Las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos, decidieron repartirlos, por lo que “El Chucky” les “metió machete” y los introdujeron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera, revela informe de la Segob sobre Caso Ayotzinapa
Al tiempo que el Gobierno de México, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentaba el informe sobre el Caso Ayotzinapa, que tiene como cénit la desaparición y muerte de 43 estudiantes normalistas, la Fiscalía General de la República (FGR) emitía decenas de órdenes de aprehensión, 83 en total. Entre ellas, la de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República al momento que ocurrieron los hechos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En efecto, Murillo Karam fue vinculado a proceso penal la tarde del miércoles 24 de agosto por su probable responsabilidad en la comisión de tres delitos derivados de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa hace siete años en Iguala, Guerrero, y de falsear la “verdad histórica” de los hechos.
La sentencia interlocutoria que da inicio al proceso penal, fue dictada por el juez de Control especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Norte en Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien encontró elementos de convicción para vincular al ex funcionario por delitos cometidos contra la administración de la justicia, desaparición forzada de personas y tortura.
En la parte final de la audiencia, que duró más de ocho horas, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Murillo Karam, quien de esta forma, continuará privado de la libertad en el interior del referido centro penitenciario en la Capital del país, al menos durante los próximos meses en tanto se desarrolla su proceso penal.
Los abogados del político que militó en el Partido Revolucionario Institucional y además de ser procurador general de la República durante la administración del Presidente Peña Nieto, fue gobernador del Estado de Hidalgo, diputado local, diputado federal y senador, entre otros cargos, argumentaban la inocencia de su cliente, pues señalaron no había un solo testimonio que lo incriminara.
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La defensa también reclamó que los delitos imputados ya habrían prescrito por el simple paso del tiempo, incluso que algunos de ellos no obraban en la legislación penal en la época en que ocurrieron los hechos, 26 de septiembre de 2014, como el de desaparición forzada; sin embargo, todos los delitos enunciados eran punibles en tal fecha, por lo que no se explica la confusión de los litigantes.
En el caso del delito de desaparición aún no existía la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, pero tal conducta ya estaba prevista en los artículos 215-A al 215-D del Código Penal Federal y sancionada con una pena de cinco a cuarenta años de prisión. Además, contemplaba la destitución del cargo e inhabilitación en el servicio público hasta por 20 años. Fue derogado de este código cuando entró en vigor La ley especial.
En cuanto al delito de tortura, antes de que existiera la actual Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente desde el 26 de junio de 2017, se contaba con la norma creada en tiempos del Presidente Carlos Salinas de Gortari, denominada Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada el 27 de diciembre de 1991 y que establecía una pena de tres a doce años a servidores públicos torturadores.
Jesús Murillo Karam fue detenido por elementos de la FGR el viernes 19 de agosto de 2022 al salir de su residencia en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada unas horas después que el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, diera a conocer un informe que revela que la desaparición de los normalistas fue “un crimen de Estado”.
Derivado de informes y testimonios obtenidos durante la investigación, la FGR imputó a por lo menos 83 personas, en contra de las que consiguió órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal. Entre los implicados en el Caso Ayotzinapa figuran 20 mandos militares y personal de tropa del 27/° y 41/° batallones en la Zona Militar de Iguala, además de cinco representantes de autoridades administrativas y judiciales, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el informe no considera responsables en los hechos a Enrique Peña Nieto, ni al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, a pesar de que se incluye a mandos del Ejército y de la entonces PGR entre los culpables de la desaparición de los estudiantes y de la creación de la “verdad histórica” que refería que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas a un río.
43 DE AYOTZINAPA: CRIMEN DE ESTADO
Las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos, decidieron repartirlos, por lo que “El Chucky” les metió machete y los introdujeron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera, reveló el informe de la Secretaría de Gobernación sobre el Caso Ayotzinapa.
A un mes de cumplir ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue vinculado a proceso el ex procurador Murillo Karam, quien cuatro meses después de los hechos en Iguala, Guerrero, presentó una investigación sobre lo sucedido con los estudiantes, a la cual se refirió como “verdad histórica”.
La investigación que sostuvo el procurador del sexenio de Enrique Peña Nieto, fue fundamentada con declaraciones -sostiene la actual administración federal-, obtenidas a base de torturar a los detenidos, sembrado de pruebas y fabricación de testimonios.
En dicha investigación daban como irrefutable el móvil en el que los estudiantes fueron privados de la libertad por policías municipales e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delincuentes creyeron que se trataba de integrantes del grupo delictivo rival Los Rojos, por lo que dieron la orden de asesinarlos e incinerarlos en el basurero de Cocula, para después meterlos en bolsas y arrojarlos al Río San Juan.
Incluso, la denominada “verdad histórica” asevera que los estudiantes se dirigían a boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez, cuando fueron atacados; pero la realidad fue distinta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expuso desde 2015 que los normalistas se dirigían a Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre.
Esta versión de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 fue refutada recientemente en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, presentado el 22 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.
En dicho informe la mayor parte de la información proporcionada retoma las investigaciones de los organismos externos cómo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la última recomendación que hizo la CNDH en 2018; también sostiene que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, “todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
El trabajo presentado por Encinas Rodríguez concluye que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de “Guerreros Unidos” y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Detalla que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Con las pruebas expone que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Normal “Isidro Burgos” hasta su desaparición; sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como del homicidio de otras seis personas.
También señala que el grupo delictivo actuó con amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
Además de confirmar que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa, para el Ejército.
Por las pruebas recabadas para la nueva versión de lo ocurrido aquella noche en Iguala, el destino de los estudiantes no fue un solo lugar, por lo que hacen hincapié en continuar la búsqueda de los restos de los jóvenes ultimados; en esto no difieren con la “verdad histórica”, en ambas investigaciones: los normalistas fueron asesinados luego de secuestrarlos.
Solicitan a la FGR continuar buscando en la ribera del Río Balsas y en la laguna del Nuevo Río Balsas; en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana, en Iguala, así como en las inmediaciones de Tepehuaje.
LA “NUEVA” INVESTIGACIÓN
Los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a Ciudad de México el 2 de octubre de 2014. El ataque y detención de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” tuvo lugar en Avenida Juan N. Álvarez y el puente frente al Palacio de Justicia, del municipio de Iguala.
Los estudiantes asegurados por la Policía Municipal de Iguala en Juan N. Álvarez iban a bordo del autobús 1568 y fueron trasladados a la comandancia del municipio; mientras que en el aseguramiento de los estudiantes del puente frente al Palacio de Justicia (autobús 1531) participaron las policías municipales de Iguala y Huitzuco.
En un inicio la intención era solamente darles una “chinga” a los estudiantes porque Gildardo López Astudillo, “A1” y/o “El Gil” (uno de los líderes de Guerreros Unidos) no quería disturbios, además de recuperar el material, el cual aparentemente venía en uno de los autobuses.
Los alumnos del camión 1568 fueron sustraídos de la Comandancia de Iguala por elementos de las Policías Municipales de Iguala y Cocula, y entregados en Loma de Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. Se presume que los estudiantes del camión 1531 asegurados por la Policía de Iguala fueron llevados a Loma de Coyotes, y que por otro lado, a los asegurados por la Policía de Huitzuco se les trasladó a Huitzuco.
La testigo protegida “Karla”, contó que le solicitaron tomar fotografías a todos los estudiantes, ya que se creía que entre ellos venían personas de Los Rojos. De todos los estudiantes, sólo tres fueron de interés para sus superiores, entre los cuales recuerda, estaban Bernardo Flores Alcaraz “El Cochiloco” y Julio César Mondragón “El Chilango”.
“El Gil” dio la orden de recuperar la mercancía: “Me chingan a todos a discreción”, citan en el informe; luego López Astudillo ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben “quién es quién” y se está calentando la plaza demasiado, “mátalos a todos, Iguala es mío”.
Se identificó al sicario Eduardo “N”, alias “El Chucky”, como el que mata y tortura al estudiante Julio Cesar Mondragón “El Chilango”, incluso sin tener orden de sus superiores. Las instrucciones originales eran quemar a los estudiantes, pero al ser muchos, decidieron repartirlos, por lo que “El Chucky” les metió machete y los metieron en bolsas para que cada grupo se deshiciera de ellos como quisiera.
Respecto a las ubicaciones (primer destino), se conoce que “El Chino” arrojó sus “paquetes” al Río Balsas, “La Gorda” los llevó al pozo de Pueblo Viejo con el apoyo de “El Cuca” y “El Feo”; a “El Moreno” se le pidió que cocinara a diez estudiantes, pero por falta de material, sólo lo hizo con cinco. El resto se los mandó a “El Chucky”.
El día de los hechos, seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en “Bodega Vieja”. El 30 de septiembre, “El Coronel” comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ya se habían encargado de los seis que habían quedado vivos.
El mismo 30 de septiembre, a las 21:11 horas, la Sedena registró una denuncia ciudadana anónima a través del número 089, en la que se menciona:
“A LOS ESTUDIANTES DE LA NORMAL LOS MANTIENEN DENTRO DE UNA BODEGA, LA CUAL ES GRANDE DE CONCRETO TECHO LAMINADO Y CORTINA METÁLICA LA CUAL SE UBICA EN ‘PUEBLO VIEJO’ ENTRANDO A LA COLONIA GUADALUPE”, proporcionando las indicaciones de cómo llegar al lugar, pero no fue atendida.
LOS FUNCIONARIOS VINCULADOS
Aparte del ex procurador Murillo Karam, el informe revela que otros funcionarios estuvieron involucrados: Rodrigo Archundia Barrientos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); y el encargado de despacho de la misma institución, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.
El titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la entonces PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el entonces director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del Gobierno Federal”.
También quien fuera el delegado del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; el entonces comisario de la Policía Federal en el Estado, Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y quien fuera Comandante de la IX Región Militar en Chilpancingo, General Alejandro Saavedra Hernández.
Asimismo, el informe menciona al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero; al titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez; y a Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos.
