“Los hijos de tres narcotraficantes mexicanos, todos ligados al cártel de Sinaloa, han sido beneficiados con impunidad oficial”.
Sus padres gozaron de la impunidad que provee la corrupción, durante muchos años. Uno de ellos, de hecho, continúa prófugo.
Hijos de los capos mexicanos, también dedicados al ilícito negocio de las drogas, el tráfico, el secuestro, la extorsión y el asesinato -principalmente-, los cachorros de los cárteles son protegidos. Consentidos del sistema, tanto mexicano como estadounidense. Apadrinados primero por la red criminal en la que nacieron y se desarrollaron, y en segundo por las autoridades omisas movidas por la corrupción en un entramado penoso e ineficiente de procuración de justicia.
En cascada, los hijos de tres narcotraficantes mexicanos, todos ligados al cártel de Sinaloa, han sido beneficiados con impunidad oficial. En México al no ser investigados de manera apropiada, en los Estados Unidos, al menos dos de ellos, al ser liberados, y uno al no ser perseguido.
El primero en gozar de la impunidad oficiosa en este gobierno fue Ovidio Guzmán López. Apodado “El Ratón” y también conocido como “El Gato Negro”, ha gozado de fama y fortuna criminal gracias a su padre, el finalmente encarcelado en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, antiguo líder del cártel de Sinaloa que escapó a la justicia mexicana en dos ocasiones después de ser aprehendido tres veces.
El cénit de Ovidio Guzmán lo sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando, después de una limpísima detención por parte de la Policía Federal, en Culiacán, Sinaloa en octubre de 2019, decidió ordenar su liberación.
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Ha justificado el mandatario nacional que lo hizo para evitar la sangre. Posterior a la detención que se realizó con inteligencia y sin un solo disparo, los hermanos de “El Ratón”, a base de sangre y plomo, prácticamente tomaron la ciudad capital de Sinaloa, amenazando con masacrar ciudadanos y soldados ante la aprehensión de su hermano. Fue una tarde violenta, de disparos, bloqueos, amenazas y una muestra del poderío criminal de los vástagos de “El Chapo” en su estado origen.
A la fecha, Ovidio Guzmán no tiene una sola investigación abierta en México. No se le investiga por narcotráfico, por tráfico de drogas, mucho menos por asesinato, el junior del cártel de Sinaloa, de 32 años de edad, vive libremente en México. Aquella ocasión que lo detuvieron fue por una orden de aprehensión con fines de extradición, que hasta la fecha está vigente, pero que la FGR no ha querido cumplimentar, ni el gobierno de la República se ha comprometido a actuar. Los Estados Unidos, poco a poco ha olvidado que le persigue.
Hace un par de meses, otro cachorro del narcotráfico mexicano fue beneficiado por “la justicia”. Detenido en México en 2014 con solo cargos por delitos contra la salud y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Ismael Zambada Imperial, el primogénito de Ismael Zambada García “El Mayo”, fue extraditado a los Estados Unidos en el 2019.
Apodado “El Mayito Gordo”, Zambada Imperial, para no variar, no fue detenido por ningún homicidio, como rara vez sucede con algún narcotraficante, dado que la autoridad ministerial no investiga los más de 35 mil asesinatos dolosos que ocurren en México, y a la fácil, persiguen a los criminales por delitos contra la salud o por portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos que en el mediano o largo plazo, los criminales con sus abogados logran evadir, mayormente, incluyendo los hechos de los cuales se les acusa, en el contexto de violencia generalizada que persiste en México y no en su muy particular caso.
En 2019, “El Mayito Gordo” fue extraditado a los Estados Unidos, ante la petición de la Corte de Distrito Sur con sede en San Diego, California, donde se le procesó por introducción de droga a aquel país con fines de distribución y venta, cargos de los cuales se declaró culpable en 2021.
Pero en junio de este 2022 Zambada Imperial, el primogénito de “El Mayo”, de 38 años de edad, fue sentenciado a nueve años de prisión. Una pena muy por debajo de lo esperado, pero reducida debido a la “colaboración” del junior del cártel de Sinaloa. En la sentencia se le cuentan los años ya privado de su libertad, es decir desde 2014 cuando fue detenido en México, por lo que, en julio de este mismo año, “El Mayito Gordo” fue liberado por la justicia norteamericana.
Aunque hubiese sido en vano, dado que en México no tiene más investigaciones abiertas y cuando fue extraditado ya había cumplido su sentencia, no se tiene conocimiento ni registro oficial de la deportación del hijo de “El Mayo” por ningún puerto fronterizo mexicano. Lo que indica, de acuerdo a fuentes estadounidenses, que fue acogido en el programa de testigos protegidos, lo que genera más impunidad.
El tercer junior del narco en ser beneficiado es Dámaso López Serrano, apodado “El Mini Lic”, al ser hijo de Dámaso López Núñez “El Lic”, quien fuera operador del cártel de Sinaloa y lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Actualmente de 34 años de edad, López Serrano se entregó en 2017 a la DEA. Lo hizo ante el temor que en México lo asesinaran los hijos de “El Chapo” Guzmán, luego de protagonizar un enfrentamiento con los otros juniors, por el control de un ala del cártel de Sinaloa. Temiendo por su vida, prefirió la fría pero generosa prisión en la Unión Americana.
Para la autoridad de los Estados Unidos, “El Mini Lic” fue apoyo en el juicio contra la esposa del “Chapo”, Emma Coronel. No solo se entregó después de ser buscado por tráfico e importación de droga hacia aquel país, sino que colaboró con las autoridades.
En México, Dámaso López Serrano no ha sido juzgado. Mientras permanecía prófugo, la autoridad de este país fue incapaz de aprehenderlo, y cuando temió por su vida, el criminal prefirió entregarse a los Estados Unidos.
En enero del 2020, cuando “El Mini Lic” estaba en una prisión norteamericana, la fiscalía general de la República, logró le fuese concedida una orden de aprehensión contra “El Mini Lic”, por ser el presunto responsable, autor intelectual, del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido en mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa.
Sin embargo, el viernes 16 de septiembre, Dámaso López Serrano fue puesto en libertad por la justicia de los Estados Unidos. No hay registro ni de la extradición a México, ni de la deportación también a la República Mexicana.
Ni “El Mayito Gordo” ni “El Mini Lic”, contaban con la ciudadanía norteamericana, por lo que correspondía, como con otros detenidos (por ejemplo “El Güero Palma”) que una vez “cumplida” su sentencia en los Estados Unidos, fuesen deportados a suelo mexicano.
Pero no hay reporte de deportación, por lo que se asume que, al igual que su padre, “El Mini Lic” fue favorecido en el plan de testigos protegidos.
Y así pasan de llevar una vida criminal activa, a ser parte del sistema que los “persiguió” por traficar droga.
Sean liberados por orden presidencial, sean sentenciados a mínimas condenas y luego puestos en libertad como testigos protegidos, pero los juniors del narco, particularmente del cártel de Sinaloa, gozan de impunidad ante los crímenes cometidos en todas sus vertientes y un río de sangre que recorre el territorio nacional.
