Leonardo Ornelas, fueron absueltos de las acusaciones de secuestro agravado, en contra de un empresario mexicalense, luego de dos años de permanecer recluidos dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mexicali.
El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento y durante una prolongada audiencia celebrada la tarde del jueves 13 de octubre, se determinó que no había elementos suficientes para responsabilizar a los tres elementos del caso.
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A estos tres elementos se le suman las otras dos determinaciones de los agentes Carlo Humberto Herrero y Saúl Cruz, quienes litigaron mediante diversos esquemas con otros abogados particulares, logrando su absolución mediante otro juicio y una demanda de amparo, respectivamente.
El primero mencionado, incluso, se reincorporó a la corporación estatal donde se desempeña de manera regular.
Respecto al caso de Zepeda Lozano, Castañeda Noria y Ornelas, trascendió que fueron liberados durante las primeras horas del viernes, luego de permanecer dos años recluidos; el abogado Guadalupe Vásquez, no logró demostrar que los agentes no estuvieron involucrados hasta mucho tiempo después, a diferencia de los otros dos casos que se resolvieron mucho antes y que fueron atendidos por otros juristas que plantearon una estrategia más eficiente.
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El caso se retrasó, en gran medida, por las omisiones del Juez y del Ministerio Público, al no notificar a la víctima sobre la audiencia en la que pretendían absolver a los acusados; así, durante varios meses, el caso se fue postergando.
Familiares de los policías los recibieron a las afueras del penal, ya como personas totalmente absueltas, toda vez que la única evidencia que se tuvo en su contra fue una nota escrita en puño y letra de forma anónima, donde se señalaba a los implicados como responsables.
En noviembre del 2020 se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los tres elementos, donde los ministerios públicos Guillermo Pérez y Luis Alberto Machado -hoy Fiscal Especializado en materia de secuestro- presentaron evidencia del reconocimiento facial y la nota arriba mencionada, como evidencia en contra de los implicados.
En la primera audiencia se logró desacreditar el reconocimiento facial en el que participaron 40 elementos policíacos, toda vez que no se cumplió con el protocolo, e incluso, hubo sospechas de manipulación de la víctima para señalar a ciertos implicados.
Según la hipótesis del hecho de la FGE, el grupo de policías secuestradores iban encapuchados y armados, a bordo de dos vehículos, un pick up y un automóvil sedán, en el que marcaron el alto a la víctima que circulaba a bordo de un pick up GMC Sierra, modelo reciente.
Los uniformados -quienes según la víctima tenían “acento chilango”- comenzaron a cuestionarlo sobre su actividad, para luego obligarlo a descender del vehículo y revisarlo. En ese momento le hurtaron más de 120 mil pesos y 3 mil dólares en efectivo.
En el testimonio dijo que lo obligaron a regresar a su rancho donde le exigieron más dinero, por lo que su esposa tomó algo de efectivo que tenía a su resguardo y lo entregó. Al no ser suficiente para los secuestradores, exigieron que pidiera dinero a sus familiares, por lo que llamaron a una persona en Tijuana, quien les entregó 100 mil pesos, a otros uniformados en el “Mundo Divertido” de aquella comunidad.
El crimen se concretó, la víctima fue liberada y un mes después interpuso una denuncia ante la FGE por el delito de secuestro, luego de que apareció una nota escrita con puño y letra en su rancho.
A partir de ese momento inició el proceso judicial que se desmoronó después de pasada la administración de Guillermo Ruiz Hernández, como fiscal del Estado; Hiram Sánchez Zamora, fiscal central; y Carlos Alberto Flores, Comisionado de Seguridad, quienes impulsaron la detención y procesamiento de dichos elementos.
