Para el doctor Luis Arriaga, el asesinato de jesuitas en Urique, Chihuahua, evidencia “grandes deficiencias del sistema de seguridad pública”. Estrategia de AMLO “no ha dado los resultados esperados”
El rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, doctor Luis Arriaga Valenzuela, Sacerdote Jesuita (SJ), considera que el asesinato de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, “visibiliza las grandes deficiencias del sistema de seguridad pública que tiene México”, y planteó que las Fuerzas Armadas se separen de manera paulatina del combate a la inseguridad.
“Creo que hay que hacer un retiro gradual de las Fuerzas Armadas porque la Guardia Nacional ya se comprobó que no tiene un carácter civil”, manifestó en entrevista con ZETA el sacerdote perteneciente a la Compañía de Jesús.
Arriaga Valenzuela, quien desde enero de 2022 asumió la rectoría de la Ibero CDMX-Tijuana, estimó que la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “no ha dado los resultados que hemos esperado los mexicanos y las mexicanas”.
Sostuvo que la ejecución de los padres Javier y Joaquín, acaecida el 20 de junio en la Comunidad chihuahuense de Cerocahui, abrió camino a la comunidad jesuita “para discernir qué toca, qué sigue” en cuanto a acciones o propuestas a desarrollar ante el clima de violencia que predomina en la República Mexicana.
“Creemos importante que de este caso se desprenda una agenda pública en temas muy importantes, como el tema de seguridad, de acceso a la justicia, de las comisiones de la verdad, etcétera, que están detrás de todo esto”, manifestó.
Publicidad
__
En opinión del entrevistado, es prioritario revisar la función de la Guardia Nacional para establecer si la corporación ha venido implementando de manera correcta las “medidas para reducir los altos índices de criminalidad” en el territorio nacional.
Creada en 2019 mediante decreto emitido el 26 de marzo de ese año, la Guardia Nacional surgió como una corporación de carácter civil, encaminada a las labores de seguridad pública para beneficio de la población mexicana.
Sin embargo, “poco a poco fue un órgano que se fue canteando a ser controlado por el Ejército Mexicano”, señaló el rector de la UIA, en alusión a una corporación en cuyo caso López Obrador pretende adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de una reforma constitucional.
“Entonces, aquí hay este canteo y este desliz de un órgano que en su primer momento fue
Una propuesta de seguridad ciudadana para garantizar el derecho a la seguridad y vivir como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos: liberados del temor y de la miseria, a un órgano que se fue militarizando y ahora encontramos una Guardia Nacional pues militarizada”, estableció Arriaga Valenzuela, quien agregó que con la conformación actual de la institución, “se dan condiciones no adecuadas para que se den mecanismos de generación de confianza”.
El retiro gradual de las Fuerzas Armadas “ha sido una recomendación también que han dado los organismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, remarcó.
En un contexto en el que prepondera la participación de militares en el combate a la delincuencia, Arriaga Valenzuela hizo referencia a una escasez de agentes policíacos propiamente preparados. Reveló que según le comentó el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconoció que en esa entidad “estaban rebasados como policías”, de ahí que tuvieran que “hacer uso de estos cuerpos castrenses para atender determinadas zonas del Estado”.
Recordó que el director del Centro Agustín Pro Juárez acompañó al provincial de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro Madrid, SJ., en las diligencias de reconocimiento de los cuerpos de Javier Campos y Joaquín Mora, así como “en las exequias de los dos padres”, cuyos cadáveres fueron recuperados el 22 de junio sobre la carretera que conecta San Rafael con Creel, junto con el cadáver del guía de turistas Pedro Palma, asesinado en el curso de los mismos hechos que los sacerdotes.
El mismo día en que tuvieron lugar las agresiones, Moro Madrid informó que Campos Morales y Mora Salazar fueron ultimados “luego de intentar defender a un hombre que buscaba refugio en el templo y que era perseguido por una persona armada”.
Los cuerpos de los dos jesuitas, así como el del guía de turistas, fueron extraídos de la parroquia ubicada en Cerocahui (municipio de Urique), Chihuahua. De ahí que para el 21 de junio, la comunidad jesuita en México exigiera justicia y que se recuperaran los cadáveres.
En cuanto a la persona de la que iba huyendo Pedro Palma, la fiscalía de Chihuahua la identificó como José “N” alias “El Chueco” y ofrece 5 millones de pesos a quien proporcione información que lleve a su captura.
Luis Arriaga Valenzuela, quien es originario de Tijuana y se desempeña como decimonoveno rector de la Universidad Iberoamericana, expuso que, ante la falta de resultados atribuible a los elementos castrenses en materia de combate a la delincuencia, es preciso “fortalecer a las policías en tareas de seguridad”, lo cual implica “asignarles un presupuesto, generar condiciones también laborales suficientes para que estos policías estén bien preparados y formados en derechos humanos”.
Opinó que además de prescindir gradualmente de las Fuerzas Armadas y de reforzar las corporaciones policíacas, “tiene que haber un ejercicio de rendición de cuentas por parte de estos cuerpos de seguridad, sean castrenses o sean civiles, hacia la población; y finalmente, que se creen sistemas de monitoreo de la violencia eficientes (y) den cuenta” de las tareas de combate o de los índices de criminalidad.
Advirtió que al esquema correspondiente no se le ha incorporado “una visión de participación ciudadana” que se traduzca a “órganos ciudadanos participando activa y eficazmente en esas estrategias contra el crimen organizado”.
No dejó de lado el tema de la impunidad. Señaló que, desde 2006, en México existe un registro de 350 mil muertos y 100 mil desaparecidos. En muchos de los casos de desapariciones, dijo, las autoridades competentes no cumplen las políticas de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
“Entonces, bueno, por un lado, la impunidad, que es esta ausencia de justicia en una conducta ilegal o en una violación de derechos humanos, una falta de investigación o persecución de la captura de los responsables y una condena, y entonces esta impunidad permite que los diversos casos que se presentan en México se sigan cometiendo, porque no hay un freno que les ponga un alto”, alertó.
JAVIER Y JOAQUÍN “DEJARON UN TESTIMONIO DE RESISTENCIA FRENTE A CONTEXTOS DE VIOLENCIA”
Habiéndose ordenado sacerdote el 8 de junio de 1972 en Ciudad de México, un año después, Javier Campos Morales, SJ inició “su misión como superior local, vicario pastoral y episcopal en la Sierra Tarahumara (Chihuahua)”, según dio a conocer la comunidad jesuita. Por espacio de 51 años, se desempeñó como misionero en esa extensión montañosa.
Joaquín César Mora Salazar, SJ se ordenó el 1 de mayo de 1971 en Monterrey, Nuevo León. En 1976 misionó en la Tarahumara durante seis meses, en Sisoguichi. Como sacerdote jesuita dedicaría, en total, 23 años y medio a la misión en la sierra, llegando a asumir distintas ocupaciones.
El rector Arriaga Valenzuela mencionó que los dos sacerdotes se enfocaron “a atender de manera pastoral una región muy grande en la Tarahumara”, donde las distancias son extensas. “Entonces, de trasladarse de una comunidad a otra son cinco horas y de ahí otras ocho horas a otra comunidad”, ejemplificó.
Expuso que Campos Morales y Mora Salazar, quienes en su papel de misioneros en la Sierra Tarahumara se dedicaban a la labor educativa, ejercían “acciones que requieren mucho tiempo, mucha paciencia y mucha entereza de los sujetos que están trabajando en estas comunidades”, en las que “también se viven grandes periodos de soledad y se requiere una fortaleza espiritual muy honda”.
El académico describió a ambos jesuitas como “personas que han dejado un testimonio de resistencia frente a contextos de violencia”, así como “un testimonio de auténtica solidaridad con los más pobres de este país y los grupos olvidados, los grupos marginados, que son los indígenas rarámuris de la Tarahumara”.
De los padres asesinados, subrayó que se definieron por “una creencia muy insertada en sus corazones, del seguimiento de Jesús pobre y humilde” y “una espiritualidad de frontera”, consistente en “estar en los lugares donde nadie quiere estar”.
Del Padre Jesús, quien estaba en la Parroquia de Cerocahui cuando Javier y Joaquín fueron ultimados, reveló: “Está en la misión, por allá, por allá se quedó también”.
El entrevistado estableció que la labor de los jesuitas no menguará en las zonas marginadas:
“Nosotros no vamos a perder la presencia, no nos vamos a retirar de ningún lugar porque nuestro compromiso es firme, inquebrantable con los grupos vulnerables”.
Recalcó que para ello han sido llamados como Compañía de Jesús.
Con el antecedente de la muerte a mano armada de los padres Javier y Joaquín, el Estado mexicano debe garantizar “condiciones de seguridad no sólo para los jesuitas ni para las religiosas, ni para los laicos que trabajan con los jesuitas o con las religiosas y que tienen obras educativas, de salud, pastorales; sino para todas las comunidades” que viven “bajo el asedio de estos grupos criminales”, opinó.
Frente al caso de los sacerdotes asesinados, Compañía de Jesús demanda el esclarecimiento de los hechos, tanto para los familiares de las víctimas como para la sociedad en su conjunto, “una investigación diligente y una identificación y captura de los responsables”, así como la toma de decisiones orientadas a que sucesos como ese no se repitan”, urgió.
Por último, “que se implementen medidas para que estos hechos de violencia, de barbarie, no se sigan repitiendo en nuestro país; esa es la mejor medida de no repetición que pueden implementar en este momento, que pongan un freno a esta violencia”.
