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miércoles, octubre 5, 2022
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Murillo Karam es trasladado del Reclusorio Norte al Hospital Balbuena; le realizaron tomografía



Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), fue trasladado en una ambulancia, el 1 de septiembre del 2022, del Reclusorio Preventivo Varonil Norte Benito Juárez, al Hospital General Balbuena -ubicado en la colonia Aeronáutica Militar, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México-, para que le realizaran una tomografía del tórax, con motivo de su padecimiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El ex gobernador de Hidalgo tiena un precario estado de salud, porque padece hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia vascular cerebral, además de que tiene 74 años de edad. Dos horas después, el ex funcionario federal regresó al Reclusorio, ubicado en la colonia Cuautepec Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la capital de la República, donde permanece bajo prisión preventiva justificada, desde el 20 de agosto del 2022.

Personal de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México, trasladó al ex titular de la ahora exinta PGR -durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto-, quien portaba el uniforme color beige de procesado, una gorra del mismo color, un chaleco antibalas color negro y un cubrebocas color azul.

MURILLO KARAM INVENTÓ LA ‘VERDAD HISTÓRICA’ DEL CASO AYOTZINAPA, ACUSA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 25 de agosto del 2022. que Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), inventó la llamada “verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

“Lo de Murillo Karam pues es totalmente otra cosa, es opuesto, era el procurador, suceden estos hechos lamentables y él inventa pues lo sucedido. Y algo muy grave porque estamos hablando de la desaparición, el asesinato de 43 jóvenes”, señaló el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.

“Eso también es una lección, eso ayuda mucho a la no repetición, a terminar con la impunidad. Y ayer lo vimos, el comportamiento de los medios de información, todos de vergüenza”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

MURILLO KARAM PERMANECERÁ 90 DÍAS MÁS EN EL RECLUSORIO NORTE, ANTE SUPUESTO RIESGO DE FUGA

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, determinó, el 24 de agosto del 2022, que Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), deberá permanecer, otros 90 días en prisión, ante el riesgo de fuga.

Durante la audiencia de vinculación a proceso -que duró 12 horas-, el juez de control estimó que no habían variado las condiciones de su determinación del 20 de agosto del 2022, cuando impuso dicha medida cautelar durante la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica del ex gobernador de Hidalgo.

La defensa de Murillo Karam presentó a un testigo experto en medidas cautelares, quien mencionó varios elementos de “estabilidad” que no implicarían un riesgo de fuga, incluida la “buena fama pública” del ex titular de la ahora extinta PGR y el ser una “persona hogareña”.

El experto propuso al juez de control otras medidas cautelares para Murillo Karam, como la firma periódica, entrega de pasaporte y visa, así como prohibición de salir del país y portar un localizador electrónico durante el arraigo domiciliario. Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por Fuerte Tapia, al poner en duda la “imparcialidad” del testigo, quien conoce al ex titular de la PGR desde 2010 e incluso trabajó para él en “algunos proyectos”.

El juzgador reiteró que, debido a la trascendencia de la investigación por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, así como el perfil de “alta importancia” del ex funcionario federal, Murillo Karam debía permanecer en prisión.

Fuerte Tapia reiteró que el inculpado ha ocupado “los más altos cargos” en el país, incluido, gobernador, senador, diputado, titular de la PGR y secretario de Estado. Por otra parte, el juez también decretó tres meses para el cierre del plazo de la investigación complementaria, aunque los agnetes del Ministerio Público de la Federación (MPF) habían solicitado seis.

Alrededor de las 21:13 horas del 24 de agosto del 2022, casi al cierre de la audiencia, la madre de uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos solicitó la palabra -en una sala contigua para testigos protegidos y con la voz distorsionada-, para preguntarle a Murilllo Karam “que nos diga en dónde están nuestros hijos, en donde los dejó”. Sin embargo, el ex titular de la PGR prefirió guardar silencio y se retiró molesto.

MURILLO KARAM ES VINCULADO A PROCESO POR TRES DELITOS RELACIONADOS AL CASO AYOTZINAPA

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso, el 24 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

En el caso de la desaparición forzada, el delito fue reclasificado con base en el Código Penal Federal, por lo que Murillo Karam podría alcanzar penas que irían desde los 15 hasta los 60 de prisión, en caso de ser encontrado culpable de todos los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa. Además, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual, el también ex gobernador de Hidalgo continuará privado de la libertad durante su proceso penal.

El político hidalguense, de 74 años de edad, está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, por lo que a la audiencia del 24 de agosto del 2022 -que duró 12 horas-, llegó vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos. Asimismo, Murillo Karam portaba un cubrebocas color negro, pero con la nariz descubierta.

La FGR sostuvo que Murillo Karam “sí tenía conocimiento” de los actos de tortura que se cometieron durante la investigación por el caso de Ayotzinapa. Durante la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) remitieron a su alto cargo y, por ende, al tipo de información que tenía acceso.

Los representantes de la FGR también se refirieron a la diligencia, que calificaron de ilegal, en la que Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, fue sacado de los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para llevarlo al río San Juan, en el municipio de Cocula, en Guerrero, donde hallaron dos bolsas con restos humanos que después se confirmó que uno pertenecía al normalista Alexander Venancio Mora.

“Me cuesta trabajo creer que el justiciable [Murillo Karam] no sabía que lo sacarían de los separos”, cuestionó un agente del Ministerio Público de la Federación durante la audiencia. Por su parte, la asesora jurídica de los torturados, Daniela Aguirre Luna, incluso cuestionó que, el político hidalguense, abogado de profesión, no se cuestionara la “legalidad” de los videos en los que los presuntos involucrados aparecen confesando su participación en los hechos.

NADIE HA PODIDO “TIRAR” LA “VERDAD HISTÓRICA” DE AYOTZINAPA, DICE MURILLO KARAM AL JUEZ

Al culminar el debate, entre su defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam tomó el micrófono, el 24 de agosto del 2022, para expresar que, a pesar de las distintas investigaciones e intervenciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ninguno ha podido “tirar” la llamada “verdad histórica”.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, lleva a cabo, el 24 de agosto del 2022, la audiencia para determinar si vincula o no a proceso a Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

El político hidalguense, de 74 años de edad, está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, por lo que a la audiencia del 24 de agosto del 2022, llegó vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos. Asimismo, Murillo Karam portaba un cubrebocas color negro, pero con la nariz descubierta.

“Me puedo sentir orgulloso, que yo pedí la intervención […] Estos grupos participaron en todo momento en la investigación [del caso Ayotzinapa], fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a [los laboratorios de la Universidad de] Innsbruck [en Austria], y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas. Y han inventado muchas cosas y todas se caen”, expresó el también ex gobernador de Hidalgo.

Por otra parte, Murillo Karam aseveró que fueron los expertos internacionales quienes escogieron los lugares donde se hicieron las diligencias, como el río San Juan y el basurero del municipio de Cocula, en Guerrero. “Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas, y aceptar que muchas cosas se hicieron mal e, incluso, lo pude haber hecho mejor, pero ninguno la ha podido tirar [la ‘verdad histórica’]”, admitió el ex titular de la ahora extitnta PGR.

Durante la audiencia, la defensa del ex titular de la ahora extinta PGR, pidió al juez de la causa declarar prescrito el delito de tortura desde el 27 de octubre de 2017 y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada, los cuales le imputan a Murillo Karam, junto con delitos contra la administración de la justicia.

Los abogados José Xavier López García, Antonio López Ramírez y Elba Marina Vázquez Mendoza también solicitaron invalidar como pruebas las ruedas de prensa que rindió el ex titular de la Procuraduría General de la República, relacionadas con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Los litigantes expusieron que aceptar como pruebas las conferencias del 6 y 27 de octubre, así como 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero del 2015, violan su derecho a la no auto incriminación.

Durante la diligencia, el juez Fuerte Tapia se molestó que el abogado defensor Antonio López Ramírez leyó una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que refiere que un juzgador incurre en “notoria ineptitud”, cuando no aplica la norma adecuada en un delito.

“Usted debe moderar su actitud porque ha estado faltando al respeto al aducir argumentos contrarios a mis resoluciones, invocando esa tesis de manera tergiversada, levantando la voz. Lo apercibo de que si sigue con esa actitud lo voy a expulsar de la sala. Debe moderar su intervención, este no es un debate ni una charla, yo soy el moderador y está usted ante un juez”, reprendió Fuerte Tapia al litigante.

MURILLO KARAM DEBE SEÑALAR QUIÉN LE DIO LA ORDEN DE OCULTAR DATOS DE AYOTZINAPA, PIDE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 24 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalar quién le dio la orden de ocultar datos de la investigación de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño urgió a los jueces que analizarán la situación jurídica de Murillo Karam, escuchar la “opinión de todos”. Asimismo, afirmó que el ex titular de la ahora extinta PGR podría acogerse al criterio de oportunidad, en el ánimo de que se conozca la verdad.

“Y, por tu pregunta, los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen […] Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-

“Todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son Ministerios Públicos tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico Estado de Derecho y no de chueco, como se vivía antes […] Todos, todos, sí, todos [podrían acogerse al criterio de oportunidad]”, enfatizó el mandatario nacional.

JUEZ ORDENA GARANTIZAR LA VIDA Y SALUD DE JESÚS MURILLO KARAM, EX TITULAR DE LA PGR

Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite, el 22 de agosto del 2022, la demanda de garantías promovida por Rosa Azucena Vargas Hernández a nombre de Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- para que no permanezca incomunicado, reciba la atención médica necesaria, además de que se garantice su integridad física y su vida mientras permanezca en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador puntualizó que Luís Ángel Hernández Salas, director del penal capitalino, está obligado a evitar “cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como su vida”, garantizando las condiciones de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios al también ex gobernador de Hidalgo.

Asimismo, según lo determinó González García, la autoridad penitenciaria tiene que garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica de Murillo Karam, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).

El juez también le hizo saber a la autoridad que deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos de Murillo Karam, además prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que el responsable estime conveniente, atendiendo a la emergencia sanitaria.

JUEZ IMPONE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA A MURILLO KARAM

A solicitud de la FGR, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, impuso, el 20 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, prisión preventiva justificada durante las 144 horas de la duplicidad del término constitucional solicitada para que se resolviera la situación jurídica del ex titular de la PGR, quien pemanecería en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, hasta el día 24 del mismo mes y del presente año, cuando se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal.

“Ya se derrotó la presunción de inocencia”, dijo Murillo Karam tras el veredicto del juez, quien a su vez le pidió al ex titular de la PGR dirigirse a él con respeto. Fuerte Tapia concluyó que la prisión preventiva justificada es la medida cautelar idónea para el también ex gobernador de Hidalgo, porque existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.

El juzgador consideró que, conforme lo expuso la FGR, Murillo carece de arraigo, cuenta con los recursos económicos suficientes, las redes de apoyo y amistades necesarias, que le pueden facilitar la huida. Pero, además, Fuerte Tapia tomó en cuenta los altos cargos que ha desempeñado en el servicio público y el tipo de investigación en la cual se le implica, donde hay delitos violentos.

“No se puede dejar de observar la trascendencia de la investigación, el caso de los 43 estudiantes es una investigación de gran importancia por lo menos a nivel nacional, es una investigación de primer nivel […] Un segundo tema es el perfil del justiciable, ha ocupado uno de los más altos cargos en la República Mexicana como lo es el de Procurador General de la República […] Si una persona tiene esos cargos de primer nivel a lo largo de su vida laboral […] es posible que pueda contar con una red de apoyo y amistades”, afirmó el juez.

Fuerte Tapia insistió que sí existe duda del arraigo de Murillo Karam, porque tiene al menos cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, además tiene registros de vuelos privados al extranjero durante el 2017. Por las mismas razones también rechazó conceder al ex titular de la PGR, la prisión domiciliaria, ya que en términos de la investigación en curso, dicha medida tampoco garantizaba la continuación del procedimiento penal.

Asimismo, el juez descartó en principio que los padecimientos de salud y la edad del ex funcionario federal fueran suficientes para imponerle una medida cautelar distinta. Además, recordó que conforme a la información proporcionada por la FGR, entre 2013 y 2015, Murillo Karam registró un patrimonio de 85 millones de pesos.

“Hay la presunción de que pueda tener algún tipo de acceso a este patrimonio y tener la facilidad de evadirse de la justicia. Y si a eso se agrega que son delitos de violencia, que no es una apreciación subjetiva, podría incidir en el riesgo de fuga”, expuso el juzgador, quien agregó que la alta penalidad que pudieran imponerle a Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, sólo era un dato más que no podía tomar como definitorio.

Aunado a lo anterior, Fuerte Tapia señaló que lo inclinaba a dejar a Murillo Karam interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, es que su defensa sólo le ofreció planteamientos argumentativos y algunos de ellos eran subjetivos, sin datos de prueba concretos. Finalmente, el juez de Control aceptó lo dicho por el Ministerio Público de la Federación, de que este proceso sí “afecta el derecho a la verdad” para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Si [Murillo Karam] sale por propio pie equivaldría a que no lo volviéramos a ver […] y se les estaría negando el llegar a la verdad y saber qué pasó con sus hijos”, subrayó durante la audiencia, la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante Vargas.

FGR ACUSA A MURILLO KARAM DE ORGANIZAR CÓNCLAVE PARA FRAGUAR “VERDAD HISTÓRICA”

El 20 de agosto del 2022, la FGR afirmó que Jesús Murillo Karam -entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- organizó un cónclave con siete funcionarios de alto nivel para fraguar la llamada “verdad histórica” respecto a Ayotzinapa y que en dicha reunión participó Omar Hamid García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.

Durante la audiencia que presidió Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en la que la FGR imputó al ex titular de la PGR por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano —quien se desempeñaba como secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— se apegó a un criterio de oportunidad. Es decir, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.

La funcionaria dio lectura a parte de la declaración ministerial de Cano Muñozcano, en la que menciona el encuentro al que asistieron Murillo Karam; Zerón de Lucio; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; y, García Harfuch.

Según la misma declaración del testigo colaborador de la FGR, el cónclave de alto nivel se realizó de manera normal, sin embargo, cuando llegó Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, la mayoría de funcionarios se retiró del lugar y solo se quedaron los mandos. Asimismo, pese a que Cano Muñozcano refirió que no se planearon ilícitos en dicha reunión, Bustamante Vargas afirmó que en ese encuentro se empezó a inventar la llamada “Verdad histórica”.

“Dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre”, aseguró la fiscal.

Según la imputación de la fiscal, en dichas fechas las autoridades detuvieron a cuatros presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos, quienes fueron torturados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes de la AIC. De sus testimonios se obtuvo información que luego Murillo Karam hizo pública.

Al citar como dato de prueba la declaración de Bernardo Muñoz Cano, entonces delegado Policía Federal en Guerrero, la agente del Ministerio Público de la Federación detalló que al “inventar” la llamada ‘verdad histórica’, Murillo Karam quería “dar solución a la exigencia social” y “dar respuesta al clamor social” por el crimen ocurrido el 26 de septiembre del 2014.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que, para poder sostener la narrativa de la “verdad histórica”, Murillo Karam, premeditadamente y con dolo, además de que planeó y elaboró “montajes”, por lo que permitió que se cometieran actos de tortura para obtener supuestas confesiones, y avaló que incluso se tuvieran que falsificar documentos oficiales.

La FGR también enfatizó que, al “concebir” y “urdir” esta “verdad inexistente”, el entonces titular de la PGR contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que “frustró” y “desvió” otras líneas de investigación que se pudieron haber seguido para encontrar a los jóvenes, motivo por lo cual se le imputa el delito de desaparición forzada.

Durante la audiencia, los fiscales revelaron, al menos, tres hechos en los que descubrieron que la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, fue “creada” por el entonces titular de la PGR. El primero y más importante, según los agentes del MPF, ocurrió el 27 de octubre del 2014, ya que ese día comenzó la “fabricación de los hechos”.

Esa tarde, Murillo Karam encabezó una conferencia de prensa en las antiguas instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, en la que dio a conocer la detención de cuatro personas, de las cuales, según sostuvo, eran integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. El entonces titular de la Procuraduría General de la República destacó que esas eran las primeras capturas de quienes participaron físicamente en la desaparición de los normalistas, según habían confesado en sus declaraciones.

Aunque en ese momento no mencionó sus nombres, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”. Asimismo, los fiscales de la FGR recordaron al juez Fuerte Tampia, que el entonces titular de la PGR señaló que dos de los detenidos indicaron que recibieron a un grupo “grande” de personas, mientras que los otros dos eran “halcones informantes”, quienes vigilaron los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Murillo Karam agregó que los cuatro todavía estaban rindiendo su declaración en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero adelantó que sus declaraciones habían “sido coincidentes”. Respecto a ello, el Ministerio Público de la Federación aseguró que, para esa hora y ese día, estos cuatro detenidos todavía no habían sido capturados y, por tanto, mucho menos podían haber declarado y confesado su participación en estos hechos.

Para esta acusación en contra de Murillo Karam, los fiscales se basaron en actuaciones ministeriales que detallan que Reyes Landa, Morales Sánchez, García Reyes, y, Osorio Cortés fueron presentados ante el Ministerio Público a las 10:30 horas de la noche de ese 27 de octubre del 2014 y hasta un día después declararon.

Asimismo, los representantes de la FGR destacaron que, tan sólo en el caso de Agustín García Reyes, aias “El Chereje”, fue “sacado” de su casa ubicada en Cocula, Guerrero, la tarde del 27 de octubre del 2014 y después trasladado a una zona militar, donde fue “torturado”, al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la conferencia de prensa de Murillo Karam.

El segundo hecho por el que la FGR justificó que el ex titular de la Procuraduría General de la República “fabricó” la denominada “verdad histórica”, ocurrió la mañana del 27 de octubre del 2014, cuando el entonces titular de la PGR dio un sobrevuelo por el río San Juan, en el municipio guerrerense de Cocula, en el que estuvo presente Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación de forma paralela.

Según la declaración ministerial de Doretti, realizada en diciembre del 2021, Murillo Karam le informó que ya habían sido detenidas cuatro personas que revelaron posibles indicios de los normalistas en el río San Juan. Sin embargo, las fiscales de la FGR insistieron en que todavía ni siquiera habían sido capturados y el entonces titular de la PGR ya “sabía lo que iban a declarar”.

El último hecho citado por los agentes del MPF, fue una declaración de una trabajadora administrativa de la entonces PGR, de nombre Erika Ramírez Ortiz -sujeta a un criterio de oportunidad por esta nueva investigación del caso Ayotzinapa-, quien confesó que el 27 de octubre del 2014 realizó un oficio con información falsa, para justificar la detención de las cuatro personas que Murillo Karam había revelado en la conferencia de prensa.

Según el relato de Ramírez Ortíez, redactó dicho documento por órdenes de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y a la fecha prófugo por este caso, quien le dijo: “ya vienen los detenidos, cómo vamos a cuadrar esto”. El objetivo, explicó la ex trabajadora de la PGR, era contar con un oficio fechado el día 25 de ese mismo mes y año, en el que se explicara que se había recibido una denuncia anónima respecto a las cuatro personas, que justificaran su detención, hasta dos días despúes.

ÉL MISMO SE INCULPÓ, DICE AMLO DE MURILLO KARAM; NO SE PERSIGUE A EPN, NI A CIENFUEGOS POR AYOTZINAPA, AFIRMA

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 22 de agosto del 2022, que Jesús Murillo Karam -ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- se auto inculpó de las irregularidades en la indagatoria del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Además -durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el jefe del Poder Ejecutivo Federal aseguró que no se persigue a su antecesor Enrique Peña Nieto, ni a Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El político tabasqueño pidió se reprodujera un video de lo que dijo Alejandro Gertz Manero, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que cita a Murillo Karam diciendo que son los “responsables directos de esta investigación”.

“En el caso del procurador, Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene […] a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal, cuando estamos informando a los padres”, dijo López Obrador.

“Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas”, afirmó Gertz Manero en el video.

“Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación, cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir”, agregó el actual titular de la FGR.

“Para después inventar la supuesta ‘verdad histórica’, que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula, para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente […] El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara”, abundó Gertz Manero, en el video mostrado por López Obrador.

“Yo quería que este fragmento se conociera, porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa, lo que está haciendo el fiscal es citando lo que dijo el procurador ‘nosotros somos responsables’, dice […] Y creo que se refiere a Tomás Zerón [de Lucio], son los dos que asumen la responsabilidad, de acuerdo al fiscal, toda la información sobre esto correspondió investigarla a una Comisión que se creó y se tienen todas las pruebas”, agregó el político tabasqueño.

“Si la FGR o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir, en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En el informe la Comisión da a conocer quiénes considera son responsables, porque se dice por ejemplo Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también militares”, respondió López Obrador a pregunta expresa de un reportero. “¿A Cienfuegos?”, cuestionó un periodista. “Tampoco, por eso hay que leer el informe”, contestó el presidente.

DETENCIÓN DE MURILLO KARAM RESPONDE MÁS A TEMA POLÍTICO QUE DE JUSTICIA, DICE EL PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó, el 19 de agosto del 2022, que la captura de Jesús Murilo Karam, de 74 años de edad, -detenido por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia-, obedece más a un tema político que de justicia y que esto no es una acción de respuesta para las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

“La detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”, señaló el PRI, en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social Twitter.

El partido político -cuyo dirigente nacional es Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”- mencionó que si el actual Gobierno de la República hoy se va en contra de Murillo Karam, mañana lo hará contra cualquier opositor que incomode al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy al Gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”, tuiteó el PRI.

¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM Y CUÁL ES LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA” DEL CASO AYOTZINAPA?

Jesús Murillo Karam, de 74 años de edad, fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona [en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México], sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”, según informó la FGR.

Murillo Karam fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las certificaciones correspondientes; y enseguida fue puesto a disposición de la autoridad judicial. La orden de aprehensión contra el ex gobernador fue solicitada por la FGR y concedida por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Prevemtivo Varonil Norte.

¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM?

El político hidalguense, de 74 años de edad, fue gobernador del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998, además de que fungió como senador, del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, así como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 4 de abril de 2007 al 4 de abril de 2011.

En septiembre del 2012 protestó como diputado federal, del grupo legislativo del PRI y se desempeñó como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, cargo al que renunció para integrarse al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre del 2012.

Asimismo, el político hidalguense fue titular de la Procurador General de la República del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerererense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.

Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.

Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA”

La renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.

Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en en basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.

García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.

En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.

Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.

La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.

EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el enotnces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.

El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.

Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.

Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.

El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.

“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.

Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.

Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.

“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.

“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.

El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.

En el caso del José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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