“Justifica que las investigaciones son por la negativa a aprobar una Reforma Eléctrica promovida por la Presidencia de la República, pero la realidad está en los registros públicos de la propiedad, estatales y federales, en las transacciones realizadas desde 2015 y hasta 2019, o en su declaración patrimonial de 2021”.
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De sus 47 años de vida, 31 los ha dedicado al Partido Revolucionario Institucional. Básicamente desde los 16 años incursionó en ese partido y en la política. Se puede decir que su vida productiva está ligada al PRI y a la función pública, no más. En su hoja de vida en el partido que dirige, no es informado ningún estatus de empresario u hombre de negocios. No se le conoce como dueño de empresa, o exitoso emprendedor. Lo de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas ha sido, a la luz de su pública y notoria trayectoria, hacer política y enriquecerse en el trayecto.
Según una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su declaración patrimonial del 2021 Alejandro Moreno declaró la posesión de 13 inmuebles, entre ellos, uno de 39 mil 251 metros cuadrados, que el Diputado federal adquirió por 155 mil pesos, “es decir, menos de cuatro pesos por metro cuadrado”, reflexionan en la publicación.
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Hoy se sabe, debido a la denuncia por enriquecimiento ilícito que el Gobierno de Campeche presentó contra quien es el exgobernador de esa entidad y dirigente nacional del PRI, que tan solo su casa está compuesta de nueve predios, cinco de los cuales están a su nombre, y cuatro al de su hermano.
Las propiedades que han surgido en investigaciones ministeriales de la Fiscalía General de Campeche a nombre de Alejandro Moreno, su hermano Gabriel, y su madre Yolanda, por mencionar a algunos de quienes integran la red de transacciones del dirigente tricolor, ya superan la treintena y su valor asciende a decenas de millones de pesos.
Sin empresas identificadas que le hayan resultado en ganancias económicas para adquirir tantísimas propiedades, no es errado asumir, como lo hace la Gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, que se está frente a un caso de enriquecimiento ilícito, pues ni sumando todos sus sueldos como Gobernador del estado que fue, le “alcanza” para convertirse en el terrateniente que es en, por lo pronto, su estado de origen.
Tampoco se le conoce públicamente que haya ejercido la profesión de abogado que tiene, luego de informarse que es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, una universidad que no se ubica entre las primeras cinco de importancia en Campeche. No se tiene registro de alguna firma que haya inaugurado o en la que haya colaborado. Toda su experiencia se remite al servicio público. Fue síndico del Ayuntamiento de Campeche, Diputado federal, Senador de la República, Gobernador de Campeche y otra vez Diputado federal. Nada en la iniciativa privada, salvo algunas adquisiciones en medios de comunicación, a partir de terceros y familiares, y cuando era Gobernador, que también están en entredicho.
Después de las denuncias públicas de la Gobernadora Sansores sobre los excesos, los probables actos de corrupción, triangulación de recursos para evadir el pago de impuesto, supuestos pagos a periodistas y otras nada honrosas conductas del dirigente nacional del PRI, también la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación, según lo informó la Presidencia de la República aun cuando posteriormente se arrepintieron de la filtración, dieron a conocer que, “por posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la FGR México inició una carpeta de investigación en contra de @alitomorenoc, ex gobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI”.
Hay una constante en los políticos, mayormente exgobernadores aun sin descartar a secretarios de estado, alcaldes o directores de paraestatales: les encanta acumular propiedades. Las poseen por decenas, a nombre suyo, de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, de prestanombres. Pocos han sido investigados, entre ellos el panista Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, o los Duarte, Javier y César, exgobernadores priistas de Veracruz y Chihuahua, respectivamente. Hay más, claro, la mayoría priistas, señalados de corrupción, y solo un morenista, Jaime Bonilla, que en el próximo mes de agosto comparecerá (si cumple su palabra) a una audiencia de imputación por delitos de corrupción (por cierto, Bonilla también se hizo, por lo menos, de un lujoso departamento de 3.9 millones de dólares en San Diego, California, mientras ejercía como Gobernador).
Alejandro Moreno se dice perseguido, atacado, que existe un montaje en su contra, culpa al Gobierno de Layda Sansores de persecución y al de Andrés Manuel López Obrador de represor. Justifica que las investigaciones son por la negativa a aprobar una Reforma Eléctrica promovida por la Presidencia de la República, pero la realidad está en los registros públicos de la propiedad, estatales y federales, en las transacciones realizadas desde 2015 y hasta 2019, o en su declaración patrimonial de 2021.
El problema no es la Gobernadora o el Presidente, el problema de Alito es él mismo. Las transacciones que durante años hizo con su hermano, con su madre y con otros prestanombres. La voz de Alito amenazante hacia empresarios y quienes consideraba (como el Presidente ahora), adversarios cuando era Gobernador. La voz de Alito orquestando esquemas para evadir impuestos, para recaudar dinero para campañas políticas.
El problema de Alito, es Alito.
Para su fortuna política y su mente manipuladora, las investigaciones en su contra suceden en un contexto político de caos en México, de linchamiento diario, de señalamientos y acusaciones a quienes son considerados adversarios, desde Palacio Nacional, lo cual le da el pretexto para presentarse en el ámbito internacional como un perseguido político, cuando realmente muy pocos aliados le quedan. Por lo menos 15 exgobernadores priistas, senadores, diputados y otros tantos exdirigentes le han solicitado a Alejandro Moreno que se retire de la dirigencia del partido, pero vaya, contra las investigaciones, los registros públicos, los audios filtrados, lo único que le queda a Alito es eso, aferrarse a su fuero como Diputado federal, y a una alianza con PRD y PAN, logrando que la otrora oposición haga lo que no hacen sus correligionarios de partido: defenderlo, aunque parezca indefendible.
