Juez de distrito no entró al estudio de fondo en el caso de la entrega del inmueble que albergaba el Centro de Gobierno de BC en Tijuana, lamentó el abogado; litigantes insistirán con Ley de Amparo y acudirán a Consejería de la Presidencia
Luego de que un juez de distrito denegara declarar inconstitucional la donación del edificio de gobierno con el que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez favoreció a la Universidad Autónoma de Baja California en 2021, el abogado Carlos Atilano Peña refirió que el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes acudirá a un recurso de revisión en un afán de revertir la entrega del inmueble ubicado en Zona Río de Tijuana.
En opinión del litigante, con esa donación Bonilla Valdez violó la normatividad del decreto federal emitido en 1978 en el que quedó asentado que el inmueble se le entregó al estado de Baja California con el fin exclusivo de que fuera “el asiento del Poder Ejecutivo”, en el entendido de que la disposición sería revocada en caso de que al bien en cuestión se le diera un uso distinto. De ahí que Atilano Peña considere factible seguir apelando a la Ley de Amparo.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, creemos que la razón histórica nos asiste, en un doble sentido, es un inmueble necesario para la ciudad, es un edificio histórico que debe ser preservado como tal y deben de esclarecerse los términos y el trasfondo de ello”, manifestó este viernes 12 de agosto en entrevista con ZETA.
El 18 de marzo de 2021, Bonilla Valdez formalizó la entrega de esa propiedad a la casa de estudios con el propósito de que fuera utilizada para incrementar la matrícula en el área de Ciencias de la Salud.
Atilano Peña afirmó que cabe la posibilidad de que “aquel adeudo enorme que tenía el gobierno del estado con la UABC se haya cubierto mediante esta entrega”; toda vez que “no está clarificado el tema”, arguyó.
“Nosotros tenemos una sospecha de por qué la UABC recibe ese inmueble, los mil cien millones de adeudo nunca se vieron reflejados, se les entregó un cheque informal, hasta el nombre de la universidad estaba mal, entonces quizá determinar la ilegalidad del decreto (estatal) obligaba replantearse todo y ver dónde estaban los recursos y decidieron no moverle al tema, se iba a abrir una cloaca de muchos temas que venía arrastrando (Francisco) Kiko Vega y obviamente el propio ingeniero Jaime Bonilla Valdez”, asentó.
Señaló que “cuando dieron la noticia de que se había pagado la deuda el secretario de finanzas en aquel entonces y Hacienda del estado no supieron decir de dónde venían los recursos”.
Sostuvo que para los abogados que promovieron el juicio, estaba claro que con la donación del edificio que en su momento albergó el Centro de Gobierno estatal se incurrió en una ilegalidad. Lamentó que, sin embargo, el juez federal que atrajo el caso “no entró al estudio del fondo” y en cambio determinó que los litigantes carecían de interés legítimo para impugnar el nuevo decreto, emitido por el gobierno encabezado por Bonilla Valdez.
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“A pesar de que le dijimos somos abogados de Tijuana, hacemos trámites ahí, somos abogados, no tienen interés legítimo, entonces sobresee el amparo y no entra al estudio de fondo, de tal manera que sigue vigente el decreto, esa es la gravedad del tema, de que no hay una disponibilidad, una determinación judicial que establezca sus ilegalidad y que le revierta, que le dé marcha atrás”, estableció.
“Nosotros vamos a acudir a la Consejería de la Presidencia de la República para que tome nota del tema y para que nos diga quién puede revocar ese decreto por parte de la federación, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impugnó y revirtió el decreto del estado emitido por el propio Bonilla para la toma de la caseta de Playas”, reveló.
El abogado Rafael Cruz Manjarrez, quien en conjunto con José Evaristo Zepeda, Luis Benito Juárez, así como Armando y Carlos Atilano Peña, promovió el amparo, observó que “no es posible que un decreto estatal esté por encima de un decreto federal” y recalcó que los litigantes en cuestión no claudicarán en su intento de que se declare inconstitucional la consabida donación.
