Una orden de reaprehensión para que pague los doce años que le falta compurgar de una sentencia de 40 años de prisión y una detención provisional con fines de extradición a EU enfrenta el ex líder del Cartel de Guadalajara
La captura del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, obedece a dos mandamientos judiciales dictados el 10 de agosto de 2013, un día después de su egreso del penal de Puente Grande, en Jalisco.
El primero de ellos es una orden de reaprehensión por su ilegal libertad, al discutirse judicialmente si su causa pena correspondía al fuero federal o al fuero común, ante la duda de si el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, gozaba o no de inmunidad diplomática.
Tiempo después se aclararía por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que era correcta la competencia del fuero federal y se volvió a imponer una pena de 40 años de prisión en contra del ex líder del Cartel de Guadalajara.
A la fecha de su excarcelación, Rafael Caro había purgado solo 28 de los 40 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, plagio o secuestro, asociación delictuosa e inhumación clandestina, por lo que aún le falta que se le ejecute la pena por otros 12 años de privación de la libertad.
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El segundo mandamiento, es una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América para que sea juzgado en ese país, al parecer por el mismo Caso Camarena.
La orden para someter a Caro Quintero a proceso de extradición fue dictada por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.
A salto de mata y desde su escondrijo, al parecer en la sierra del Triángulo Dorado, entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, el narcotraficante lucho jurídicamente contra ambas órdenes para apresarlo, pero fue vencido en resoluciones dictadas por jueces de distrito.
Sin embargo, en lo que se refiere al procedimiento de extradición, el asunto apenas iniciará en cuanto los Estados Unidos formalicen la petición de llevarlo ante la justicia de su país, por lo que aún tiene derecho a ser oído y vencido legalmente.
