Ahora sí que la gobernadora tiene que andar dando jalones de orejas porque algunos de sus funcionarios nada más no colaboran. Específicamente se trata del secretario de Seguridad, General Gilberto Landeros Briseño, quien desde que llegó -la primera semana de enero- no ha logrado coincidir en la estrategia, operación y trabajo con el fiscal general del Estado, que es autónomo, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
El problema fue, al menos así lo justifican en el círculo cercano a Marina del Pilar Ávila Olmeda, que cuando ella estaba conformando su gabinete, su propuesta para la Secretaría de Seguridad, que de hecho ella reinstauró luego que Jaime Bonilla la eliminara, era precisamente Carpio Sánchez. El abogado se encargó prácticamente de toda el área de seguridad durante el tiempo de la transición, y rediseñó lo que sería la secretaría que él encabezaría.
Pero como donde manda el Presidente no manda la gobernadora, Marina fue informada que su secretario de Seguridad sería un militar en el retiro, y aunque al inicio de la no negociación -sino imposición- no le proporcionaron el nombre del susodicho, más adelante se enteraría por parte del secretario general de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González, que el bueno para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en Baja California, era el General Gilberto Landeros Briseño. Y así quedó el nombramiento.
La gobernadora, que quiso mantener a Ricardo Iván Carpio en el tema de la seguridad, dada la confianza que le tiene al joven abogado, lo propuso al Congreso del Estado para suceder a Guillermo Ruiz Hernández al frente de la Fiscalía General del Estado, donde (otra vez, pero ahora a su favor) manda Marina y no mandan legisladores locales. Carpio fue votado a favor y se convirtió en el segundo fiscal general autónomo de Baja California.
Y cuando podría pensar que Carpio Sánchez podría guardar algún tipo de resquemor contra quien le quitó la Secretaría de Seguridad al ser impuesto desde la Presidencia, no sucedió así. De hecho, “le fue mejor”, dicen, al convertirse en el procurador de justicia en lugar de prevenirla estrictamente.
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Pero el General Landeros llegó con la espada desenvainada. De entrada, no le gustó la repartición que se hizo al quitarle atribuciones y facultades a la Fiscalía General para integrar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y, por otro lado, la juventud y las ideas del fiscal no son de su total respeto o aprobación.
Total, que ni secretario ha logrado coordinarse con fiscal, ni fiscal hace el intento por unir esfuerzos. La tan cacareada coordinación que luego presumen en los órdenes de gobierno, resulta que no se le da a Marina Ávila, ni en casa.
Quienes sí se coordinan, o por lo menos se coordinaban bajo las órdenes y propuestas del General Saúl Luna Jaimes, quien el 20 de julio dejó la II Zona Militar con sede en Tijuana para hacerse cargo de la XXXII Zona Militar con cabecera en Valladolid, Yucatán, son el Ejército con la Guardia Nacional, el Ejército con la Marina, el Ejército con la FGE, el Ejército con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Ejército con las policías municipales.
Efectivamente, el común denominador en la Mesa de Seguridad, era el Ejército encabezado en la II Zona -que comprende todos los municipios de Baja California- por el General Luna Jaimes… pero ya no está, y corresponderá a su sucesor determinar si continúa con la misma estrategia de coordinación con todas las corporaciones, o se repliega a sólo colaborar con la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la República.
La estrategia del General Luna funcionó. Un reportaje incluido en esta edición de ZETA, da cuenta de los homicidas con órdenes de aprehensión que ninguna autoridad local anda buscando, pero el General andaba tras de ellos, a partir de exhibirlos en mantas, llamar a la ciudadanía a denunciar la presencia de alguno de ellos, y activando canales de comunicación para entablar diálogo con los bajacalifornianos. También se publica que sus estrategias de blindar la ciudad por zonas y por un límite de tiempo, funcionaron en la disminución de homicidios dolosos cometidos.
Pero Baja California no está sobre rosas. Los números de la inseguridad aun con la disminución, siguen siendo altos y los hechos criminales por parte de tres cárteles -Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Arellano Félix- siguen vulnerando a la sociedad. Al día de hoy, en todo BC se han cometido mil 444 asesinatos, mil 119 de los mismos en Tijuana, la ciudad más poblada y la de mayor inseguridad.
En este contexto, resulta urgente, apremiante, la coordinación entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, General Gilberto Landeros, con la FGE encabezada por Ricardo Iván Carpio. La descoordinación, y eso de que cada semana se repartan para no aparecer juntos, la conferencia Impunidad Cero en la cual se trata el tema de la inseguridad, sólo beneficia a los criminales, precisamente con más impunidad ante la descoordinación.
Hace unos días, Marina del Pilar Ávila como quien dice les leyó la cartilla, particularmente al secretario de Seguridad, para que deje atrás conflictos inexistentes y se coordine con la FGE y con el resto de las policías. Se sabe también que la gobernadora tocó el tema durante la última visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y éste quedó de dar una solución ante la negativa del secretario para ceder y coordinarse, pero no ha sucedido nada.
Esta semana, o la siguiente, se verá si el jalón de la gobernadora a los encargados de Seguridad funcionó o no. O se ve juntos a secretario y fiscal, o siguen descoordinados, para mala fortuna de Baja California.
