La titular del Ejecutivo estatal sostuvo que no permitirá que el dinero de los bajacalifornianos se vaya en “proyectos fantasma” como el de la planta fotovoltaica, no porque su administración la haya cancelado, sino porque el gobierno federal no otorgó los permisos.
ENSENADA.- “No habrá impunidad, pero tampoco habrá cacería, se va a respetar el derecho… sin simulaciones, sin persecuciones, es jurídico”, aseguró la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre la investigación contra el exgobernador Jaime Bonilla y funcionarios de la pasada administración por daños al erario público en torno a la planta fotovoltaica Next Energy.
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En atención a medios la mañana de este miércoles 27 de julio dentro de las instalaciones de la Segunda Región Naval, la titular del Ejecutivo estatal sostuvo que no permitirá que el dinero de los bajacalifornianos se vaya en “proyectos fantasma”.
Recordó que la investigación deriva de un convenio y fideicomiso que obliga al gobierno estatal al pago de 123 millones de mensuales, de arranque, “por algo que no se va a construir” no porque su administración lo haya cancelado, sino porque el gobierno federal no otorgó los permisos.
Yo no puedo comprometer los recursos de los bajacalifornianos, ¿qué hubieran hecho ustedes, lo pagaban?, cuestionó a los reporteros.
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Insistió en preguntar, ¿cómo me hubiera visto yo como gobernadora pagando 123 millones de pesos mensuales de las participaciones federales por algo que no se va a construir? Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo, quiero pensar, es lo más responsable. A lo mejor alguien los hubiera pagado si hubiera un interés económico detrás, sentenció.
Al respecto, el fiscal general en Baja California, Ricardo Iván Carpio, secundó a la gobernadora al sostener que no habrá impunidad contra nadie, indistintamente de quien se trate; no hay nada particular, personal ni político en la Fiscalía que motive su actuar, el propósito es procurar justicia y proteger el patrimonio de los bajacalifornianos, agregó.
Puntualizó que existe una investigación activa y ya hay fecha para la audiencia inicial -el 15 de agosto-, por presuntos actos delictivos cometidos por servidores públicos.
