Al 20 de junio de 2022, y desde el inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en México se han registrado 121 mil 655 ejecuciones en el país, lo que significa que en 43 meses de administración morenista, se ha superado la totalidad de ejecutados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (120 mil 463).
Las cifras son oficiales y dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, cargo que por cierto, López Obrador otorgó hace unos días, como premio de consolación, a la derrotada candidata de Morena al gobierno de Nuevo León en las elecciones de 2021, Clara Luz Flores Carrales.
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En su conferencia matutina del jueves 23 de junio, AMLO tuvo que aceptar lo evidente: que ha superado en muertes a su acérrimo adversario, el panista, aunque como siempre, se justificó: “Dicen, ‘es que ahora hay más asesinatos que en la época de Calderón’, sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no los recibió así. Él lo llevó arriba y todavía en el sexenio pasado lo subieron más”.
Después de 43 meses, para López Obrador ya no debería ser justificación de la inseguridad en su gobierno lo que sucedió hace 16 años, cuando Calderón empezó a gobernar. Ni siquiera lo que sucedió hace diez años, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión. En 43 meses, una estrategia integral de combate a la criminalidad organizada puede dar resultados, o no, como es el caso, pues la estrategia del Presidente morenista se reduce a la simplada esa de “Abrazos, no balazos”.
López Obrador desmanteló las áreas de seguridad, le entregó la operatividad al Ejército, una institución que no cuenta con Ministerio Público civil, ni con capacidad de inteligencia y operación en el ámbito civil para combatir, contener, perseguir, investigar y procesar a los miembros de los cárteles y de todas sus ramificaciones.
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Mismo desmantelamiento hizo con la Secretaría de Seguridad Pública federal, ahora mal llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque ni provee seguridad, ni protege a la ciudadanía. La institución se ha convertido en un ente de acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, de las Fuerzas Armadas, de administración y generación de estadística.
Esta semana que termina, el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, visitó Tijuana. Tal fue la información proporcionada previo a su arribo, y por allá en otro punto de la agenda, también venía anotado el nombre de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no se anunció la visita de dos secretarios de Estado a Baja California, sino de uno, acompañado de la otra.
Y efectivamente, en los actos públicos que celebraron, el principal atractivo, el dueño del discurso, del micrófono, de la narrativa y la política, fue Adán Augusto. En todo momento, de manera voluntaria, consciente o no, Rosa Icela estuvo relegada a acompañante del secretario de Gobernación, a quien de hecho le aventó flores cuando le fue posible.
La funcionaria federal no vino a Baja California para abordar la creciente inseguridad, tampoco a reunirse con mandos policíacos y de las Fuerzas Armadas para establecer estrategias de contención sobre la criminalidad organizada y el narcotráfico. No vino porque en lo que va del año, en la entidad ya se alcanzan los mil 200 ejecutados, o porque en las últimas 17 horas han asesinado a diez personas sólo en Tijuana, menos aún porque la violencia es producto de la guerra entre tres cárteles de la droga: Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el Arellano Félix. No, nada de eso. Rosa Icela Rodríguez vino de acompañante del titular de la Secretaría de Gobernación, que evidentemente anda en campaña, pues tampoco llegó a la región con acciones concretas, pero sí con promesas.
En medio de una terrible ola de inseguridad donde todos los días, en cualquier entidad federativa, se reportan masacres, multihomicidios -como el notorio caso de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas en Chihuahua-, el Presidente López Obrador sigue justificándose con un gobierno de hace 16 años, y sus principales colaboradores ya arrancaron la carrera hacia 2024, dividiendo al gabinete como porristas entre unos y otros.
En esa parte, la responsable de la Seguridad y Protección Ciudadana, en lugar de trabajar en estrategias, operativos, coordinación de fuerzas, inteligencia y trabajo científico para disminuir verdaderamente los homicidios, la hace de acompañante del secretario de Gobernación.
No debe seguir siendo justificación de la inseguridad que se vive hoy, un gobierno de hace dos sexenios. La realidad es que el titular del Poder Ejecutivo federal se está quedando sin pretextos, pues si verdaderamente estuviera comprometido con la seguridad del país debería, para empezar, obligar a sus colaboradores a trabajar y no a iniciar, a costa del erario, una campaña para sucederlo. Además de solicitar, le sean presentados planes de seguridad, del orden civil, de inteligencia, de investigación y procuración de justicia para, sin balazos, pero sí con estrategia, aprehender a los asesinos, encarcelarlos y ejercer el Estado de Derecho que tanta falta le hace a este país en muchas materias, particularmente en la seguridad.
De seguir así, los jesuitas tendrán la razón, expresada hace unos días en voz del rector de la Universidad Iberoamericana Campus Torreón: “Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido, y tiene muchos años que desgraciadamente en México, el territorio, las colonias, los barrios, los pueblos, están siendo controlados por algún cártel y el Estado está ausente. La población en México estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la Ley del más fuerte, sometidos a la ‘Ley de la Selva’. Estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión, del asesinato”.
