Una detención arbitraria, con excesivo uso de la fuerza y un IPH carente de veracidad, llevó a joven a declararse culpable por un delito que no cometió
Desde hace ocho meses, Arturo se encuentra en prisión preventiva.
El 29 de octubre de 2021, policías municipales de Tijuana ingresaron sin orden de cateo a un domicilio ubicado en Calle Cananea número 14016, Colonia Sonoyta; allí se encontraba el ahora condenado a tres años y cuatro meses de prisión domiciliaria, junto con tres personas más.
Cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acudieron al domicilio, entraron haciendo uso de la fuerza, golpearon a los cuatro residentes y sólo se llevaron detenido a Arturo, sin dar razón de por qué lo aprehendían, aseguró uno de los testigos. El hecho quedó videograbado por las cámaras de seguridad que había en los comercios sobre la calle. 
Sin embargo, de acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH) que entregaron los elementos de seguridad Hugo Alejandro Torres Fonseca, conductor de la unidad P-2878 y Marcela Elizabeth Delgado Rojas, uniformada que viajaba como copiloto, relataron que vieron a Arturo caminar sobre la calle Buenavista en la colonia 20 de Noviembre. Indicaron que vieron cuando, al percatarse de la patrulla, actuó nervioso y tiró una mochila.
Los policías se acercaron y vieron la mochila, detallaron que en el interior había metanfetaminas. Después de encontrar la droga en la mochila, alcanzaron al hombre que más tarde identificaron como Arturo y lo presentaron ante la Fiscalía General de la República.
Los hechos relatados por los elementos de seguridad sucedieron a las 00:13 horas del 29 de octubre de 2021. De acuerdo con Ricardo Jáuregui, padre del joven sentenciado, su hijo es inocente, dado que los policías mintieron en su IPH. Como pruebas presentó a ZETA las videograbaciones del momento de la detención de Arturo dentro de la casa referida.
LAS PRUEBAS
El señor Jáuregui mostró a ZETA las pruebas que pretendían entregar cuando los tiempos del proceso penal que enfrentaba su hijo lo requirieran, pero eso nunca llegó. El caso se resolvió en un juicio abreviado, donde no hubo cabida para presentar las pruebas y, para obtener una condena menor y regresar con su familia, el vinculado a proceso aceptó los cargos.
Los videos que mostró el padre de Arturo claramente exhiben que el 28 de octubre de 2021, alrededor de las 21:30 horas, llegó en su automóvil al domicilio ubicado en Calle Cananea número 14016, Colonia Sonoyta, e ingresó a la casa.
A las 22:20 horas, tres unidades de la Policía Municipal llegaron al domicilio, en el video se observa el número de una de las patrullas (P-2878), tripulada por los oficiales Torres Fonseca y Delgado Rojas.
Las cámaras de vigilancia aledañas al domicilio también registraron cómo los uniformados irrumpen en la propiedad y comienzan a someter con uso de la fuerza a quienes se encontraban dentro del lugar.
Luego, a las 00:00 horas, los policías salen del domicilio y suben, en calidad de arrestado, a Arturo a la unidad P-2878. Acto seguido, las camionetas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se retiraron del domicilio que se encuentra a unas cuadras de la Avenida Alba Roja, esto conforme a lo capturado en video.
ZETA buscó los domicilios, tanto el expuesto por los policías en su IPH, como el de los videos donde se observa la detención. Al investigar la ubicación donde supuestamente los uniformados detuvieron al joven de 29 años, la calle no coincide con la colonia que mencionan. En la 20 de Noviembre, no hay calle con ese nombre.
La Buenavista se encuentra en la colonia con el mismo nombre, del otro lado del Río Tijuana, a la altura de la 20 de Noviembre; mientras que el lugar video grabado de la detención está a 4.5 kilómetros de distancia, lo que en automóvil representa un tiempo de viaje estimado en 20 minutos.
En el IPH, los uniformados aseguran que el joven que detuvieron venía caminado, sin embargo, en los videos que el padre del imputado mostró a este Semanario se observa que llegó en automóvil al domicilio donde lo detuvieron y se retiró esposado a bordo de una patrulla.
SE DECLARÓ CULPABLE PARA OBTENER LIBERTAD CONDICIONAL
Arturo fue sentenciado a tres años cuatro meses de libertad condicional, luego que se celebrara un juicio abreviado el 22 de junio, en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, bajo el número 1083, ocho meses después de su detención.
Se declaró culpable del delito de portación de metanfetaminas para la venta.
Según relató la fiscalía durante la audiencia, que comenzó media hora tarde, las pruebas contra Arturo consistían en el IPH y la mochila con cuatro bolsitas de plástico transparente que en su interior tenían metanfetaminas, el peso total de la droga reportada por los uniformados era de 1.780 kilogramos.
La sesión se dio semipresencial, de manera física sólo faltó la jueza Judith Viviana Juárez, la cual dio su fallo vía remota por videoconferencia. La fiscal solicitó el juicio abreviado la juzgadora, una pena de cuatro años y una multa de casi 9 mil pesos.
Tanto Víctor Alberto Villarespe, defensor de oficio y abogado de Arturo, como este, aceptaron el juicio abreviado, renunciando a su derecho a un juicio oral y la presentación de pruebas para su defensa.
Juárez determinó que, al no tener antecedentes penales, tener buen comportamiento durante los ocho meses privado de la libertad en el Penal de La Mesa y los antecedentes tanto laborales como escolares del hoy sentenciado, determinó darle la opción de pagar 4 mil pesos y llevar su condena en libertad -cuatro años- menos los meses que ya estuvo en prisión.
Por su parte, Villarespe relató a ZETA que tanto él como el imputado decidieron aceptar el juicio abreviado, para que Arturo pudiera recibir una condena más corta y su posible libertad condicional, dado que, aunque tenían las pruebas suficientes para demostrar que los policías mintieron en su IPH, el dueño de las videograbaciones no quiso que se le citara a declarar.
Además, los otros dos testigos con los que contaban no se han podido localizar, porque después de la detención de Arturo, los policías continuaron amedrentándolos, haciéndolos cambiar de residencia, sin que la familia Jáuregui los pueda contactar. El 22 de junio fue puesto en libertad condicional y cada mes tendrá que enviar cartas de reporte a la Fiscalía General de la República, hasta cumplir su condena.
En la FGR también hay un expediente abierto contra Arturo, el cual data del 10 de mayo, por posesión de arma de fuego calibre .22 sin registro en Avenida Ejército Trigarante y Calle Guadalupe Victoria, Colonia Lomas de la Amistad. Aún no se le vincula a proceso por este caso.
CASOS DE ABUSO POLICIAL EN TIJUANA SIGUEN IMPUNES
Los dos últimos casos de abuso policiaco expuestos por ZETA continúan en la impunidad. Por un lado, Sindicatura ya suspendió temporalmente, con goce de sueldo al mínimo, a los policías que presuntamente propiciaron la muerte de Jorge Luis Cabrera Vélez, de 30 años; además de los uniformados que participaron en la violación de un hombre de 50 años.
De acuerdo con Sindicatura, a partir de la suspensión, tienen un plazo de siete meses para integrar una investigación que posteriormente será votada por Cabildo para que los oficiales reciban una sanción administrativa, por lo pronto, perciben la mitad de su salario y fuera de las calles.
Por otro lado, la FGE titulada por Ricardo Iván Carpio Sánchez informó que ambos casos de abuso policiaco que concluyeron en el fallecimiento de ciudadanos, se encuentran en la integración de la carpeta de investigación, por lo que aún no se judicializa ninguno.
En un video difundido en redes sociales, se observó a elementos que tripulaban la patrulla BC525A-1, subir a Jorge Luis Cabrera Vélez en la parte de atrás y colgarlo de uno de sus pies, a la vez que se le escucha gritar mientras presuntamente es golpeado por los oficiales.
Posteriormente, según el informe médico forense, Jorge Luis presentó laceración de aorta torácica/laceración bronquial (paquete vascular nervioso del brazo izquierdo/laceración pulmonar y laceración hepática secundaria) y traumatismo torácico abdominal. En este caso, Sindicatura suspendió temporalmente a los policías Daniel “N” y Luis “N”.
En el caso del hombre de 50 años víctima de elementos K-9 de la Policía Municipal, el 18 de junio, el síndico procurador de Tijuana, Rafael Leyva Pérez, informó la suspensión temporal de los cuatro elementos implicados en el hecho: Heriberto Gómez Chavarría, Abel López Martínez, Francisco Javier Martínez Pérez y Juan Leyva González, por ser los presuntos responsables de haber participado en la violación, con un palo de escoba, a una persona de edad adulta dentro de una tienda con máquinas tragamonedas sobre Avenida del Pacífico en Playas de Tijuana.
