Ramón López, regidor de Mexicali, otorgó apoyos sociales a asesores (ganan entre 40 mil y 45 mil pesos al mes) y familiares de los mismos. Urge regular uso de recursos discrecionales
En 2019, ZETA llevó a cabo una serie de reportajes en los cuales se analizaron 84 mil facturas derivadas del gasto social y de uso de comisiones por parte de diputados de la XXII Legislatura. Tras revisar la documentación, se confirmó que legisladores erogaban fuertes sumas de dinero a costosas comidas innecesarias, viajes a Canadá -sin fundamento-, pago de moteles de paso -de corte romántico- y desvío de cientos de miles de pesos a empresas fantasma e inexistentes, cuyo objetivo era favorecer a funcionarios y amigos de otras dependencias.
Una clara denuncia clara del abuso de poder que se vivía en ese entonces -no debe ser muy diferente hoy- con el recurso que, se supone, es para apoyo social, cuando en la realidad se usa como les viene en gana.
El martes 28 de junio, el regidor morenista y coordinador de la bancada, José Ramón López Hernández, de Mexicali, fue exhibido terriblemente tras una investigación realizada por el priista Joel Abraham Blas Ramos, que tuvo una duración de tres meses, según comentó.
Evidenció que López Hernández pagó a sus asesores Keyla Karina Cabrera Peñuelas y Fernando Peña Guevara -los cuales perciben 40 mil y 45 mil pesos al mes-, montos derivados de apoyo social por 8 mil pesos. Además, se presentaron estudios socioeconómicos en los cuales Keyla y Fernando afirmaban percibir sueldos de 4 mil pesos mensuales y no recibir ningún apoyo de gobierno, cuando López Hernández tenía pleno conocimiento del sueldo que obtienen.
Todos los documentos fueron firmados por el edil morenista y ex activista del transporte público, el cual además otorgó apoyos por 97 mil pesos en total, a hermanos, esposos, cuñados y hasta suegros de sus propios asesores, quienes también aseguran no recibir otro tipo de apoyo gubernamental.
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La información fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y Sindicatura, además de la propia Fiscalía General de la República para una investigación más profunda.
La débil e improvisada -por no decir ridícula- respuesta de López Hernández, fue señalar que se trataba de un tema político y minimizó al propio partido, asegurando que el edificio “estaba lleno de cucarachas”.
No ha logrado comprender que la acusación es clara, dura y seria, la cual lo describe de cuerpo entero: un activista que se corrompió fácilmente con sólo algunos años en el poder -si es que un edil realmente tuviera tanto poder-. Lo peor es que sus respuestas intentaron replicar la estrategia del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ridiculiza y minimiza los señalamientos, por más serios que puedan ser.
Más allá del penoso incidente, la realidad es que José Ramón tenía razón, puesto que no violó el reglamento que establece cómo debe distribuirse el recurso público, lo que demuestra que el dinero etiquetado para apoyo social no tiene una verdadera restricción ni pretende ser un beneficio para la ciudadanía, sino que se vuelve -algo que ya se sabía- una cuota para apoyar a los amigos del partido o allegados, los cuales no necesitan este tipo de apoyos, pero al parecer los regidores de Morena creen que tienen el derecho de usarlo para lo que les venga en gana.
Urge establecer candados para el uso de recurso público a ediles y diputados, pero también, presentar mecanismos de entrega-recepción para evitar que todo lo que compran con dicho dinero sea de su propiedad, puesto que es común ver que cada trienio, legisladores y regidores se llevan computadoras, cámaras de video, muebles, televisores y hasta macetas como si fueran bienes propios, cuando se compraron con recurso público. Hemos normalizado la corrupción en el Cabildo y el Congreso.
El claro acto de corrupción cometido por el edil, es una llamada de atención muy severa que debería obligarlos a poner en orden el despilfarro de recurso público que sostienen diputados y ediles; no debería pasar otra semana sin que no se presente un compromiso de cambiar las malas prácticas históricas dentro del Cabildo, las cuales fueron adoptadas muy rápidamente por los políticos vinotinto.
Son muy pocos los que usan el recurso de apoyo social y de gasto de comisión para los fines en los que son encomendados. Lo que sí podemos confirmar es que al menos Ramón López Hernández pretende ser diputado por el Distrito I, lo usa para apoyar a sus amigos, arriesgándose de una severa acusación de tráfico de influencias, peculado, abuso de autoridad, entre otros posibles hechos ilícitos que se le imputan en la denuncia.
Pero bueno, ya se saben protegidos por un partido en el poder que, al igual que lo hiciera el PAN, su mejor arma contra la corrupción no ha sido combatirla, sino normalizarla.
