Ningún protocolo de seguridad se siguió durante la amenaza contra estudiantes de preparatoria en Tijuana, pues las autoridades se tardaron cuatro días en enterarse que una vecina los amedrentó con un arma.
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Al menos cuatro estudiantes fueron amenazados con un arma de municiones el pasado jueves 2 de junio en las canchas deportivas de la preparatoria Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 156 en la delegación Centenario de la ciudad de Tijuana. Debido a que las autoridades educativas se tardaron cuatro días en enterarse de la amenaza, nadie activó ningún protocolo que impidiera que la vecina del fraccionamiento Residencial Vista del Lago pusiera en riesgo a los menores edad, estudiantes del sistema de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).
El jueves 2 de junio, un estudiante trató de ingresar al patio de una casa para tomar un balón de fútbol y eso provocó la ira de la residente norteamericana que decidió usar el arma ante su imposibilidad de dialogar en español, tal como lo narró a ZETA el director del CETIS 156, Miguel Ángel Rafael Hernández De la Vara, quien se enteró de la amenaza contra sus estudiantes cuatro días después cuando la subdirectora le comentó. Asumiendo que el incidente no se volverá a repetir, él decidió desistir de la denuncia e invitar a los padres de familia a no hacerlo porque prefiere la buena comunión con los vecinos.
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“Para mí también fue lamentable que fue un jueves y el plantel se da cuenta hasta el lunes de este video, es mucho tiempo de que no nos demos cuenta de un hecho que sucedió dentro de nuestro centro escolar y ten por seguro que nosotros estaremos actuando”, explicó Roosevell Amparan Figueroa, responsable de DGETI en Baja California.
“Los directores no tienen esa facultad de invitar a los padres de familia a desistir cuando es un tema de armas o droga. Este es un tema que sale de nuestra autonomía”, dijo Gerardo Solís, secretario de educación en Baja California.
La negligencia del director Hernández De la Vara fue no seguir ningún protocolo de protección a estudiantes y estar ausente o desentendido al enterarse de los hechos cuatro días después, hasta el lunes 6 de junio, así como convencer a los padres de familia a desistirse de denuncias en contra de la agresora.
Mientras el director Hernández De la Vara explicó que sus autoridades le pidieron desistir de la denuncia, en la DGETI dicen lo contrario, por lo que también se investigarán las omisiones del director del CETIS 156.
“No lo dijo la fiscalía, así nos lo hicieron saber nuestras autoridades. ¿de dónde perdón?, ¿de la DGETI?, sí de la DGETI, ¿quién específicamente?, ¿el delegado?, pues… nuestras autoridades que tenemos ahí”, explicó a ZETA el director de CETIS 156.
“Esto no para ahí, se va a citar al director por parte de la Fiscalía, ya lo vimos, será citado y va a presentarse a narrar los hechos y de igual manera hasta deslindar la responsabilidad. Si bien es cierto, pudo haber sido un comentario desafortunado de parte del director lo que te comentó en ese momento, ya se le instruyó y se le estará dando puntual seguimiento para que así sea. No podemos dejar pasar estos eventos y los directores deben estar muy claros en que cualquier situación que vulnere la seguridad de cualquier estudiante dentro de nuestros planteles escolares y no, por el contrario, debemos de promover es la cultura de la denuncia”, explicó a ZETA: Roosevell Amparan Figueroa, responsable de DGETI en Baja California.
“Se debe presentar una denuncia por supuesto porque es la integridad física de los jóvenes y pues las personas no pueden salir con un arma amenazando a niños que van buscando un balón”, argumentó Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
Consultado por ZETA Ricardo Iván Carpio, fiscal general del Estado en Baja California sobre los cargos que podría enfrentar la vecina agresora, dijo que “mientras no se determine pericialmente que no sea un arma de fuego, podría ser esa situación o agravamiento de la seguridad pública, las amenazas que pudieran haber sido y diversas situaciones que deben ser investigado de lo que pudiera haber sido”.
La Secretaría de Educación y el sistema DGETI del gobierno federal buscarán recursos para equipar a la escuela de videovigilancia, de presupuesto para construir un muro más alto que los separe de los 15 vecinos de Vistas del Lago y de contratar a más personal de seguridad ya que solo cuentan con un prefecto y dos guardias de seguridad para atender a la matrícula de 4 mil alumnos. Además de crear una campaña para informar a los alumnos que no pueden brincarse las bardas de los vecinos bajo ninguna excusa, ya que eso es un delito.
“Tenemos que implementar estrategias para que conozcan que algunas conductas pueden ser delitos y en cuáles pueden incurrir. El pasar por un balón a propiedad privada pues también que sepan que es un delito y que deben de tener cuidado y tener previsiones”, se cuestionó Amparan Figueroa, responsable de DGETI.
Debido a la posibilidad de nuevas amenazas armadas, los estudiantes no podrán hacer uso de las canchas deportivas de la preparatoria hasta nuevo aviso ya que el director insiste que no quiere causar molestias a los vecinos. Aún no hay fecha para llamar a declarar a los alumnos, padres de familia, al director y a la vecina agresora, por lo que el caso de la amenaza y la negligencia del director son casos que siguen bajo investigación.
Director trata de sobornar a ZETA
Luego de diez minutos de entrevista el pasado miércoles 8 de junio, Miguel Ángel Rafael Hernández De la Vara, director de CETIS 156, decidió dar por concluida la reunión con ZETA y apagar el micrófono ante los cuestionamientos sobre la nula aplicación de un protocolo para proteger a la comunidad estudiantil y su demora para enterarse de la amenaza.
“Yo no sé con qué fines usted está aquí tratando de obtener respuestas. Sé que ustedes los periodistas tienen que llevar comida a su familia, ¿cuánto es?”, dijo el director con la billetera en mano. El reportero de ZETA explicó la ofensa al mismo director, a Brenda Covarrubias del área de comunicación social de la Secretaría de Educación en Baja California y de Roosevell Amparan Figueroa, responsable de DGETI en Baja California, quien recomendó denunciar al director ante la Secretaría de la Función Pública.
“Este tipo de hechos son muy delicados y son sancionados y ameritan hasta destitución del cargo”, explicó Figueroa.
