El auditor David Colmenares Páramo entregó este 30 de junio el primer informe individual de auditorías de la Cuenta Pública 2021, en el que el máximo organismo fiscalizador detectó irregularidades por mil 38 mdp
La ASF observó a Baja California 23 millones 333.1 miles de pesos, con lo que la entidad se ubicó dentro de los 10 estados con los montos observados más elevados por irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público.
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En las irregularidades observadas se encuentran siete millones 543.5 miles de pesos corresponden al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que presuntamente se habrían utilizado para la compra de armamento, cargadores y municiones que no fueron recibidos.
“Cabe señalar que, con base en el oficio número DCAM/OPTVO./M.J.C.-5540/2021, el director general de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional comunicó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el proceso de compras consolidadas 2021, razón por la cual se excluye el monto de la solicitud de aclaración correspondiente al pago para la adquisición del armamento y municiones que no fueron recibidos por el estado, para la calificación del dictamen”.
La ASF también identificó que no se aplicaron todos los recursos para los fines y objetivos del FASP, ya que se reintegraron 19 millones 433.1 miles de pesos, que la Secretaría de Hacienda no transfirió los rendimientos financieros generados en su cuenta al ejecutor, para el ejercicio de los recursos en los fines del fondo y que la Fiscalía General del Estado de Baja California no registró presupuestariamente los rendimientos financieros generados en su cuenta bancaria.
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Por otro lado, una auditoría hecha a la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) la ASF encontró que el gobierno estatal “incumplió la normativa”, principalmente en materia de plantilla del personal del Conalep BC, por el pago de plazas no autorizadas y pagos durante el periodo de licencias y posteriores a la baja del personal.
“Se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación”, refiere el documento, que indica que en el transcurso de la auditoría se recuperaron cuatro mil 538.0 pesos.
El Conalep de BC tampoco entregó 63 comprobantes fiscales CFDI por el pago de servicios, y aunque en el transcurso de la auditoría entregó 47, aún quedan por solventar 16.
La ASF señala que el Gobierno del Estado obtuvo 630 millones 515.0 miles de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). En este rubro el gobierno estatal también incumplió, entre otras leyes, la de Coordinación Fiscal, Contabilidad Gubernamental, de Asistencia Social, de Disciplina Financiera ya que no proporcionó documentación que acreditara la entrega de bienes, ni entregó las estimaciones de las obras de los contratos y evidencia fotográfica georreferenciada de obras.
Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. Durante la auditoría se pudieron recuperar 16 millones 62 mil 298.92 pesos.
En este rubro el DIF Baja California realizó pagos por 43.9 miles de pesos con cheque -y no de forma electrónica- por concepto de materiales y suministros para el componente de Asistencia Social; por lo que el Órgano de Control Interno inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas.
En esta paraestatal se revisaron tres contratos de adquisiciones (ADQ-21-002, ADQ-21-012 y PS21-010) y se constató que el contrato número PS-21-010 fue por adjudicación directa, sin presentar un dictamen de excepción a la licitación pública y no se ajustó a los montos máximos.
El Gobierno del Estado de Baja California incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del formato destino del gasto. Tampoco remitió ni publicó tres trimestres del formato ficha de indicadores en sus medios oficiales de difusión, determinó la ASF.
ASF observa más de mil mdp en 207 auditorías
En su primera entrega de informes individuales a la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por mil 38 millones 195.8 mil pesos de recursos federales ejercidos por diferentes órdenes de gobierno.
En la administración federal, las dependencias con más irregularidades fueron las secretarías de Educación, con 385 millones 563.6 miles de pesos, y de Seguridad, con 252 millones 245.7 miles de pesos.
Seguidas por Secretaría del Medio Ambiente, con 120 millones 699 mil pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 120 millones 668.0 miles de pesos; y Secretaría de Hacienda, 92 millones 482.3 miles de pesos.
Al hacer la primera entrega de los informes de la Cuenta Pública 2021, el auditor superior David Colmenares Páramo explicó que en esta primera entrega se realizaron 207 informes individuales: 127 de cumplimiento financiero, 7 de desempeño, 14 de cumplimiento a inversiones físicas.
Además 55 auditorías combinadas de cumplimiento y desempeño, así como 4 de cumplimiento a Tecnologías de la Información y Comunicaciones, abundó ante legisladores de la Cámara de Diputados.
En cuanto a las 169 auditorías de gasto federalizado, la ASF detectó irregularidades por 38 mil 787 millones 873.8 miles de pesos a las 32 entidades federativas. Los estados con más observaciones fueron: Michoacán (144.9 mdp), San Luis Potosí (76.2 mdp), Ciudad de México (55.4 mdp), Quintana Roo (55.1 mdp) y Chihuahua (34.1 mdp).
Seguidos por Nayarit (27.7 mdp), Zacatecas (25.2 mdp), Aguascalientes (24.6 mdp), Baja California (23.3 mdp) y Veracruz (15.6 mdp).
Se espera que el segundo y tercer informe sean entregados en los meses de octubre y febrero de 2023.
En su discurso, Colmenares Páramo destacó que las observaciones contenidas en los informes entran legalmente a un proceso de solventación.
No obstante, consideró que existe una necesidad permanente de que se cuente con mecanismos “cada vez más eficaces y eficientes para constatar la calidad de los trabajos, así como su impacto, en términos del beneficio social que buscan propiciar”.
En ese sentido, hizo énfasis en la supervisión financiera y administrativa del desarrollo de las obras, para que se refleje en plazos de ejecución o montos pactados acordes a la complejidad de las obras, la entrega oportuna de anticipos, la puntual formalización de convenios modificatorios; además de la robustez en la documentación justificativa.
La fiscalización de estos procesos ha permitido señalar la relevancia de consolidar el vínculo entre los resultados de las evaluaciones del desempeño y los procesos de mejora de la gestión de fondos y programas, especialmente en los ámbitos estatal y municipal.
Apuntó que en cuanto a la gestión de los programas públicos, se puede mejorar la vigilancia, por parte de los entes auditados, en la acreditación de resultados del avance en la atención del problema público que se atienda, la integración y actualización de los padrones de beneficiarios, así como la operación con enfoque en resultados.
