El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) informó, el 22 de agosto del 2022, que no examinó el material del cual surgieron las capturas de pantalla que estructuran la narrativa de los acontecimientos del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, e indicó que tampoco han accedido a los peritajes que se practicaron respecto a los mismos.
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016.
El Grupo aseguró que solicitó tener acceso, no sólo a lo que se incluyo en el informe, sino a todo lo que se extrajo y a los dispositivos desde donde se obtuvo la información, para analizar a profundidad el contenido obtenido por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y emitir sus valoraciones respecto a las nuevas revelaciones que se incluyen en el texto.
Los miembros del GIE también pidieron que se entreguen, cuanto antes, a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), los mensajes y los dispositivos de los cuales fueron extraídos, ya que “todo ello es clave para evaluar las características de fiabilidad y calidad de la información señalada”.
Asimismo, el Grupo recordó que, tanto la Fiscalía General de la República (FGR), como el Poder Judicial, deberán valorar y dar curso a la información presentada por la COVAJ. Además, el GIEI aclaró que no participó en la redacción del informe de la Comisión y que tampoco “ha señalado presuntos responsables”.
Publicidad
__
Por otra parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes indicó que con las evidencias que se aporten al proceso del caso se puede llevar a sentencias condenatorias, donde se establezcan la responsabilidad penal de los perpetradores, respetando el debido proceso.
Aunque celebraron que existan nuevas revelaciones sobre la investigación del caso, ya que recabaron junto a la COVAJ muchos de los medios de prueba que quedaron registrados en un informe publicado en marzo del 2022, los miembros del GIEI insistieron en que toda la información debe ser conocida de manera previa por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
LA VERDAD EN EL CASO AYOTZINAPA FORTALECE AL EJÉRCITO, AFIRMA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador exculpó al Ejército mexicano, el 19 de agosto del 2022, de las acciones de omisión que presuntamente se cometieron en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Durante la conferencia de prena matutina, llevada a cabo desde Tijuana, Baja California, el mandatario nacional afirmó que la transparencia y reconocer la mala actuación en el pasado, fortalece a una institución del Estado como lo son las Fuerzas Armadas y al contrario, incrementa la confianza del pueblo.
El 18 de agosto del 2022, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, aseguró que se trató de un crimen de Estado, en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos.
El también titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) infiltró a un soldado en la Normal Raúl Isidro Burgos, y que de haber intercedido en el caso, pudo haber evitado la desaparición forzada de los estudiantes.
“Yo creo que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Se afecta una institución cuando se ocultan las cosas, desde hace tiempo, desde que estábamos en campaña, yo sostuve de que en vez de debilitar al Ejércitos, si había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado, en vez de debilitarlo, y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecería al Ejército”, sostuvo.
“Es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres, las madres, escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a decir la verdad por dolorosa que fuera, sí les expresé mi dolor, mi tristeza, y también hablé de que no es vano lo que ellos hicieron, incluso sus hijos”, agregó el político tabasqueño.
“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la Comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada”, prometió el mandatario nacional.
NO HAY INDICIOS DE QUE 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA ESTÉN VIVOS, AFIRMA ENCINAS
No existe ningún indicio alguno de que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa -desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero- estén con vida, aseguró, el 18 de agosto del 2022, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso.
El también titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseguró que se trató de un crimen de Estado, en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Además, el funcionario federal reveló que la SEDENA infiltró a un soldado en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, para informar respecto a las acciones de los estudiantes y señaló la inacción del Ejército para buscar a su elemento y a los 43.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes. Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López [Patolzin], quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, dijo.
“Era el responsable de informar de lo que aconteció en las asambleas de la Normal y de las movilizaciones de los estudiantes e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado estaba bajo el mando del Teniente de infantería, Marcos Macias Barbosa, del 27 Batallón”, explicó Encinas Rodríguez.
“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, lo cual era su obligación. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia en la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Su último reporte fue al filo de las 10:00 de la mañana de ese día”, detalló.
“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, aseveró el subsecretario.
“Por eso todas las autoridades estatales y municipales estuvieron informados de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada al rancho del cura y en la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia del que fueron objeto”, abundó el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso.
“Lo cual las omisiones en las que incurrió esta autoridad acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción u omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición de los estudiantes”, insistió el subsecretario de la SEGOB.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos para la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, enfatizó.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas Rodíguez.
“Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay ningún indicio de vida y eso no es una coincidencia con la verdad histórica, esa es una triste realidad. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueran arteramente ultimados y desaparecidos. Que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición, y nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula”, concluyó.
Se presentó el informe del caso #Ayotzinapa. Se reconoció que fue un crimen de Estado en el que participaron delincuentes, agentes oficiales, policiales, militares, así como funcionarios federales. Se procederá legalmente contra los responsables y no habrá impunidad.
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 18, 2022
Algunos padres y abogados de los 43 normalistas se reunieron, el 18 de agosto del 2022, en Palacio Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la cual presentó un informe respecto a los avances y desafíos de la búsqueda de los jóvenes, a ocho años de la desaparición de los jóvenes.
Desde las 11:00 horas del 18 de agosto llegaron a Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los estudiantes, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Santiago Aguirre Esponosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como familiares de los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. A la reunión también estuvieron convocados, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Luis Cresencio Sandoval González; así como el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entre otras autoridades federales.
“Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarlo, porque acuérdense que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, el 30 de junio del 2002.
“Pero ya tenemos mucho avance que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir. Este año va a quedar lo de Ayotzinapa”, insistió el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
EL NUEVO INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014. Asimismo, indicó que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias, para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
El documento de 97 páginas acusó que la construcción de la llamada “verdad histórica” del Gobierno encabezado por el enotnces presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.
El informe señaló que en ello participaron Jesus Murillo Karam, titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR); Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y, el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
Así como el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.
Entre otros, también mencionó a quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal (PF) en el estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y, a quien fue el Comandante IX Región Militar, en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra Hernández.
El informe también señaló al gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extitna Procuraduría General de Justicia (PGJE) del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y, a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.
“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (SEDENA, CISEN, Policía Federal Preventiva, Gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM), de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subrayó el documento.
Por último el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa sentenció: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.
Aunado a lo anterior, el documento acusó falta de unificación en los procesos, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, ya que desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en 7 juzgados de mismo número de estados, y en 2 sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio.
“Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley […] Y propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”, sostuvo el informe.
“La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia. Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, dijo el documento.
El Informe apunta a la actuación de algunos jueces, entre ellos, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades”, sin dar vista al Ministerio Público, ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”.
En el caso del José Álvaro Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa advirtió que se niega a conocer los asuntos que se le presentan, aludiendo falta de competencia territorial. Por otra parte, señaló que César Chávez Souverbille, del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, no asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
AMLO URGE RESULTADOS A ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y A GERTZ MANERO EN CASO AYOTZINAPA
Andrés Manuel López Obrador informó que el jueves 23 y el viernes 24 de junio se reunió con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para tratar temas como el caso Ayotzinapa y reiterar la importancia de que los jueces actúen con honestidad.
“El jueves [me reuní con)] Zaldívar y el viernes [con] el fiscal. Periódicamente, nos reunimos para ver temas de interés público, asuntos de Estado y en respeto a la independencia de los poderes, intercambiamos puntos de vista”, comentó el político tabasqueño, durante su conferencia de pensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Sin embargo, el mandatario nacional descartó que haya tocado con Gertz Manero, los audios filtrados entre el titular de la FGR y Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la misma institución, con Emilio José Lozoya Thalmann, ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y titular de la Secretaría de Energía (SENER) durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“No no. Hablamos con el fiscal sobre la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, que quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial. Y traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que tenemos pendiente”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también explicó que la visita del ministro presidente de la SCJN fue con el fin de reforzar la lucha para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial.
“Y con el ministro Arturo Zaldívar hay muy buena coordinación, Io mismo que con el fiscal y el tema principal es el de la necesidad de que jueces y magistrados actúen con rectitud, con honestidad. Porque se arriesga mucho la vida cuando se detiene a delincuentes y en muchas ocasiones los liberan, esgrimen los jueces que están mal integradas las averiguaciones y se ha probado en algunos casos que es por dinero. También aclarar que no son todos los jueces, ni todos los magistrados, ni todos los ministros. Hay jueces honestos, incorruptibles, valientes”, expresó.
“Yo no me meto en cuestiones que corresponden al Poder Judicial, sólo cuando se trata de asuntos que afectan a la población y son asuntos de Estado, por ejemplo, todo lo relacionado con corrupción. Eso se tiene que atender, porque imagínese que el Presidente tenga información de actos de corrupción Y se quede callado O peor, que sugiera que en esos casos haya carpetazos, que se archiven o que haya impunidad, no. Por eso no pueden nuestros adversarios y se enojan mucho, porque quisieran poder decir: ‘todos son iguales’. Serían felices comparándonos con la actitud de otros presidentes”, agregó.
“DIFÍCIL” QUE EPN NO SUPIERA DE AYOTZINAPA, DICE AMLO; LO COMPARA CON “CULIACANAZO”
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, el pasado 30 de marzo, que “es muy difícil” que el titular del Poder Ejecutivo Federal no se entere de un asunto delicado, como lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“No estoy culpando a nadie porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta, una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable, se puede ser culpable y no responsable y se puede ser las dos cosas, culpable y responsable”, dijo el mandatario nacional, en referencia a su antecesor Enrique Peña Nieto.
“¿Quién va a resolver? La Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa y tengamos confianza y este grupo de expertos va a seguir ayudando un año más y lo vamos a hacer porque tenemos el compromiso, no solo el presidente, sino el Estado y la sociedad, de saber dónde están los jóvenes y qué pasó verdaderamente”, indicó el político tabasqueño.
Además, deslindó a Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), argumentando que la decisión de involucrar a infantes en el basurero de Cocula “vino de oficinas centrales” y el actual mando no fue tomado en cuenta, porque se desempeñaba como comandante de la Octava Zona Naval, en Acapulco, Guerrero.
“Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido, es más, ya hubiesen cerrado el caso, esto es para hablar en plata, con claridad”, respondió López Obrador a una pregunta respecto a la presunta responsabilidad del ex presidente Peña Nieto.
“Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado. Yo les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Joaquín Guzmán Loera”, recordó el mandatario nacional.
“No supe porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, me enteré cuando se generó el conflicto, como era una situación muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque se hubieran registrado muchos muertos”, agregó el político tabasqueño.
“Bueno, pero sí me enteré [del ‘Culiacanazo’] cuando se necesitaba, entonces sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, no es cierto eso de que el presidente o el gobernador no sabía. No, sí se sabe”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal.
AMLO DESLINDA AL ALMIRANTE RAFAEL OJEDA DE MANIPULACIÓN EN BASURERO DE COCULA
El presidente Andrés Manuel López Obrador, deslindó, el pasado 30 de marzo, al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la manipulación que realizaron elementos de dicha institución en el basurero de Cocula, en Guerrero, antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que se anunció la “verdad histórica”, según reveló el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros, incluso si nos pudieran echar la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes, lo harían […] Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes están actuando desde oficinas centrales, desde aquí [Ciudad de México]”, dijo el mandatario nacional.
“Lo que estamos haciendo para conocer la verdad que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando. Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido, es más, ya hubiesen cerrado el caso”, aseguró el político tabasqueño.
El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que tanto la SEMAR, como la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), han colaborado con las investigaciones, y sostuvo que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR), será la que determine el desenlace de dicho caso.
JEFES DE SEMAR QUE ALTERARON BASURERO DE COCULA SON INVESTIGADOS POR FGR, ASEGURA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el pasado 29 de marzo, que los “jefes” de la Secretaría de Marina (SEMAR), que manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que se anunció la “verdad histórica”, según reveló el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que todos los marinos involucrados, especialmente el almirante responsable del operativo, son investigados por los hechos revelados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Asimismo, el político tabasqueño agregó que el GIEI continuará investigando un año más la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y reiteró el compromiso con los padres de los jóvenes para indagar a fondo el caso.
“Sobre ese video al que haces referencia de la Marina me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en este operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el responsable del operativo”, dijo.
“No puedo decir más, solo que está abierta la investigación y que tenemos el compromiso con los padres y madres de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes, es un compromiso que tenemos, el dar a conocer lo que sucedió”, aseveró el presidente de la República.
“Esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían y se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más”, apuntó el mandatario nacional.
“Tenemos el compromiso de llegar a saber todo de la desaparición de los jóvenes y a diferencia de antes, cuando [el diario español] El País sólo se dedicaba a aplaudir a los anteriores presidentes, ahora no hay impunidad a nadie”, agregó López Obrador.
“Se ha entregado información, se han abierto los archivos como nunca y no se ha ocultado nada. Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”, concluyó el presidente.
MARINOS INTERVINIERON EN BASURERO DE COCULA, DICE GIEI SOBRE CASO AYOTZINAPA
En un video inédito, grabado el 27 de octubre del 2014, se obversa a elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, antes de las primeras diligencias oficiales y el mismo día en que se anunció la “verdad histórica”, según reveló el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el pasado 28 de marzo.
La grabación muestra las diligencias realizadas por los elementos de la SEMAR, “hasta ahora desconocidas” y que “no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la [Procuraduría General de la República] PGR”, del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desparecidos el 26 de septiembre del 2014.
El video corresponde a una grabación de dos horas realizado por un avión no tripulado de la Marina, a las 6:39 horas del 27 de octubre de ese mismo año y en la que se pueden ver dos camionetas tipo pick up de doble cabina de la Secretaría de Marina.
El informe presentado en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), contiene el análisis de las imágenes captadas el 27 de octubre de 2014 por la aeronave no tripulada ANX 3501 de la SEMAR, mismo que que despegó de Zacacoyuca, Guerrero.
La grabación comenzó a las 6:39 horas, cuando dos camionetas de la Secretaría de Marina ya se encontraban en la parte alta del basurero, a unos 15 metros de tres bultos blancos, que se ubican sobre la ladera que da hacia el fondo del vertedero.
En otro momento del video, el dron sobrevoló durante varios minutos otras zonas aledañas al basurero. Luego se observa que los elementos de la SEMAR prenden fuego en el vertedero y ya no se encuentran los bultos blancos.
Después, a las 08:31 horas, al lugar llegó un convoy de seis camionetas de la PGR y SEMAR, en las que se encontraba el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, así como el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
En los videos a los que tuvo acceso el GIEI, se observa que en algún momento hubo más de 40 personas en el fondo del basurero. Los funcionarios de la SEMAR y la PGR estuvieron por varios minutos removiendo objetos y, aparentemente, vertiendo otros.
A las 10:00 horas de ese mismo día, un helicóptero se aproximó al basurero, como si hubiera querido aterrizar, pero sólo levantó polvo e hizo que el material de la zona saliera volando, y volvió a levantar el vuelo.
Pasado el mediodía, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó al basurero de Cocula, pero antes todo el personal de las autoridades federales que estaban al fondo del vertedero, dejó la zona.
Al día siguiente de la grabación, el 28 de octubre, en otra diligencia que no fue registrada oficialmente, Tomás Zerón llevó a “El Chereje” al Río San Juan, lugar donde según la verdad histórica habrían lanzado los restos de los normalistas cremados.
El 27 de octubre del 2014, Murillo Karam, acompañado de Zerón de Lucio, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció la detención de cuatro integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos -entre ellos Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, así como Agustín García Reyes, “El Chereje”, quienes fueron torturados-, y habló por primera vez del basurero de Cocula.
Solicitado por el propio Gobierno de México desde el 2014, el GIEI fue un grupo de asesoría técnica conformado por la CIDH en el que participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sin embargo, dejó el caso en abril del 2016.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA LLAMADA “VERDAD HISTÓRICA”
La renuncia de Zerón de Lucio a la AIC se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.
Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en en basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.
García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.
En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.
Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.
La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.
