En nueve meses, ni la gobernadora Marina Ávila, ni su secretario de Seguridad, Gilberto Landeros, han dado a conocer alguna estrategia de seguridad
En el arranque de la Semana de Seguridad y Paz en Ensenada, el 22 de julio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció que en Baja California habrá cambio en la estrategia de seguridad.
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El problema es que, tras nueve meses de administración, ni la titular del Poder Ejecutivo del Estado ni su secretario de Seguridad, Gilberto Landeros, han dado a conocer la mentada estrategia, que ahora dicen, cambiarán.
A la fecha, los californios desconocen del diseño de planes, proyectos o procedimientos dispuestos por el Estado para accionar frente a los diversos escenarios de inseguridad de la entidad. En ese contexto, el anuncio de la gobernadora no generó conflicto a los criminales, quienes la noche del 28 de julio, usando tres armas largas asesinaron al policía tecatense Jesús Arnoldo Ortega e hirieron a su compañero.
De hecho, los grupos delictivos continuaron retando a las autoridades con toda impunidad la madrugada del 31 de julio, cuando un auto con placas de California en el que circulaban cuatro personas, atropelló y le quitaron la vida intencionalmente a Ismael de Jesús (26 años), presuntamente tras haber discutido con sus atacantes por defender a una mujer víctima de violencia -afuera del bar LeConteiner-. La del joven es una de las mil 616 muertes violentas que suma Baja California -mil 120 sólo en Tijuana- que se reflejaron en ocho homicidios por día durante el primer fin de semana de julio de 2022.
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Frente a estos hechos se desconoce cuáles son las obligaciones del Estado y su Secretaría de Seguridad, de acuerdo a la estrategia para el caso, porque ni Ávila ni Landeros la han hecho pública. Es lógico pensar que, desde sus posiciones, ambos quieren reducir la incidencia delictiva, principalmente los homicidios, pero al final, lo que se conoce formalmente de las intenciones es muy poco.
Previo a su toma de posesión, Marina del Pilar habló de activar la Mesa Estatal de Seguridad, evaluar los resultados de la Mesa de Coordinación y transformar el Centro de Justicia para Mujeres, todos proyectos que ya estaban en marcha. Ella agregó otros proyectos como crear el Escuadrón Violeta y resucitar la a Secretaría de Seguridad del Estado, los cuales ya materializó.
Entre los pendientes de la gobernadora, está, levantar el primer diagnóstico sobre adicciones en BC, crear el programa ComunArte, e instalar 10 mil cámaras (para lo que contrató a Seguritech, empresa que ya defraudó al gobierno local vendiendo equipo caduco y con sobreprecio). Pero en ninguno de los casos se sabe cuál es el objetivo o meta especifica a lograr, ni la forma en que se va a medir el éxito o fracaso, o cómo estas acciones se convertirán en estrategia.
Caso parecido el del secretario Landeros, quien lo poco que dijo, lo hizo en su toma de posesión. Mencionó que continuaría la “estrategia” del Presidente Andrés Manuel López Obrador con la participación de las Fuerzas Armadas, los operativos en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado y Ejército, realizados con base en inteligencia y “mapas de calor” para focalizar las zonas de mayor incidencia. Todas, “acciones” que en teoría ya se realizaban.
Lo nuevo fue que analizaría a profundidad las denuncias al 089 y las realizadas contra policías, para buscar que se tradujeran en órdenes de cateo u otros instrumentos legales; también dijo que aumentaría las capturas por narcomenudeo y comprarían más arcos lectores. De nuevo, se habla de acciones, pero se desconocen escenarios, objetivos y mediciones.
Ahora, a trece días del “cambio de estrategia”, resulta que las “acciones” anunciadas por Ávila Olmeda tienen poco de cambio y novedad.
Para empezar, repite eso de que trabajarán coordinados, con operativos enfocados en zonas de alta incidencia, lo cual, según conferencias previas, ya hacían. Seguido de los operativos Estrella Vigilante, el cual trata de mantener presencia de policías municipales en centros comerciales de alta concurrencia, cruceros viales de gran flujo y salidas o entradas a la ciudad; Espejo, en el que municipales vigilan la franja fronteriza en paralelo con la Patrulla Fronteriza; y Valle, que contempla patrullajes interinstitucionales en zonas rurales y/o suburbanas. Todos, operativos que ya existen en los ayuntamientos con otros nombres. Prueba de ello, la captura ejecutada por policías municipales de Tijuana de los homicidas del agente de Tecate.
Aunque ciertamente, las enormes limitaciones de la participación, coordinación y resultados de las policías municipales de Ensenada, Tecate y Rosarito, ha sido una queja constante en las Mesas de Coordinación por la Paz y Seguridad del Estado, resulta que la única novedad será que el Estado tratará de obligar o presionar para una mayor participación de los municipios, a través de la creación de Grupos Especiales para cada demarcación, pero otra vez, se ignora si éstos serán institucionales o básicos, como medición de resultados, establecimiento de metas, tiempos para llevarlos a cabo.
Baja California está en el top 5 de Inseguridad Nacional, y lo que el Estado ha presentado a la fecha es una lista de acciones y buenas intenciones, las cuales, pese a los pequeños avances, evidentemente son insuficientes.
La gobernadora está claramente obligada en materia de seguridad a presentar un “proyecto con visión, con métricas con proyección”, en el que se tengan objetivos claros, específicos y medibles, programas de gestión y planes frente a contingencias. Y ya lleva nueve meses de retraso.
