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jueves, noviembre 21, 2024
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20% más visas de trabajo a EU por sueldos precarios en México

La solicitud de más visas temporales “es prepararse” para que la migración mexicana siga, con todo y las difíciles condiciones en que trabajan los migrantes en Estados Unidos sin adecuada supervisión consular, señala activista. Con la implementación de mega proyectos en México, como el Corredor Transístmico y el Tren Maya, se ha observado un incremento en la migración indígena. En la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, comprometió al Gobierno de México a invertir mil 500 millones de dólares en tecnología fronteriza entre 2022 y 2024

En 2021, el Gobierno de Estados Unidos emitió 310 mil 393 visas de trabajo temporal (agrícola y no agrícola) para ciudadanos mexicanos, la mayor cifra de la que se tenga registro en dos décadas.

Registros de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado indican que durante el año fiscal 2021 se otorgaron 239 mil 274 visas de trabajo temporal agrícola (H-2-A) a mexicanos, que significaron un aumento anual de más de 41 mil visas (20.90%).

El número de documentos emitidos a mexicanos representó 92.7% del total de visas de trabajo temporal agrícola que el gobierno estadounidense otorgó a ciudadanos de alrededor de 50 países. En un lejano segundo lugar fueron emitidas 6 mil 897 visas de ese tipo a nacionales de Sudáfrica, y 4 mil 872 a oriundos de Jamaica.

En cuanto a visas de trabajo temporal no agrícolas (H-2-B), el gobierno estadounidense expidió 71 mil 119 documentos a mexicanos, aumento de casi 25 mil visas o 53.9% respecto al año fiscal 2020.

Igualmente, las 71 mil 119 visas a mexicanos representaron la mayoría (74.8%) del total de documentos expedidos. Detrás de México, nuevamente Jamaica fue el país que recibió más visas de trabajo temporal no agrícola, con 8 mil 950; seguido por Guatemala, con 3 mil 386.

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En entrevista con ZETA, defensores de migrantes consideraron que además del número de visas de trabajo temporal planteado en la reunión que el 12 de julio sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, está pendiente abordar las condiciones en que trabajan tanto los migrantes mexicanos indocumentados, como los que cuentan con visas de trabajo temporal.

Rita Robles Benítez, coordinadora en México del Proyecto Alianza Américas, dijo que aun cuando se trató el tema de migración en la reunión bilateral, sigue pendiente algún cambio legislativo u orden ejecutiva del Presidente Biden para toda la población mexicana indocumentada, la cual se enfrenta a la Policía día a día, y es objeto de ataque del gobernador de Texas.

“Las condiciones de trabajo en el campo son terribles y depende del Estado donde están las personas. Recientemente en Florida, los trabajadores se organizaron para llevar a cabo una campaña denominada Qué Calor para denunciar que no tienen sombra desde que entran a trabajar en la mañana hasta que salen, muy tarde”, por lo que están demandando agua en los campos, sombra y se respeten los tiempos de descanso.

En otros casos, los migrantes con visa de trabajo temporal enfrentan condiciones de hacinamiento y no reciben asistencia médica.

“La precariedad laboral empieza desde que se hace el enganchamiento en México. Hay grupos de enganchadores que se dedican a ir a los pueblitos donde hay mano de obra con experiencia en el campo, frecuentemente van a Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí. Van de comunidad en comunidad diciendo que hay trabajo para irse a Estados Unidos” haciendo que las personas que buscan una visa, paguen entre 7 mil y 10 mil pesos, cuando el costo del documento es mucho menor.

Una vez enganchados, quienes hicieron ese pago deben sufragar su traslado y alojamiento antes de cruzar a Estados Unidos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no está observando a esos grupos de enganchadores, pese a que por Ley tiene la responsabilidad de verificar que a las personas que se van en esas contrataciones o visas, se les respeten los derechos, que el traslado sea digno y que el empleador pague el traslado, denunció la activista.

“Cuando llegan a Estados Unidos, el Consulado tiene que estar haciendo este seguimiento para verificar que se cumpla la normativa laboral estadounidense, pero tampoco hay presencia de los consulados. Hay una gran ausencia en ese sentido”, opinó.

En resumen, existe una contradicción en el discurso del gobierno mexicano: por un lado, busca que haya más visas temporales, pero a la par, ha recortado el presupuesto de los consulados, y con ello, deja sin protección a las personas, resaltó Robles Benítez.

Luis López Reséndiz, director del Centro de Idiomas Indígenas hacia el Poder, de CIELO, coincidió en que existen deficiencias en la atención que brinda la red consular mexicana a los connacionales, particularmente a personas indígenas.

Refirió que recientemente se trasladó de Los Ángeles, California a San Antonio, Texas para ayudar a seis familias oaxaqueñas que perdieron a un ser querido en el tráiler donde murieron 53 inmigrantes -26 de estos mexicanos-, en la mayor tragedia de migrantes en Estados Unidos.

En el caso de Josué Díaz, de 34 años, quien fue el primer mexicano identificado entre las víctimas y era originario de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, el consulado “trató de una manera discriminatoria” a un familiar de Josué, indicó López Reséndiz.

“La familia sólo pedía saber la fecha de cuándo iba a ser repatriado el cuerpo, no que le dijeran ‘esto va a ser pronto’. Ellos querían una fecha, porque también bajo los usos y costumbres del pueblo, ellos van a hacer preparaciones para ceremonias tradicionales”, indicó el activista.

El 13 de julio, el gobierno mexicano repatrió a ocho de los 26 connacionales fallecidos en San Antonio.

Es necesario que el Gobierno de México comprenda que los migrantes indígenas se encuentran en todo el territorio estadounidense, no sólo en Los Ángeles, donde radica la población más grande. “Más allá de las conversaciones que hay con Biden, hay una conversación interna que deberían tener todos los consulados sobre migrantes indígenas y la asistencia que debe darse a estas personas”, observó el director del Centro de Idiomas Indígenas hacia el Poder.

Con la implementación de mega proyectos en México, como el Corredor Transístmico y el Tren Maya, se ha notado un incremento en la migración indígena, “no solamente son comunidades en los mismos estados, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, sino que vemos migrantes de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán e incluso del Norte de México que están migrando a Estados Unidos y llegan hablando su idioma materno, y no hay atención para ellos en sus respectivos idiomas”, destacó.

Por otro lado, el activista indicó que México se ha convertido en una “pesadilla” para los migrantes de otros países que buscan cruzar el territorio nacional persiguiendo el sueño americano.

“Trabajamos con la comunidad guatemalteca y todos los días recibimos llamadas de personas que han sido secuestradas en México”, lo cual resulta alarmante, ya que el gobierno mexicano no está trabajando para garantizar la seguridad de las personas en tránsito, ni ha resuelto el estatus legal de todos los que piden asilo.

 

PEDIR MÁS VISAS ES ACEPTAR QUE MEXICANOS SEGUIRÁN MIGRANDO

Para Rita Robles Benítez, coordinadora en México del Proyecto Alianza Américas, el planteamiento hecho por el Presidente López Obrador de más visas temporales, “es reconocer que el cambio estructural en el país no es inmediato, y quién sabe si va a pasar en los siguientes 10, 20 años, y entonces es prepararse ante una realidad que es evidente: la migración mexicana va a seguir”.

Uno de estos aspectos estructurales, es que el empleo que se está generando en México es precario, los salarios son muy bajos y se ven rebasados por la inflación, aunado a que sigue creciendo la informalidad. “Mientras eso no se transforme, la mano de obra mexicana seguirá buscando donde colocarse”, reveló Robles.

Derivado de la violencia en Zacatecas, Michoacán y Guerrero, se están registrando desplazamientos forzados, pese a que Estados Unidos no reconoce la violencia que existe en nuestro país y que las personas mexicanas también deberían ser sujetas de asilo. “Para nosotros está negado el asilo, eso no entra en los temas de discusión”, afirmó.

Jorge Eduardo Mendoza Cota, investigador de El Colegio de la Frontera (El Colef), coincidió en que la falta de empleo y de trabajo bien remunerado, así como la ola de inflación que ha generado la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa en Ucrania, está intensificando la migración mexicana.

Contar con más visas de trabajo temporal contribuiría parcialmente a hacer un poco más ordenada la migración ilegal, y con ello también se beneficiarían los migrantes que podrían regresar a México, pues a partir del endurecimiento de las políticas migratorias de EU, los viajes de los migrantes son menos frecuentes. “En los años 70 y 80 iban y venían, porque no era tan complicado cruzar la frontera, pero ahora, una vez que migran, tardan mucho tiempo en retornar a México”.

No obstante, señaló que hace falta que el gobierno mexicano instaure políticas que apoyen la creación de empleo en México y de apoyo al campo, para mejorar las condiciones económicas que propician la migración.

Datos del Banco de México (Banxico) indican que en mayo nuestro país recibió 5 mil 172 millones de dólares por remesas. En el acumulado enero-mayo sumaron 22 mil 413 millones de dólares, un incremento anual de 16.8%.

El investigador del Departamento de Estudios Económicos resaltó que desde 2019 las remesas ya superan a la Inversión Extranjera Directa (IED) y son más estables: “La IED cayó de manera importante, de 34 mil millones de dólares en 2019, a 19 mil 550 millones en 2021; mientras las remesas siguen creciendo, en ese periodo pasaron de 36 mil 438 millones en 2019 a 51 mil 585 millones de dólares en 2021”.

Si bien, las remesas tienen un impacto positivo porque alivian la pobreza al ser usadas para el consumo, su efecto es menor respecto al crecimiento económico, porque no es un dinero que esté generando más empleo y actividad económica.

Horas después de la reunión de AMLO-Biden en Washington, DC (que no tuvo carácter de visita de Estado) se informó que México se comprometió a invertir mil 500 millones de dólares entre 2022 y 2024 para tecnología fronteriza. Monto que se sumará a los 3 mil 400 millones de dólares que invertirá EU para la modernización de cruces fronterizos, aunque en este punto el gobierno mexicano señala que serán 19 y el estadounidense, 26 puertos, lo cual implicaría que México aceptó que una empresa supervise los equipos que se instalen en las aduanas, a lo que anteriormente se había opuesto.

Rita Robles Benítez consideró que, si sólo se fortalece la frontera Sur para personas migrantes, lo único que se está haciendo es ponerlas “en charola de plata para los grupos criminales”, toda vez que, a mayor restricción migratoria, las personas buscan vías de mayor riesgo, pagando a los grupos de tráfico de personas, que casi siempre es un narcotraficante o tiene relación con grupo de narcotráfico.

Por otro lado, se informó que el gobierno mexicano se comprometió a comprar hasta 20 mil toneladas de leche en polvo a Estados Unidos y un millón de toneladas de fertilizantes. Además, ambos países establecerán un grupo de trabajo operativo para interrumpir el flujo de fentanilo.

 

PROPUESTAS CON IMPACTO LIMITADO

Además de proponer un mayor ordenamiento en la migración, para permitir la llegada a EU de obreros, técnicos y profesionales mexicanos y centroamericanos, así como la regularización de millones de mexicanos que trabajan ilegalmente en la Unión Americana, el Presidente López Obrador propuso otros cuatro puntos a su homólogo Biden:

– Poner a disposición mil kilómetros de gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, y con ello generar hasta 750 megawatts para abastecer de electricidad a 3 millones de personas.

– Eliminar aranceles en alimentos y otros productos para beneficiar a la población de ambos países ante la inflación, e implementar un programa de inversiones públicas y privadas para evitar que se sigan importando bienes de otras regiones del mundo, mediante el establecimiento de inversionistas estadounidenses para plantas de licuefacción de gas, solares y de fertilizantes.

– Duplicar el inventario de combustible en la frontera norte para que estadounidenses se vean beneficiados al adquirir gasolina, cuyo costo es menor en México que en aquel país.

En opinión de Mendoza Cota, si bien las propuestas del gobierno mexicano son positivas para la integración, no tienen un impacto grande para la economía, falta que se concreten y se sepa en qué contexto se dan y cuál sería la contribución de Norteamérica a esos proyectos.

Con relación al aumento del inventario de combustibles, el especialista de El Colef consideró que la medida podría tener un efecto positivo en la frontera, pero no para todo Estados Unidos, ya que la producción de gasolina en México no es tan grande para abastecer los requerimientos de ese país.

Por su parte, para la activista Rita Robles Benítez, el planteamiento de AMLO sobre los combustibles revela el desconocimiento de la dinámica fronteriza, en la que por años consumidores de uno y otro país se han beneficiado de bajos costos en ambos lados de la frontera sin mayor intervención gubernamental.

La coordinadora del Proyecto Alianza Américas resaltó que temas de seguridad como tráfico de armas, así como medidas para contrarrestar el cambio climático, son temas importantes que no se abordaron en la reunión bilateral. “Hay una sensación de que la reunión no tocó los temas ni sacó los resultados que se esperaban para beneficiar a las personas”, puntualizó.

 

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Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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