Ningún gobierno queda exento. En Baja California, tanto el del Estado como los ayuntamientos, y en el ámbito federal, ni hablar. El Gobierno de la República también le entra a la opacidad. Falsas promesas de campaña de transparentar el ejercicio de gobierno para, en que fuesen realidad las tan cacareadas palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de “no somos iguales” con relación a las anteriores administraciones, sean del Partido Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.
La evidente realidad es que al menos en términos de transparencia, sí son iguales: les gusta la opacidad. Reservar información de cómo gastan o invierten los recursos públicos, no alimentar las plataformas de Transparencia, a las que por Ley están obligados a hacer del conocimiento público, nóminas, adquisiciones, convenios, contratos, alianzas y todo aquello que tenga que ver con el gasto de los dineros públicos, provenientes de los impuestos de los ciudadanos y las empresas.
En Baja California, una inversión de más de mil millones de pesos ha sido reservada por cinco años, se trata del contrato que signó el gobierno de Marina Ávila Olmeda con la empresa Seguritech, que ya en una ocasión -en la administración de Francisco Vega de Lamadrid- estafó al Estado, vendiéndole a sobreprecio, equipo obsoleto para la seguridad y la vigilancia en la región.
En el Gobierno de México se han reservado todo tipo de contratos, especialmente aquellos que tienen que ver con sus proyectos insignia, como las obras del Aeropuerto Santa Lucía, las del Tren Maya, incluso la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Pero hace unos días, se fueron profundo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entidad encargada de la administración de los recursos federales, informó que la plataforma Compranet, en la cual cualquier ciudadano puede acceder para conocer a quien, cómo, qué, por cuánto y dónde, están comprando los gobiernos sus servicios, productos y obras, estaba fuera de servicio porque presentaba algunas fallas, por lo tanto, sería suspendida de manera temporal. Eso fue el 18 de julio.
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Nueve días después, el martes 26, de nueva cuenta Hacienda emitió información respecto de las fallas en la página que transparenta, o al menos lo aparenta, las transacciones gubernamentales. Descaradamente argumentaron que se trata de una falla en el sistema de almacenamiento de la información, lo cual indica que no hay mantenimiento en las plataformas (quién sabe si eso tenga que ver con la austeridad republicana o franciscana para ahorrar dinero público), y que evidentemente, siendo un tema no menor, la plataforma estaría funcionando hasta los primeros días de agosto, sin especificar qué día y a qué hora, los ciudadanos podrían consultar de nueva cuenta la herramienta creada para combatir la opacidad.
Si consideramos “los primeros días de agosto”, la primera semana que concluye el 7 de ese mes, estaríamos hablando que durante 21 días, la opacidad reina en México. No hay manera de saber qué están comprando, a quién lo están haciendo y a qué precio. Nada. La plataforma caída por errores y fallas, en mantenimiento constante como se requiere en ese tipo de herramientas, se pudieron evitar.
A su vez, los institutos de Transparencia son ignorados por los funcionarios de cualquier orden de gobierno: federal, estatal o municipal, que responden a las solicitudes de información y transparencia con vaguedades, echándose unos a otros el tema, o de plano, con aquello de que o no tienen información, o no es su responsabilidad, o está reservada. Los ciudadanos, mayormente reporteros, activistas y organizaciones de la sociedad civil, deben entonces emprender juicios de amparo y otros recursos para que los Institutos de Transparencia obliguen a los gobiernos a proveer la información requerida que por Ley es pública.
Aparte, el manejo de los programas de información federal, estatales o municipales, como los Registros Públicos de Propiedad y Comercio, Catastro o Reglamentos, son constantemente manipulados, de acuerdo a los intereses del gobierno en turno. Lo hicieron en el PRI, en el PAN y ahora en Morena. Se han eliminado o alterado registros públicos en Baja California sobre las propiedades de personas públicas, sean del ámbito político, empresarial e incluso criminal.
El manejo discrecional que tienen con las plataformas de acceso a la información, la negativa a proveer la información de manera permanente en las páginas de Transparencia en los gobiernos de Morena en Baja California y el país, es exactamente la misma actitud opaca, corrupta y ventajosa que los ciudadanos padecieron en las anteriores administraciones, tan criticadas por el Gobierno de México, aunque no por los gobiernos locales.
La licenciada Marina del Pilar Ávila Olmeda oculta hasta la concerniente a su antecesor en el Gobierno del Estado, Jaime Bonilla Valdez, y ni hablar que por segunda administración morenista consecutiva, le ha ampliado la impunidad al último mandatario emanado del PAN, el corruptamente célebre Francisco “Kiko” Vega, quien de ser señalado de harta corrupción junto con sus colaboradores, ahora vive tranquilamente sin ser perseguido por autoridad alguna, tras dejar al Gobierno de Baja California prácticamente en bancarrota.
En política, es evidente, se protegen con impunidad unos a otros, y cuando un gobernador osa hacer lo contrario, como el caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que con bases ha presentado denuncias por enriquecimiento ilícito contra su antecesor, Alejandro Moreno Cárdenas, ahora dirigente del PRI, es criticado hasta en Palacio Nacional.
De Marina Ávila se esperaba que no dejara en la impunidad los excesos, abusos, transas y corrupción documentados por la prensa durante la administración de Bonilla Valdez y la de “Kiko” Vega, a quien Bonilla prometió meter a la cárcel. Pero nada. Sólo hay un caso, uno solo, que si no condicionan al fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, podría vincular a proceso al morenista por delitos de corrupción (y a once de sus ex colaboradores).
El último gobernador que realmente investigó la corrupción de la anterior administración en Baja California, fue Ernesto Ruffo Appel, de ahí en adelante, todos han caído en la tentación de protegerse unos a otros, con la premisa de en el futuro, también ser beneficiados con impunidad.
La ausencia de transparencia, la falta de investigación sobre actos de corrupción entre los suyos, contradice las palabras del Presidente con los gobiernos de Morena. A final de cuentas, sí son iguales que los anteriores.
