Integrantes de la delincuencia organizada se identifican en cobro de piso en restaurantes de mariscos y negocios con venta de alcohol. Empresarios denuncian que estos grupos imponen restricciones de horarios a comercios
El 2 de julio, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron un operativo supuestamente para asegurar producto marino en veda. La movilización se hizo de manera silenciosa entre elementos de la Policía Municipal de La Paz y agentes federales.
La información sobre el operativo se ha manejado con gran sigilo. Sólo se sabe que se detuvo a una persona del sexo masculino en el callejón Punta Quebrada y Campeche de la colonia Ciudad del Cielo.
Elementos de la unidad canina K9 aseguraron la mercancía prohibida, poniéndola a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.
Según información extraoficial compartida a ZETA, el detenido no sólo se dedicaba a la venta de productos en veda, sino que presuntamente es integrante de una banda dedicada al cobro de piso a comerciantes de pescados y mariscos, revelaron fuentes de Inteligencia estatal.
“Lo que hicieron para lograr su detención, ante la falta de denuncias, fue que la Unidad de Inteligencia de la Fiscalía mantuvo estrecha vigilancia para identificar los días y horarios en que el detenido recibiera producto en veda, y de esta manera lograr su detención por dicho motivo, seguido a esto continuar con lo del cobro de piso”, confió a este Semanario un agente estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
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El operativo especial fue montado y manejado con bajo perfil, sin embargo, los residentes de la zona denunciaron la presencia de personas armadas a los números de Emergencia, lo cual generó la presencia de policías municipales.
ZETA dio cuenta de por lo menos 13 patrullas resguardando el sitio.
A casi dos semanas de efectuado el operativo, ninguna institución federal o estatal ha dado cuenta de ello, lo cual concuerda con lo dicho por agentes estatales, que querían “actuar sigilosamente” para evitar filtraciones.
“Estamos integrando ya los expedientes, derivado de las quejas que se han presentado, desde octubre (2021) el problema se agudizó en San Carlos, La Purísima, San Juanico, Insurgentes y hasta el municipio de Loreto, donde ya hay repercusiones sobre el cobro de piso a los pescadores”, expresó el elemento de la PGJE.
A pesar de los informes que aseguran hay “control” sobre ese problema en Comondú y Loreto, en la Capital ya están sintiendo los estragos de la delincuencia.
“Por lo menos éramos quince comercios, entre pescaderías y restaurantes, sólo estoy hablando de nuestro proveedor, que era un señor de familia pescadora, él es de San Carlos, desde octubre del año pasado y todavía noviembre, dejó de venir, ya no nos surtió, y justamente nos dice que ya no nos puede vender a nosotros, que todo el producto se lo entrega a ciertas personas y ellas son quienes lo venden al precio que ellos ponen. Además, que les pagan como quieren el producto de salida”, recordó uno de los empresarios del sector restaurantero de La Paz.
De acuerdo con empresarios -quienes pidieron omitir sus nombres-, presuntos extorsionadores dedicados al cobro de piso pertenecen a una agrupación que ellos llaman “La Plaza”, haciendo referencia a los grupos establecidos en Baja California Sur.
Por otro lado, la Agencia Estatal de Investigación Criminal ha dado cuenta que el control mayoritario en Sudcalifornia lo tiene el Cártel de Sinaloa (CDS), en tanto, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sólo dispone del trasiego de productos ilícitos. Otros cárteles como el Beltrán Leyva mantienen presencia en la Zona Norte de la entidad.
“Por supuesto nos hemos visto afectados, el camarón, que era el que surtíamos principalmente de San Carlos, ya no llega y, si llega, viene con un precio más caro, es el que están poniendo los intermediarios”, reconoció el empresario consultado por este Semanario.
GIROS RESTRINGIDOS POR “LA PLAZA”
Para el Gobierno de Baja California Sur, el cobro de piso y las extorsiones no son un tema latente en la entidad. El Gobernador Víctor Castro Cosío ha reiterado y sostenido el mismo discurso a lo largo del año: “No alarmemos a la gente con asuntos que realmente en Baja California Sur no se están presentando, de la manera que sea, como para decir que el narcotráfico tiene sus reales”.
Sin embargo, los empresarios en Sudcalifornia están preocupados por lo que a diario ocurre con los comerciantes, restauranteros, bares y los mismos pescadores.
En su reciente visita a BCS, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, expuso que los empresarios de distintos sectores fueron convocados a una reunión de seguridad con los empresarios, y todo resultó un simple encuentro político.
Aun así, los patrones se acercaron a la autoridad de Gobernación local, allí evidenciaron los problemas de cobro de piso y extorsión.
“Tenemos conocimiento de dichas actividades criminales en los negocios de la barra maleconera de La Paz, tememos por nuestra tranquilidad, ya son al menos cinco comercios dedicados a bares y centros nocturnos que no sólo recibieron llamadas de advertencia o extorsión, lo que nunca nos había pasado: tuvimos la visita en físico de personas que se apersonaron a nombre de ‘La Plaza’, que son quienes están encargados ahora del negocio”, denunció uno de los empresarios restaurantero de La Paz.
Confirman el cobro de piso en comercios, principalmente los que cuentan con venta de pescados y mariscos, y de la misma forma, a los pescadores que les surtían producto, aunado a amenazas a aquellos que poseen bares y centros nocturnos.
En estos giros, particularmente los ubicados en la zona del Malecón de La Paz, ya los visitaron personalmente criminales vinculados a “La Plaza” para solicitar el monopolio de la venta de la cerveza, vinos y licores, además de cigarros, especialmente de las marcas Marlboro y Benson & Hedges.
“No les pidieron cobro de piso como tal, acudieron y les informaron que ellos estaban a cargo de la venta de alcohol, cerveza, vinos y licores, además de cigarros. Que si querían continuar con la venta, debían comprarles a ellos, sin restricción alguna de los horarios, así llegaran autoridades, cuentan con la autorización necesaria. Confirman que mantienen personas vigilando los establecimientos”, señaló el miembro del sector empresarial.
Fuentes de Inteligencia revelaron a ZETA diversos factores por los que los grupos que están operando cobro de piso y restricciones, tendrían nexos principalmente con bandas foráneas.
“Los cuentos de narcos en Sinaloa, de que personas armadas amenazan a personas si no se hace lo que ellos quieren, ya es un hecho, es lamentable lo que nos está pasando, a los paceños nos están aplastando con total impunidad, que porque no reciben la atención inmediata amenazan al personal, a los clientes, si no les parece algo. Ya hemos visto bastante, necesitamos atención del Gobierno Federal, en el Estado dicen que no pasa nada porque no hay denuncia, ¿quién en su sano juicio va a denunciar, si ellos mismos los están dejando trabajar?”, cuestionan los denunciantes.
Sin embargo, tanto el Gobernador como los funcionarios estatales sostienen que “no hay denuncias”.
“Parece una contradicción, pero es cierta. Para activar el aparato gubernamental necesitamos forzosamente una denuncia, no hemos recibido alguna denuncia al respecto, por tanto, seguimos atendiendo otros temas”, refieren agentes de Investigación.
PISO Y HORARIOS
“Carlos” es comerciante de pescados y mariscos. Su familia se dedica a esta actividad en Sinaloa, y desde hace algunos años, trasladaron el negocio familiar a La Paz, BCS.
Hace algunos meses recibió una llamada que le cambiaría el panorama. De tener una oportunidad para crecer en la entidad, le pidieron alrededor de 10 mil pesos mensuales por seguir laborando.
“Había escuchado de las llamadas de extorsión, siempre hablábamos en la familia si esto llegara a pasar, qué hacer, colgar y bloquear el número, y así fue la primera llamada. Te estoy hablando de hace un mes, no di importancia, hasta que de pronto me llegaron fotos del negocio, de mi casa, carro, familia y mis horarios de entrada y salida, no sólo de mi local; también de mi casa, me preocupé, desde luego”, relató Carlos.
En familia, tomaron la decisión de traspasar el negocio y olvidarse de ese rubro, “pues les debo comprar el producto (marisco) a ellos, o bien, pagar una cuota de 10 mil pesos al mes, no me alcanza para nada, y todavía mantener a gente que no trabaja… Mi papá llegó a la decisión de traspasar el comercio, ya no podemos, era el negocio familiar y hasta aquí llegamos. Se supone que llegamos aquí por una nueva oportunidad, de crecer tranquilos como familia. Por el contrario: llegamos a vivir con miedo”, manifestó el comerciante.
Por su parte, la señora Edith cuenta con un Modelorama en la comunidad Los Barriles, al Sur de La Paz. A ella no le pidieron piso, pero sí le restringieron los horarios de venta de cerveza.
La situación que inicialmente se le hizo rara, fue que de pronto la cervecería dejó de visitarlos hace algunos meses, ya no acudieron para seguir vendiendo.
“Sin aviso previo sólo dejó de venir hace apenas dos meses, de pronto dejaron de tener el servicio, dizque bajó la producción y no tienen para acercarnos. Lo que hacemos ahora es ir a Chedraui y comprar de diez cartones cada quien en la familia, y así me van trayendo”, compartió.
Es por todos sabido en la familia de Edith, que una mañana la visitaron y le dijeron claramente que dejara de vender bebidas alcohólicas a partir de las diez de la noche, porque había llegado una “nueva administración” y ellos se encargarían de la venta a partir de esa hora.
Misma situación por la que atraviesan decenas de comercios en la Capital del Estado, incluso tiendas Oxxo anteriormente vendían alcohol hasta las dos de la mañana y ahora cierran la venta a las diez de la noche. Cabe aclarar que no hay restricción del Comité Estatal de Seguridad en Salud por el tema de coronavirus, sino un permiso hasta las 01:00 horas y un aforo permitido del 60%.
Si bien, a Edith no le han cobrado piso, “vinieron y se pararon al depósito (Modelorama) y nos avisaron que la venta sería hasta las diez de la noche, no más, ni con permiso”, recordó.
— ¿Fueron las autoridades de comercio?, cuestionó este Semanario.
“No, fue dizque gente de ‘La Plaza’, que no había permiso de vender fuera de ese horario, así fuera autorizado por la misma presidenta (La Paz), y que ellos iban a cerciorarse del cumplimiento”, denunció la comerciante.
BASTA DE OMISIÓN: IGLESIA
Durante la homilía de la misa dominical del 10 de julio en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz se dirigió hacia los presentes y denunció la violencia en la que está inmerso el país, que ha tocado la puerta de BCS en los últimos años y meses.
Alba fue el primero en alzar la voz a inicios de 2022, evidenciando el cobro de piso a pescadores de los campos pesqueros de Comondú y dar cuenta de los problemas que se han ido extendiendo a La Paz y Loreto, aunado a la descomposición social e impunidad con que actúan las bandas delincuenciales.
“A veces esa violencia también incruenta, que se da cuando las personas sufren, cuando son extorsionadas, chantajeadas, cuando se les cobra piso, cuando de tantas maneras se les hace sufrir. Ante esta situación, la Iglesia en México a través de los obispos ha querido levantar la voz y pedir unirnos en una Jornada de Oración. Hablamos con quienes tienen autoridad, con quienes tienen la obligación, el deber y responsabilidad de velar por la seguridad de nuestro país, sin embargo, ellos no ven a nuestro país salpicado de sangre, nos dicen que todo va bien, tienen ojos y no ven”, lanzó el Obispo de la Diócesis de La Paz.
En opinión del religioso, el Gobierno del Estado en Sudcalifornia no ha cumplido con su compromiso y su obligación del levar la seguridad a todos los ciudadanos, y al igual que en el resto del país, las personas no sólo son víctimas de la delincuencia organizada, sino de las políticas públicas, por el Estado fallido de la seguridad, omisión por parte de los gobernantes que afirman que no existen denuncias por cobro de piso y control de plaza.
Sigue siendo un secreto a voces, en el que los únicos que desconocen de la inseguridad, son quienes deben protegernos.
“Víctimas de bandas criminales que operan impunemente en nuestro país, y a quienes se les permite operar. El hombre que transitaba a su casa también es víctima de unas autoridades omisas que prometieron cumplir y hacer cumplir las leyes, que no han cumplido con su principal responsabilidad de brindar seguridad a todo nuestro pueblo, a todas las personas”, externó el Obispo Miguel Ángel Alba Díaz, e hizo oración para que las autoridades despierten y actúen conforme a derecho. Que castiguen con el peso de la Ley a quienes están haciendo sufrir a los sudcalifornianos, porque ser corrupto es sinónimo de omisión y complicidad criminal.
“Esperamos que se brinde seguridad, que nos garanticen que no habrá impunidad, porque permitirlo, ser omisos, es la principal forma de ser corrupto por parte de cualquier autoridad; ser omiso es una forma de complicidad”, finalizó Alba Díaz.
