Jorge Guillermo García Suárez Campos, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, absolvió a José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, de la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
Dicha sentencia no es definitiva, porque la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelarla ante un Tribunal Unitario de Circuito. Asimismo, el ex alcalde permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, porque tiene otros tres procesos en curso.
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Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero. Un tercer juicio fue iniciado a Abarca por el delito de homicidio, ya que le atribuyen los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
El 8 de diciembre del 2020, de forma unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dejaron sin efecto el auto de formal prisión dictado contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, quien fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Asimismo, los magistrados del tribunal federal ordenaron al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, abrir un nuevo plazo constitucional, en el que llevara a cabo nuevamente la diligencia para tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez.
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La sentencia de amparo también ordenaba que se le hiceran saber todos los derechos de que gozaba Abarca Velázquez, y que de manera clara y precisa, se le informara respecto a la naturaleza y causa de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, así como las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas.
Además, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ordenaron al juez, asentar de manera clara y detallada dichas circunstancias en el acta respectiva, lo cual incluía los nombres de las personas que atestiguaron en su contra, así como de las pruebas en que ello se basaba.
“Deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaboradores con nombre clave ‘Mateo’ y ‘X’, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada”, ordenó el tribunal federal, respecto a Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande” y Eynar Rodrigo Lozano Mendoza.
El 24 de agosto del 2020, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez -ex acalde de Iguala, Guerrero- para dejar sin efectos el auto de formal prisión en el proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se sigue en su contra.
Con dicha resolución, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, debería tomar una nueva declaración preparatoria a la procesada y, a partir de este trámite, considerar qué elementos existían para poder determinar la situación jurídica de Pineda Villa, quien, sin embargo, no recuperaría su libertad.
Además, en el amparo otorgado por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, se ordenaba que se revelaran los nombres de los testigos protegidos que declararon contra Pineda Villa y que se exhiban las pruebas que existían en su contra, así como los hechos concretos que se le atribuían, para que pudiera defenderse de los mismos.
Por dicho motivo debía quedar sin efecto el auto dictado el 11 de marzo de 2019 dentro de la causa penal 12/2017. Los nombres y datos de identificación que ordenó revelar el Tribunal, son los de los testigos colaboradores con nombres claves Mateo (Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza).
“Requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente, tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa”, indicaba el fallo de los magistrados federales.
El Tribunal puntualizó que todo lo ordenado en su sentencia debía realizarse de acuerdo con diversos numerales de la Constitución, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“De manera clara y precisa, le informe sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, es decir, su denominación y previsión legal, mediante la precisión de los consecuentes hechos materia de la misma, las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas, asentando de manera clara y detallada esas circunstancias en el acta respectiva materia de la misma, lo cual incluye los nombres de las personas que deponen en su contra, así como de las pruebas en que ello se basa”, establecía la sentencia.
Abarca Velázquez fungía como alcalde de Iguala, Guerrero, cuando el 26 de septiembre del 2014, ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) les imputó cargos por delincuencia organizada, al involucrarlos con el grupo criminal de Guerreros Unidos y de haber colaborado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La entonces PGR, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, aseguró, en su momento, que Felipe Flores Velázquez, en esas fechas titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala -detenido y vinculado a proceso a finales de octubre del 2016- recibió una orden directa de su primo, el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, de evitar que los normalistas llegara a la plaza principal del municipio, donde su esposa, María de Los Ángeles Pineda Villa, rendía su informe como presidenta del DIF municipal.
Según testimonios y evidencias obtenidas por la entonces PGR, fue Flores Velázquez -en la actualidad preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, de Almoloya de Juárez, Estado de México– quien ordenó a los policías municipales de Iguala secuestrar y entregar al grupo Guerreros Unidos a los normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se señalaba que Flores Velásquez mantuvo comunicación con la Policía Federal (PF) entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
La entonces versión oficial, cuestionada por los padres de los normalistas, indicaba que el ex mando policíaco habría pedido apoyo la noche del 26 de septiembre del 2014 a César Nava González, ex subdirector de seguridad pública de Cocula, para trasladar a un grupo al sitio conocido como Lomas de Coyote, donde fueron recibidos por integrantes de los Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron e incineraron a los estudiantes.
Sin embargo los especialistas de la CIDH aseguraron en su informe, que no existen pruebas científicas de que los 43 estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, sitio donde dijo la entonces Procuraduría General de la República, se dio “la verdad histórica”.
Además de ser primo del entonces alcalde, el ex jefe policíaco era el enlace principal entre éste, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y los mandos del cártel de los Guerreros unidos, y conoció de primera mano lo que sucedió la noche del 26 de septiembre, ya que recibió las órdenes que dio Abarca Velázquez.
El ex titular de la Seguridad Pública de Iguala declaró ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero el día 27 de septiembre del 2014, fecha en la que prácticamente todos los elementos de la corporación municipal bajo su mando ya habían sido detenidos.
En sus declaraciones ante el Ministerio Público local, Flores Velázquez inicialmente afirmó no haberse dado cuenta de nada sobre hechos de violencia, y que incluso, en lo que habría sido la primera agresión contra los normalistas en inmediaciones del palacio municipal, se asomó porque creyó escuchar disparos de arma de fuego, pero tras comprobar que no pasaba nada, regresó a su oficina.
Sin embargo, luego modificó su dicho y señaló que tuvo reportes del C-4 de que en el centro de Iguala se estaban registrando algunos hechos de violencia, los cuales le eran reportados por su subdirector operativo Francisco Salgado Valladares y el encargado de radio de la corporación.
La declaración de Flores Velázquez sirvió a la entonces PGR para acreditar que el entonces alcalde mintió, cuando en entrevistas con medios de comunicación afirmó no haber estado enterado de nada de lo sucedido en su municipio la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El ex alcalde afirmó antes haber estado en el informe de su esposa, luego haber bailado un rato y, tras ir a cenar con su familia, haber dormido sin que nadie le reportara nada. Pero mintió, según la versión de su primo y ex jefe policíaco municipal.
Según la PGR, los Guerreros Unidos entregaban de manera periódica (semanal o mensual), entre dos y tres millones de pesos a las autoridades municipales de Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, ya que con ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
Las autoridades también relacionan a Flores Velázquez como testigo presencial del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, cometido por el propio alcalde de Iguala, tal como lo señala en una declaración notariada Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes del secuestro realizado 30 de mayo de 2013.
ESPOSA DEL ALCALDE ERA OPERADORA FINANCIERA DE LOS GUERREROS UNIDOS
El Ministerio Público de la Federación señaló a Pineda Villa -quien se encuentra detenida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, “El Rincón”, en Tepic, Nayarit-, como miembro de la organización criminal Guerreros Unidos desde 2005, cuya participación era la de brindar protección y financiamiento al grupo, a través de transacciones con dinero procedente de actividades ilícitas.
El señalamiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue justificado únicamente con las declaraciones de ingresos que Pineda Villa realizó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que entre 2009 y 2011 se acreditó un diferendo de ingresos no comprobables de 3 millones 286 mil 641 pesos; mientras que entre 2009 y 2014, hizo depósitos bancarios por 13 millones 722 mil 849 pesos en cuatro cuentas de diversas instituciones crediticias.
GOBIERNO DE AMLO ACUSÓ A JOSÉ LUIS ABARCA DE HABER ORDENADO SECUESTRAR A NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
El 26 de agosto del 2022, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y presidente la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJ), presentó un informe en el Palacio Nacional, en el que concluye que el ex alcalde ordenó la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 de septiembre del 2014.
Durante la conferencia de prensa de ese día, Encinas Rodríguez mostró un “Análisis de vínculos a partir de mensajes” en el que Abarca Velázquez es identificado como “A1”, clave utilizada para identificar a quien instruyó el ataque contra los estudiantes y, también, la recuperación de la droga que iba en uno de los autobuses.
“¿Quién dio la orden?”, le preguntó un periodista al funcionario federal. “Estamos diciendo quiénes dieron la orden: A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades que es lo que forma parte de la investigación”, respondió Encinas Rodríguez.
Las gráficas presentadas detallaban nombres integrantes del cártel, policías, militares y autoridades civiles involucrados en el crimen. Según el diagrama, Abarca Velázquez se coordinaba con el capitán José Martínez Crespo, integrante del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con base en Iguala.
El militar, a su vez, se coordinaba con David H. Cruz, alias “Chino”, identificado como bombero y jefe de comunicaciones, pero también como sicario del cártel Guerreros Unidos. En otro cuadro comparativo, que confrontaba la denominada “Verdad histórica” dicha por Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extitna Procuraduría General de la República (PGR)- y la nueva investigación de la CVAJ, se advierte que “A1”, Abarca Velázquez es quien ordenó privar matar a los normalistas.
“A1 y los líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles un escarmiento ejemplar”, citaba el cuadro. Además, en el informe completo se señalaba: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’ A1 seguramente ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado ‘mátalos a todos, Iguala es mío'”.
Según la investigación que inició la ahora extinta Procuraduría General de la República, Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ordenaron el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no “sabotearan” el informe de labores de la mujer, quien era presidenta del DIF Municipal.
Además, la llamada “verdad histórica” impulsada por la PGR en la pasada administración, indicaba que Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, fue quien informó, a través de un mensaje celular, al líder de la citada agrupación criminal, Sidronio Casarrubias Salgado, el conflicto que se había suscitado en Iguala, con la llegada de normalistas a bordo de varios autobuses.
López Astudillo atribuyó los actos al grupo de Los Rojos, motivo por el cual Casarrubias Salgado creyó que se trataba de sicarios enemigos y aprobó las acciones para defender su territorio. Eso propició que se llevaran a los normalistas al municipio de Cocula, donde fueron asesinados. El 8 de diciembre del 2014, Murillo Karam, dio a conocer un mensaje de texto en el supuestamente “El Gil” avisó al líder de Guerreros Unidos lo siguiente: “nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, refiriéndose al Río San Juan.
