El hueco financiero que dejó la anterior fue subsanado con préstamos gestionados por la administración de Víctor Castro. “Nos dejaron un paquetito”, justifica gobernador
En los primeros diez meses de gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío, Baja California Sur suma más de 2 mil millones de pesos en empréstitos para sobrellevar su funcionamiento.
Tres factorajes financieros y dos líneas de crédito por un monto total de 900 millones de pesos de septiembre de 2021 a enero de 2022, se encontraron en el Financiamiento y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el 31 de marzo de 2022.
“El ejercicio disciplinado de las áreas que hoy evaluamos ha sido muy positivo, si terminamos con los privilegios, el despilfarro y el gasto oneroso que cuesta el gobierno, poco a poco vamos a ir normalizando las finanzas hasta que logremos el próximo año, ese creo que ya va ser distinto, porque al recaudar mejor, nos va a ir mejor con las participaciones federales”, justificaría el mandatario estatal.
El 22 de junio, solicitó autorización al Congreso del Estado para la contratación de uno o más créditos simples por mil 368 millones 405 mil 286 pesos con 44 centavos, recurso que supuestamente refinanciaría parte de la deuda pública heredada.
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Supuestamente, en el escrito dirigido a Gabriela Montoya Terrazas, titular del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la XVI Legislatura y firmado por el propio gobernador, el secretario de Gobierno, Homero Davis Castro y la secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota, relata los beneficios del nuevo crédito de más de mil 300 millones de pesos:
– Liberación de un flujo de efectivo importante en el servicio de la deuda pública, derivado de la mejora de las condiciones financieras pactadas y de un esquema de pago adecuado a las necesidades de la Hacienda pública actual. Esta liberación de recursos PODRÍA canalizarse a fortalecer el presupuesto estatal y atender con mayor amplitud otros renglones y sectores prioritarios.
– Conformación más adecuada del recurso que tiene constituido el Estado como fondos de reserva de los créditos que constituyen la deuda pública actual, mismos que podrán destinarse a conformar las nuevas reservas necesarias para llevar a cabo el refinanciamiento.
– Disminuir de la presión que presenta el servicio actual de la deuda pública, por lo que las agencias calificadoras tendrían una mejor percepción del desempeño financiero y presupuestal del Estado, lo que podría significar en el mediano o largo plazo, una mejora en la calificación crediticia de la entidad, la cual es un factor importante para conseguir mejores condiciones financieras de financiamientos u obligaciones a futuro que pudiesen contratar las siguientes administraciones estatales.
“El gobierno de Baja California Sur busca refinanciar la deuda pública de largo plazo adquirida en 2015, por mil 300 millones de pesos, mejorando la amortización y las condiciones financieras. No estamos queriendo contraer un nuevo empréstito, lo que requerimos es hacer un refinanciamiento la deuda adquirida por la pasada administración, para aspirar a una mejor tasa base de interés; actualmente estamos teniendo un costo financiero de 76.4 puntos base, queremos aspirar a bajarlo a 50 puntos con la acción a emprender”, indicó Bertha Montaño Cota.
El interés de la administración de Castro es contar con un mayor flujo de efectivo, además de engañar a las instituciones financieras, logrando una percepción de buen manejo de las finanzas y del flujo económico sólido, y de esa manera solicitar más créditos.
Aquí los créditos solicitados en los primeros diez meses de gobierno de Castro:
– Línea de crédito Banco Santander (México) por 500 millones de pesos (22 de noviembre de 2021)
– Línea de crédito HSBC México por 100 millones de pesos (22 de noviembre de 2021).
– Factoraje financiero por 100 millones de pesos a través de BBVA Bancomer, SA (27 de diciembre de 2021)
– Factoraje financiero por 100 millones de pesos a través de HSBC México (11 de enero de 2022)
– Factoraje financiero por 100 millones de pesos, Scotiabank Inverlat (17 de enero de 2022)
– Contratación financiera de uno o más créditos simples, por mil 368 millones 405 mil 286 pesos con 44 centavos (sin mencionar institución financiera).
Al sumar los primeros 900 millones de pesos solicitados por la administración estatal, y los más de mil 368 millones 405 mil 286 pesos y 44 centavos, arroja un total de 2 mil 268 millones 405 mil 286 pesos y 44 centavos.
De acuerdo con la secretaria de Finanzas, “es importante precisar con la ciudadanía para que no se genere confusión, que no estamos pidiendo un nuevo crédito de largo plazo, lo que estamos haciendo es refinanciando el que ya existe, con un objetivo de bajar las tasas de interés que actualmente tenemos, que al final de la administración reflejará un ahorro de 151 millones de pesos”.
Los dos créditos que según serían refinanciados datan de 2015, el primero con Banco Nacional de México, SA -22 de febrero- por un monto contratado de hasta 887 millones de pesos; el segundo, con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC -26 de marzo- por hasta 730 millones de pesos, siendo un saldo inicial de mil 617 millones de pesos, con saldo actual de los mil 300 anteriormente mencionados.
HUECO FINANCIERO: ADMINISTRACIÓN AHORRA 162, PIDE 2 MIL 200
“Desde los primeros días empleamos medidas de control y disciplina en el uso de recursos públicos, se hizo un programa de ahorro de 162 millones en estos ocho meses, más de 162 millones de pesos se han dejado de gastar en estos meses de trabajo”, celebraría el gobernador Víctor Castro Cosío.
Algunos de los créditos a diversas instituciones financieras han sido para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”, mientras que estos nuevos créditos simples tuvieron como fin refinanciar la deuda estatal y generar percepción ante instituciones financieras.
Castro denunció que en el último año de administración de Carlos Mendoza Davis, le dejaron una deuda por 2 mil 080 millones de pesos, por lo cual el actual gobierno rompió ese récord con 2 mil 268 millones y pico de pesos, diferencia de casi 200 millones en sólo diez meses.
“Nos dejaron un paquetito, 13 mil 345 millones de pesos, es mucho, 2 mil 080 millones de deuda bancaria a largo plazo. Para los que andan muy preocupados que pedimos 900, angustiados traumáticamente, 5 mil 968 millones corresponden a adeudos no registrados, con obligaciones de pago con ISSSTE, FOVISSSTE, SEP y ayuntamientos”, argumentó el administrador estatal.
La capacidad de endeudamiento de Castro es de 226 millones 840 mil 528 pesos con 64 centavos por mes, y justo como lo denunció recientemente, su antecesor Carlos Mendoza le dejó un hueco financiero superior a 2 mil millones de pesos. Lo dijo con sus propias palabras, pero en lugar de demandar a Mendoza, optó por tapar el boquete financiero con préstamos, como dio entender entre lo que dijo y lo que hizo ante Hacienda.
“Nos dejaron sólo en este año, para que tengan idea los compañeros de Educación, de Salud, sólo en este año alrededor de 2 mil millones de pesos de déficit, aunque no le pagáramos a nadie, no íbamos a salir”, sostuvo Castro.
De igual manera, ha negado que todos los préstamos que ha requerido a lo largo de diez meses, sean el resultado de un endeudamiento previo, sino que son líneas de crédito para sanear las finanzas, aunque irónicamente se endeude al Gobierno del Estado.
“Para atender la insuficiencia de liquidez, suscribimos dos líneas de crédito de corto plazo, para que quede clarito, en noviembre tomamos la decisión con los compañeros que el señor Presidente de la República, y lo digo con toda transparencia, nos permitió que nos asesoraran, y pedimos una línea de crédito porque no había otra, no había necesidad de acudir al Congreso ni nada, de 600 millones de pesos. De esa línea de crédito activamos 300 millones, y hemos usado a la fecha 218 millones”, reveló el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
En el más reciente informe de endeudamiento emitido por la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur a la de Hacienda y Crédito Público, aparecen activos los siguientes créditos quirografarios, es decir, préstamo a corto plazo que busca hacer frente a las necesidades de recursos transitorias.
“Para finales de enero ocupamos una parte de esas dos líneas de crédito, en concreto 300 millones, de 600 que eran las líneas. En estos momentos, al 31 de marzo, debemos 232 millones y lo demás ya lo desactivamos”, reconoció Bertha Montaño, titular de Finanzas.
Entonces, los créditos siguen vigentes y no se desactivaron como dio a conocer la funcionaria, sino que en el primer trimestre de 2022, generaron aproximadamente 3 millones 062 mil 629 pesos y 09 centavos sólo de intereses, recurso que ya no se va a recuperar.
PRIVILEGIOS Y CUENTAS PENDIENTES
Los primeros 900 millones de pesos que solicitó el Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, como la nómina de gobierno. Según el Ejecutivo, se necesita diluir los privilegios, por ello declaró que se bajaría el sueldo a entre 75 mil y 60 mil pesos mensuales.
“Creo que va a bajarse a menos de 80, castigar a los demás va a estar medio complicado, pero voy a procurar yo que sea de 75 mil pesos. Que sean 30 mil pesos a la quincena creo es justo y correcto”, declaró como principio y ejemplo para todos para generar conciencia.
Sin embargo, Narciso Agúndez Gómez, director de Administración Portuaria Integral (API) e hijo de su asesor honorario, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, percibe un monto mensual bruto de remuneración por 115 mil 860 pesos, según el tabulador.
El salario del gobernador podría ser modificado, pero difícilmente el de otros servidores públicos que siguen gozando de privilegios, pese a que Víctor Castro Cosío habría manifestado aplicar “correctamente los principios de austeridad, honradez, eficiencia, es decir, que el dinero del pueblo vuelva al pueblo, no estamos en Baja California Sur y creo que ninguna parte del país, en condiciones de gastar el dinero del pueblo en cosas ajenas al interés público. El dinero que entra al gobierno se está aplicando correctamente”.
Según el gobernador, hacen falta alrededor de 100 millones para atender el problema de agua de La Paz, y dio a conocer que se gestionaron 100 millones de pesos ante Gobierno Federal para atender la situación; sin embargo, es muy probable que el Gobierno del Estado recurra a un financiamiento más para ello, ya que el presupuesto estatal ya está etiquetado.
“El problema del agua es de todos, y claro que vamos a privilegiar el abasto a la población. Estamos acordando un apoyo extraordinario del Presidente por 100 millones de pesos. El Ayuntamiento requiere de ese recurso para mejorar todo el sistema de agua potable de La Paz”, afirmó Castro Cosío.
Las deudas siguen creciendo, incluyendo el hueco financiero que dejó Carlos Mendoza por más de 2 mil millones de pesos. Aun así, la auditoría a la anterior administración no avanza, no se han dado resultados, pese a que se dijo que a mitad del año habría un informe.
Ni siquiera se ha revelado el currículum de la empresa, nombre o montos afectados por el gobierno anterior.
“Nos faltan algunas auditorías que la sociedad reclama con justicia, pero debemos ser cuidadosos de no cometer el error de enjuiciar y tratar de encontrar culpables para satisfacer el imaginario colectivo, sino realmente comprobar los delitos y buscar en todo momento que éstos no prescriban, para entonces decir en dónde, por cuánto y quiénes están implicados o implicadas en estos agravios a la Hacienda pública”, afirmaría el actual gobernador sudcaliforniano.
Habló sobre datos duros, aludiendo el trabajo que llevan en Contraloría estatal, de muchas denuncias que han recibido, pero no especificó las áreas y divagó un poco sobre los recursos, al no detallar las irregularidades:
“En las acciones emprendidas por Contraloría General del Estado, recibimos 258 quejas o denuncias, ya se resolvieron 90 y quedan 168 procedimientos de investigación, cuatro de ellos se remitieron ya al Ministerio Público por posibles responsabilidades penales, se realizaron 13 auditorías para la fiscalización de más de 410 millones de pesos relacionados con cinco programas y ocho dependencias; se encuentran en proceso cuatro auditorías más para la fiscalización de casi 172 millones de pesos relacionadas con dos programas y tres dependencias, se abrieron 90 procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas faltas administrativas de servidores públicos, y se presentaron 12 denuncias por presuntos delitos diversos”.
Para los sudcalifornianos que depositaron su confianza en Castro, sería una buena actuación que, además de brindar una solución, castigue a los responsables de generar el millonario hueco financiero que su administración ha tapado con préstamos recientes.
