Masacres, tortura, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, así como feminicidios, son considerados como atrocidades
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Más de tres mil 123 crímenes de extrema violencia, que pueden ser clasificados como atrocidades, se cometieron en nuestro país entre enero y junio del 2022, de acuerdo con el estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, elaborado por Causa en Común.
Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
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Durante los primeros seis meses de 2022 se registraron al menos 250 masacres; 856 casos de tortura; 426 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 410 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y al menos 12 asesinatos de periodistas.
Para reflexionar sobre el tema y presentar el informe semestral, Causa en Común organizó el foro “México, una galería de atrocidades”, con la participación del periodista Luis Chaparro, el especialista en Derechos Humanos, Jacobo Dayán, y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
Karla Palazuelos Campos comentó que, si bien la acumulación de atrocidades en ciertos estados corresponde con la operación de grupos de narcotráfico, hay que hablar de diferentes violencias. Los feminicidios, por ejemplo, ocurren en todos los estados y están cambiando tanto en número como en características.
En su turno, Jacobo Dayán señaló que la visión de que tenemos una violencia a causa de grandes capos de la droga alimenta el discurso de militarizar la seguridad pública. Cuando el Estado tiene una visión monolítica de la violencia, tiene una solución monolítica: la militarización.
Como ejemplo, apuntó que la tortura es una práctica generalizada y el Poder Judicial ha decidido coexistir con ella sin mover un dedo: hay más de 30 mil casos de tortura denunciados en las fiscalías y solo hay 43 sentencias por este delito.
Expuso otro dato: en cifras oficiales hay 100 mil personas desaparecidas en México, pero solamente 50 sentenciados por dicho delito.
Sostuvo que erróneamente se ha vinculado el éxito de políticas de seguridad mirando las cifras a la baja de homicidios; sin embargo, menos homicidios en cifras oficiales no reflejan una disminución de las violencias.
“Vemos en algunas partes del país reducción de homicidios, pero aumento brutal de personas desaparecidas”, apuntó.
“Lo que tenemos en México son una serie de violencias que pensamos que son generadas por un solo grupo y es una violencia monolítica, cuando ante lo que estamos son violencias diferenciadas en lo territorial”, reflexionó.
Así, la violencia se gestiona como una forma de control de mercados lícitos e ilícitos, en lo local; dependiendo de la región del país se puede hablar de violencia producida por control de la agricultura, del tráfico de personas, cobro de piso y extorsión, huachicol, rutas de narcotráfico y otras.
En relación con el tema, la organización propone los siguientes puntos:
Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; y b) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.
Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
Es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.
