Héctor Israel Ceseña, síndico procurador mexicalense desde la administración de Marina Ávila, cobró 85 mil pesos mensuales por “apoyo social” y, tras años de críticas, renunciará al recurso por “iniciativa propia”
Durante esta semana, el síndico procurador, Héctor Israel Ceseña Mendoza, anunció en conferencia de prensa que se despediría de los 85 mil pesos mensuales que percibe por concepto de gasto social -es decir, para repartir libremente-, acto que fue severamente cuestionado por ser considerado incongruente, pues el encargado de fiscalizar el dinero y el desempeño municipal, percibiría un recurso libre sin necesidad de fiscalizar.
A partir de la administración municipal dirigida por la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se instauró un recurso de apoyo social para el síndico procurador, sin una justificación seria o medición del impacto benéfico que tendría a la ciudadanía, sobre todo cuando hoy en día se analiza si tanto diputados, sobre todo regidores, deberían ser acreedores a un recurso de gasto social, cuando existen entidades como la Secretaría de Integración y Bienestar Social, que -se supone- ya se encargan del combate a la pobreza y la política pública para reducirla, aunque sabemos que ese es el brazo clientelar de los gobiernos.
Pues prácticamente le valió y, desde 2021, el síndico tiene acceso a una fuerte suma de dinero para distribuir libremente a cualquiera que le pida, o bien, focalizarlo a cualquier distrito de interés.
Después de un año de severas críticas, Ceseña Mendoza anunció que presentará una iniciativa para que ya no perciba apoyo social, y presumió que, a diferencia de sus compañeros ediles, había hecho público todo el padrón de beneficiarios que atendió durante poco más de un año.
Como en ZETA somos desconfiados de origen, decidimos inspeccionar el supuesto padrón de beneficiarios disponible en la página de internet del Ayuntamiento de Mexicali, topándonos con la sorpresa de que un gran porcentaje de estos perfiles apoyados por Ceseña Mendoza, eran o son militantes del PAN, trabajadores del sector público y líderes de colonia, lo que evidentemente tenía un interés focalizado.
Entre algunos de los perfiles que logramos identificar, destacan:
– Marisol Alaniz Méndez, militante del PAN desde 2014, quien recibió apoyo de 3 mil pesos para construcción.
– Ángel Roberto Mejía de la Peña, ex asesor de la Dirección de Prevención del delito de la SSPC, ex militante del PAN que trabajó para sus gobiernos en la Policía Municipal y DIF.
Ahora que gobierna Morena, Mejía de la Peña -quien firmó contratos de proveedores y dio conferencias durante el “kikismo”- recibe apoyos sociales por parte del síndico procurador.
– Elida Franco Carranza, quien fue inscrita en la Ley de Periodistas conocida como “Ley Chayote” de 2012, la cual se desmoronó por el planteamiento sospechoso y cargado de corrupción. Ahora recibió un apoyo de 3 mil pesos.
– Alfonso Moreno Ceja, quien en el pasado recibió apoyos en 2019 y ahora por fomento deportivo.
– Aura Rumilda Celada Rodas, la cual ya recibía apoyos por parte de gobiernos del PAN y ahora recibió otros 3 mil pesos.
– Juana Chavero Juárez; ella recibió apoyos del gobierno del PAN en 2019, al igual que Margarita Luévano Cisneros, quien pedía apoyos al ex regidor y hoy diputado panista Diego Echeverría.
– Edith Alejandra Brambila Rangel, actual trabajadora auxiliar del INE de la Junta Distrital Número 2, recibió un apoyo de 8 mil pesos para “reparación y construcción”. Curiosamente, Brambila Rangel era considerada en 2013 como una promotora comunitaria de la Policía Municipal y luego del Poder Ejecutivo, entonces dirigido por el PAN.
– Jorge Muñoz Prado recibió una tableta electrónica en febrero de 2021 por parte de Presidencia y 8 mil pesos por parte de Sindicatura Municipal.
– Kevin Ildefonso Galo Briseño recibió apoyo por parte de la hoy ex regidora Erwides Pio, del PAN, en 2019.
Tal parece que el síndico -quien se reeligió ahora con Norma Bustamante- hace el bien sin ver a quién… o quizá focalizó el recurso para beneficiar a líderes de colonia y personas que ya trabajan como gestores sociales.
Lo bueno es que después de prácticamente año y medio, Ceseña Mendoza reconoce que no era correcto, pero al final, nadie le quita lo bailado, al haber hecho campaña con recursos públicos durante más de un año.
