Un vehículo incendiado para bloquear la carretera Tecate-Ensenada, que se pensó era del crimen organizado, fue adjudicado a morenistas en un intento de inhibir el voto; ademas, acarreo, compra de votos
La elección de consejeros de Morena en Baja California, el sábado 30 de julio, transcurrió en un contexto en el que además de un acarreo supuestamente coordinado por el Instituto de Movilidad Sustentable y la utilización de listas de beneficiarios, hubo episodios de violencia, cancelación de casillas y la quema de un vehículo en la carretera Tecate-Ensenada, a lo largo de una votación a la que acudieron alrededor de 50 mil personas conforme a información oficial.
A nivel nacional, los Congresos Distritales, celebrados entre el 30 y el 31 de julio, contaron con una participación de 2 millones 500 mil ciudadanos, según calculó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A decir del académico John Ackerman, en ningún caso tales asambleas estuvieron exentas de irregularidades. El investigador y militante de Morena señaló que de manera generalizada en el proceso partidista hubo acarreo, compra de sufragios, imposición del voto, robo de boletas, conteo desorganizado. Presuntas prácticas que se dieron en un clima de ánimos enardecidos, con jaloneos y otras agresiones físicas, como se pudo atestiguar en imágenes televisivas.
En Baja California la ignición de un automóvil a la altura del Kilómetro 62, en el tramo carretero Tecate-Ensenada y el cual fue utilizado para bloquear la vialidad, se vino a sumar a los sucesos que caracterizaron los Congresos Distritales en esta entidad. La anomalía se constituyó con el antecedente de que en las elecciones concurrentes de 2021 se suscitaron hechos delictivos como robo de boletas a mano armada, quema de casillas y abandono de restos humanos.
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El miércoles 22 de julio, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, indicó que la unidad vehicular había estado bajo resguardo del director del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Ensenada (FIDUE), Moisés Ramírez Izquierdo, y que no contaba con reporte de robo ni llegó a estar relacionada con otros actos ilícitos. A su vez, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se pronunció en contra de que se alterara el orden público, a propósito de un incidente del que previamente dijo, pudiera haber tenido que ver “con la jornada que se vivió el sábado justamente”.
Por su parte, Ramírez Izquierdo declaró que la dirección del Fideicomiso tenía la camioneta en calidad de “inservible” desde el 5 de mayo. Aseguró que (hallándose en tales condiciones) fue robada y que él no se enteró del hurto sino hasta el 2 de agosto. “Me lo notifica el fiscal encargado del caso, me dice ‘oye, encontramos esta unidad’”, expresó para también desmentir a Carpio Sánchez: “La fiscalía dijo que no tenía reporte de robo, claro que lo tiene”.
En cuanto a sus posibles vínculos con Morena, con el pormenor de que la camioneta pudo haberse utilizado para bloquear la carretera en un afán impedir el paso a la celebración de la jornada partidista en el Distrito 3, el titular del FIDUE aseguró no estar afiliado al partido oficial, ni haber participado como aspirante en la elección de consejeros.
No obstante, el también suplente del regidor independiente Miguel Orea Santiago, se hizo presente en el proceso interno de Morena e incluso intervino para que personas pudieran sufragar.
El miércoles 22, Ramírez Izquierdo reconoció ser coordinador estatal del diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien, en calidad de aspirante presidencial en Baja California, cuenta con el respaldo del diputado local del PT, Marco Antonio Blásquez, quien es afín al ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
FUNCIONARIOS ACAPARAN
Los Congresos Distritales tuvieron ocasión en siete de los ocho distritos federales electorales de Baja California. Con todo y que en el número 4 se procedió con la apertura de casillas, la asamblea tuvo que suspenderse por motivo de disturbios.
Por cada distrito se eligieron cinco mujeres e igual número de varones, de manera que en total 70 personas fueron electas integrantes del Consejo Estatal.
Al menos cinco miembros del gabinete de Marina del Pilar Ávila Olmeda resultaron favorecidos, a saber: los secretarios del Campo, Juan Meléndrez Espinoza; de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán; de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; de Manejo del Agua, José Armando Fernández Samaniego; y de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.
También consiguieron espacio en el Consejo, la diputada federal Julieta Andrea Ramírez Padilla y la mayor parte de la fracción de Morena en el Congreso local, como en el caso de Rocío Adame Muñoz (presidente de la Junta de Coordinación Política); la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo; el síndico procurador de Tijuana, Rafael Leyva Pérez; el dirigente estatal del partido en el poder, César Castro Ponce; y el delegado nacional, Ismael Burgueño Ruiz.
La ex alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, cuestionó la cantidad de votos que obtuvo Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán -8 mil 168-.
Observó que fue de los aspirantes que más votos recibieron a nivel nacional, ámbito en el que, a juzgar por una gráfica difundida vía red social, Yaritza Rosas Gaona y Luis Gustavo Limas García obtuvieron 11 mil 338 y 11 mil 258 en Michoacán.
El 31 de julio, Burgueño Ruiz refirió a ZETA que la situación en el Distrito 4 sería definida desde la cúpula de Morena. “Estamos esperando a que la autoridad de nuestro partido lleve a cabo las acciones correspondientes, ya que nos indique la propia autoridad del partido, nosotros estaremos dándole el enfoque específico de qué es lo que sigue”, manifestó.
Finalmente, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que la elección en ese distrito, el cual abarca la Zona Este de Tijuana, quedaría anulada. Sostuvo que en esa demarcación tendrá que repetirse la asamblea en un lapso de una o dos semanas.
En estados como Yucatán y Michoacán, los dirigentes estatales de Morena solicitaron la anulación del proceso interno en esas entidades, por supuestas prácticas como la utilización de recursos para movilizar personas o para comprar votos. En tanto que, en el plano nacional, John Ackerman declaró que impugnaría los congresos y solicitaría su nulidad y reposición, ello en contraposición a la opinión del Presidente López Obrador, referente a que en el ámbito de los congresos se suscitaron graves inconsistencias, con el pormenor de que tan sólo en unos cuantos centros de votación.
El diputado federal por el Distrito 7 de Baja California, Isaías Bertín Sandoval, calificó el proceso como “no ejemplar”, sobre todo en razón de las prácticas de acarreo que se evidenciaron a través de los medios de comunicación.
“Una jornada ejemplar es una donde el ciudadano salga a votar por convicción propia, donde realmente esté informado de en qué consiste ir a votar por los consejeros de Morena”, explicó.
Calificó como “incongruente” el argumento esgrimido desde el ámbito del poder, en el sentido de que grupos de vecinos se organizaron para movilizarse y acudir a las urnas.
Para entonces, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda había dicho que era justificable que la gente se organizara para trasladarse en vista de las distancias entre cada cabecera distrital.
“Hay que ser un poco congruentes y no tratar de verle la cara al ciudadano”, asentó Bertín Sandoval, a la vez que criticó la participación de funcionarios públicos en calidad de.
“Uno como diputado, quiera o no, tiene una ventaja mayor; uno como funcionario, tiene una ventaja mayor, cuentas con personas que de alguna u otra manera están contigo, por lo que en su momento puedes llegar a representar”, expuso.
Recordó que López Obrador “dijo que las personas que tienen un puesto de poder, de decisión, de representación”, se hicieran a un lado y dieran paso a “los militantes, a las personas que tienen el tiempo, el esfuerzo para dedicarse a construir un partido, lo hicieran”.
SEÑALAN UTILIZACIÓN DE IMOS Y BISOM
Marco Antonio Baquedaño, quien pertenece al sector transportista, señaló vía telefónica que el Gobierno del Estado recurrió a la empresa Taxi Seguro en Mexicali, a través del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) para brindar servicio de movilización de votantes.
“Muy buenas tardes, compañeros, este próximo sábado habrá un proceso interno en Morena y nos están pidiendo el apoyo de 50 unidades para la movilización; se va a otorgar un apoyo de mil 500 pesos en vales de gasolina, una comida y suficientes líquidos”, dio cuenta un mensaje dirigido vía red social a los trabajadores de la empresa.
El entrevistado mencionó que para la consulta de Revocación de Mandato celebrada el 10 de abril, el director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, recurrió a esa medida.
“Eso mismo hizo el ‘Bibi’ Gutiérrez (…) Citó en un restaurante chino en el Centro Cívico en Mexicali, donde citó a varios transportistas, ofreciendo inmunidad total si le ayudaban a mover a la gente”, argumentó.
En el caso de una persona que se negó a participar, “ahora es a quien se le aplica el reglamento”.
En entrevista, Guadalupe Mora, ex alcaldesa de Mexicali, aseveró que “hay evidencias donde se contratan a los taxistas”. Observó que el despliegue de unidades “no cuesta cualquier cosa” y asumió que el recurso para la contratación no salió del bolsillo de quienes hayan estado a cargo de esa maniobra De ahí que refiriera, “hay la presunción de un delito”.
Por otro lado, acusó que se utilizaron las listas de Bienestar Social Municipal en la Capital bajacaliforniana. “Obviamente ahí se vio claramente que estaban organizando, no van a llevar a esa gente también, hacen números también, precisamente yo creo que también hubo embarazo de urnas, porque en tan poco tiempo no puedes hacer un procedimiento así”.
Anselmo Jiménez, militante de Morena en Baja California, señaló que para llevar votos a las asambleas del partido en el poder, el Gobierno del Estado le abrió las puertas a la organización Antorcha Campesina.
“Funcionarios negociaron con ellos para que llevaran gente a votar”, con el compromiso de otorgarles despensas y brindarles protección en su condición de invasores de tierras.
El denunciante habló de un cúmulo de denuncias que se interpondrían desde el ámbito local, con las que se solicitaría la anulación del proceso bajo el argumento de que se violó el Estatuto de Morena, los reglamentos de Afiliación y para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados, así como la Ley General de partidos Políticos.
DIRECTORES DE GOBIERNO NIEGAN INJERENCIA
Consultado por ZETA, el director del Instituto de Movilidad Sustentable, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, refirió que el señalamiento de que desde el IMOS se contrató unidades de transporte para movilizar a votantes “es un chisme”.
Dijo tener bien identificada a la empresa Taxi Seguro. “Sí sé quiénes son, pero nosotros no los contratamos”, asentó.
Reveló que “la persona que subió” esa información es parte de “un grupo de taxis libres que andan buscando ciertos privilegios y presionan”.
A su vez, el delegado federal en Baja California y coordinador único de programas federales, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, estableció que en ningún sentido la Federación tuvo injerencia o intervención en los Congresos Distritales.
“Tuvimos la instrucción de abstenernos de cualquier tipo de participación, nosotros no participamos en lo más mínimo en el proceso”, refirió a este medio.
“No participamos, no inscribimos un candidato, era importante dejar claro el mensaje que todo el trabajo que hacemos, que son más de 500 mil beneficiarios, no iba a estar a merced de un proceso político de ningún partido político, incluyendo el propio nuestro”, manifestó.
“Nosotros recogimos todos los carros, cerramos las oficinas, suspendimos los operativos que teníamos en ese día (de la jornada) y el día anterior, mandé a los regionales de asueto y les pedí comprobante de que estuvieran en esas condiciones”, añadió.
Advirtió que muchos de los nuevos consejeros apoyaron a los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en las elecciones de 2018. De ahí que se dijera con expectativas de que “sepan cuál es su responsabilidad histórica” ante el futuro de la Cuarta Transformación impulsada por el AMLO en el ámbito de la vida pública del país.
