La infancia institucionalizada es invisible para el Estado. Videos que muestran el interior de albergue del DIF BC develan insuficiencia presupuestal, operativa y de protocolos, y un sistema rebasado
Desde el Plan Estatal de Desarrollo en el cual la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda definió el proyecto de Estado que pretende construir en los próximos cinco años, los menores institucionalizados estaban fuera de la ecuación. El actual gobierno nunca previó una línea de protección, sobre todo de reintegración a una sociedad que tiene una gran deuda con ellos.
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El viernes 5 de agosto, un reportaje de ZETA que destaca la publicación de un video en el que se observa a varios menores golpeando brutalmente a otro en las instalaciones del albergue de DIF Tijuana, dejó en evidencia una serie de errores, omisiones y falta de capacidad del personal, pero también del mismo Estado para proteger y mejorar las condiciones en que viven más de mil 300 niños institucionalizados que no reciben apoyo de absolutamente ningún familiar.
Luego de muchas horas de buscar una reacción por parte de DIF Estatal, la única explicación fue que los hechos ocurrieron durante la administración pasada (octubre de 2021, es decir, escasos días antes del ascenso de la actual gobernadora, y que los trabajadores encargados Jasibe Flores (supervisora), Jonathan López Archuleta (director) y Gustavo Marmolejo (encargado) se encuentran bajo investigación por las omisiones cometidas, pues en el video consta que no intervinieron en “frenar” a los menores en sus conductas violentas. A excepción de lo primero, lo segundo fue mentira. Las trabajadoras fueron despedidas sin proceso, sin sanción y sin denuncia, el mismo día que este Semanario hizo públicos los videos.
En una conversación con Álvaro Castilla Gracia, magistrado especializado en materia de adolescentes, afirmó que existen protocolos para solucionar este tipo de conflictos físicos, y propuso que los centros de tratamiento para adolescentes brinden apoyo para atención psicológica y médica de los jóvenes proclives a conductas antisociales, dependiendo del entorno en el que fueron ingresados a los albergues DIF. Esto, aprovechando que dichos centros redujeron estrepitosamente el número de atenciones.
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En su apartado Población Vulnerable, el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno marinista reconoce un diagnóstico de la situación de varios sectores con condiciones adversas, ya sea de discriminación, oportunidades, marginación, entre otros.
El análisis describe -en números- la deficiencia estructural que actualmente tiene el gobierno para brindar atención a niñas, niños y adolescentes institucionalizados,
“En el año 2019, el Gobierno del Estado de Baja California tenía bajo su resguardo a tres mil 245 niñas, niños y adolescentes (NNA) en algún albergue público y/o privado, debido a que en sus hogares se encontraba un ambiente familiar conflictivo o con dinámicas disfuncionales. Baja California se posicionó en el cuarto lugar con mayor cantidad de denuncias de violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (INEGI)”, refiere el documento que plantea como única solución directa, mejorar los tiempos de atención y respuesta para las personas que solicitan adopciones.
“Es importante fortalecer el programa de asignación de menores en hogar sustituto en vías de adopción, así como concienciar a la población y generar una cultura de la adopción que permita garantizar el derecho de la niñez, sin importar su edad, a vivir en un entorno familiar que le ofrezca lo necesario para su sano desarrollo físico y emocional”, agrega el PED, donde también establece el consumo de enervantes y el aislamiento derivado de COVID-19 como uno de los causales de las agresiones a niñas, niños y adolescentes.
Como puede observarse, esto no representa una solución para los menores institucionalizados, pues la cifra de adopciones ronda entre los 60 y 80 por año, lo cual quiere decir que ha sido insuficiente el esfuerzo estatal para mejorar la calidad de vida de los infantes.
Además, no contempla a los menores que ya no tuvieron acceso a una familia sustituta, los cuales -infortunadamente- a los 18 años se ven obligados a dejar las instalaciones para enfrentar una vida sin las herramientas suficientes, condenándolos a la precarización.
Mucho menos considera el Plan Estatal de Desarrollo, algún esquema para garantizar la seguridad de los menores que en este momento reciben protección del Estado. Nada.
Los menores bajo resguardo del DIF no sólo han sido abandonados por sus padres o tutores; también lo ha hecho el Estado.
