Por intentar extorsionar fueron suspendidos 35 funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Baja California de noviembre 2021 a la fecha, indicó el comisionado Erwin Areizaga Uribe.
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“Hace mes y medio todavía fueron los últimos despidos en Mexicali, y esperemos y la gente nos ayude con la denuncia” y con elementos de prueba, indicó el funcionario estatal, quien abundó que incluso la dependencia a su cargo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en un caso en que la víctima grabó la extorsión.
Los servidores públicos cesados pedían desde 5 mil hasta 20 mil pesos. “Anteriormente, en una reunión con el CCE de Mexicali nos decían que les pedían desde 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares”, refirió Areizaga Uribe tras asistir a la ceremonia conmemorativa del 96 aniversario de la Canaco-Servytur de Tijuana.
Sobre los señalamientos de que en el caso del Hospital Jerusalem un funcionario trató de extorsionar, Areizaga Uribe dijo que él no detectó ninguna irregularidad.
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“En ese caso en lo particular, el personal que ha estado al pendiente ha sido el más honesto de nuestra institución y por las circunstancias el más profesional, porque desde que iniciamos la inspección se determinó una suspensión, pero si fuera así porque puede haber algún vival, compañero que justifique que trabaje ahí, no sé. No puedo decir que no suceda, porque ha sucedido, pero que presenten el video que el dueño dice tener”.
En la actual administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Coepris ha revisado 70 clínicas; de las cuales 11 fueron suspendidas. “Al día de hoy hay 3 que permanecen en suspensión de actividades, y una suspensión definitiva”, correspondiente al caso del Hospital Jerusalem, en la que se impuso una multa de 38 millones de pesos.
Areizaga Uribe indicó que las suspensiones han sido a clínicas de múltiples servicios, en muchos casos son cuestiones relativamente “fáciles de subsanar”, como tener vigente el contrato de servicio de ambulancia, y no tener actualizado el registro de desechos tóxicos.
“No todo es grave, pero al final del día son cuestiones que se tienen que atender y que nosotros procedemos a suspender, para que la gente subsane y opere como debe ser. En algunos casos se suspenden áreas, no todo el establecimiento”, agregó
