La militarización avanza mientras que las policías locales se rezagan y se exponen a la infiltración de la delincuencia organizada. Al menos el 26.5% de los municipios del país carecen de policía municipal. Bajos sueldos, sin seguridad social, equipos caducos y sin capacitación, son algunas de las condiciones laborales de los gendarmes
Faltan menos de 570 días para que los cuerpos militares supuestamente se retiren de las labores de seguridad pública, según se anunció en un acuerdo posterior a la creación de la Guardia Nacional (GN); sin embargo, no hay mejoría en las policías municipales del país, que cada vez se ven más mermadas en su capacidad de reacción frente a la inseguridad y la violencia, sin recursos económicos, carentes de capacitación y en muchos de los casos infiltradas por la delincuencia organizada.
El acuerdo por el que se dispuso que la Fuerza Armada permanente lleve a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024, pero contrario al propósito de fortalecer a las corporaciones municipales de policía, la militarización avanza, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con la pretensión que la GN pase -legalmente- a control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México”, elaborado por el Senado de la República junto un colectivo y una universidad poblana, presentado a la opinión pública en septiembre de 2021 revela que de los dos mil 457 municipios en que se divide el país, en 650 de ellos no existe policía municipal; es decir, casi el 26.5 por ciento de los municipios no tiene fuerza local. El documento cita como fuente al Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Bajo ese contexto, la doctora en derecho y maestra en seguridad pública, Lucía Almaraz Cázarez, académica de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), estima difícil que la milicia deje las tareas que actualmente realiza: “Puedo equivocarme, pero no creo que el Presidente de la República, vaya a cumplir con este tema de retirar a la GN de la seguridad pública, porque además hay toda una infraestructura de construcción de cuarteles, de la contratación de personal, la compra de equipo, que no va a echar por la borda el Presidente. Porque además, a corto plazo, no veo que él vea otra solución que no sea la Guardia Nacional”.
A finales del año próximo pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en 2022 habría aportaciones presupuestales para las policías de los 50 municipios con mayores índices de violencia en el país; mientras que, el 30 de mayo último, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está cumpliendo y existe presencia de la GN en las 32 entidades.
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A decir de la experta en temas de seguridad pública, justicia y corrupción, Lucía Almaraz, “las policías municipales siguen en la mismas o peores condiciones, porque también el Poder Ejecutivo Federal, pues se encargó, como tú sabes, de desaparecer fondos que iban dirigidos justo a las policías municipales y que con ello habría un fortalecimiento sobre todo de equipamiento ¿no? Algunos de esos fondos se desaparecieron, otros se han disminuido”.
“Justo el pretexto ideal fue precisamente eso, la falta de capacidades institucionales de las policías municipales. Hay que decirlo, que continúan en las mismas condiciones o peor, porque no solo fue que nos vendieron la idea de que la Guardia Nacional era la solución a la problemática en materia de inseguridad, que por cierto, hay que decirlo, ha sido todo un fracaso, desde mi perspectiva. La GN, a pesar de que cuenta con más de 100 mil elementos, se acerca a la meta de construir 266 cuarteles y tiene más efectivos en los estados, los niveles de violencia y de inseguridad, pues no ha cambiado”, refiere la académica.
Las entidades federativas que mayor presencia tienen de la Guardia Nacional son las mismas que se encuentran en los primeros lugares de personas desaparecidas, feminicidios y homicidios dolosos; es decir, de delitos de alto impacto, menciona Almaraz Cázarez: “Quiere decir que no tenemos los resultados que quisiéramos de la GN. Lo mismo sucede en Jalisco, que con Michoacán, lo mismo sucede con Guanajuato, y, ahora Baja California, cada que hay un evento importante se trata de blindar a los estados enviando más elementos operativos de la GN”.
Ni antes ni después de la aparición en escena de la Guardia Nacional han dejado de presentarse evidencias de la grave descomposición de las policías municipales, de las que algunos malos elementos se convierten en participes de actos de corrupción, abusos de autoridad, tortura, agresiones sexuales, desaparición forzada, colusión con grupos de narcotraficantes, cohecho y extorsión, entre otros, que alimentan de denuncias las áreas de Asuntos Internos, Visitadurías, agencias del Ministerio Público y desde luego las noticias.
Tan solo en los últimos meses, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, agregó a su lista de cabecillas del narcotráfico y del lavado de dinero a policías y ex policías ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Uno de ellos Severo Flores Mendoza, quien hasta principios de junio fungía como comisario de la Policía Municipal de Ameca y coordinador de comisarios de seguridad de la Región Valles de Jalisco, que está compuesta por 14 municipios. El otro, el ex policía de Guadalajara Obed Christian Sepúlveda Portillo, vinculado con el tráfico de armas de fuego de alto calibre para el grupo criminal.
Antes, decenas de oficiales y elementos de policías municipales han sido señalados de detener y entregar a personas a bandas de narcotraficantes para el ajuste de cuentas o mantenerles privados de la libertad. Situación que reconoce la doctora Almaraz porque algunas de esas corporaciones policiacas en los municipios “se encuentran infiltradas por el crimen organizado, lo que también se refleja en que cada vez vemos más la privación de la vida de elementos operativos, particularmente en entidades como Guanajuato, Michoacán y Jalisco”.
La entrevistada establece que es hasta cierto punto lógico el involucramiento de esos elementos con los delincuentes, pues hablando de seguridad pública, el primer contacto que tiene la ciudadanía teóricamente es la policía local, “pero ese primer contacto también lo tienen las células delictivas con la misma policía municipal, y, es a quienes tienen, en muchos de los casos, y lo sabemos, bajo un tema de relación incluso aboral; es decir, los tienen en la nómina, y le realizan encargos”.
“Entonces, los y las policías, hablando de hombre y mujeres que forman parte de los cuerpos policiales, hoy se ven involucrados en la comisión de delitos, como en los casos de desaparición forzada, pero también en el tema de privaciones ilegales de la libertad, inclusive de venta de droga, de ser los halcones de la propia delincuencia organizada; entonces, juegan un rol importante para los grupos del crimen organizado, como el que está asentado hoy aquí en Jalisco, hablando de este cártel, principalmente, Jalisco Nueva Generación”, infiere la doctora.
