A 6 mil 574 días de que el periodista Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario ZETA, fue asesinado en Tijuana, parecen nulas las esperanzas de que el crimen se resuelva. Entre las hipótesis que prevalecen está la de una ejecución ordenada por los hermanos Arellano Félix. A la fecha, la averiguación previa se encuentra sepultada entre el polvo de la indiferencia de la Fiscalía de Baja California. Ninguna orden de aprehensión se ha librado por el caso en 18 años
Crímenes y más crímenes en un país devorado por la violencia han propiciado que las autoridades incumplan con su obligación constitucional de prevenir el delito y procurar justicia de manera eficaz, dejando miles de casos sin resolver y en el más absoluto olvido. El caso del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario ZETA, asesinado el 22 de junio de 2004, es el ejemplo vivo de ello. Por incapacidad, negligencia, corrupción o complicidad, el homicidio del comunicador sigue en la más completa impunidad.
A la fecha han transcurrido 18 años sin que se haya aclarado el hecho y ninguna persona paga en prisión por el crimen. Son varias las hipótesis que se plantearon en su momento, tanto por la ex Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC), como por la ex Procuraduría General de la República (PGR), que solo manoseó el caso, pero ninguna de ellas se concretó y tampoco las autoridades se responsabilizaron de rendir resultados.
Otro homicidio de periodista que engrosó las estadísticas, y que gobernadores del estado y presidentes del país debían cargar en su conciencia por dejar en el olvido y sin justicia a su viuda, sus huérfanos y sin libertad de expresión a la sociedad bajacaliforniana, que está igual de expuesta y a merced a ser víctima de la delincuencia. Procuradores y fiscales también han desfilado sin que muestren mínimo interés en uno de miles de expedientes sepultados en la indiferencia.
Aquél infausto 22 de junio, Francisco, abogado de formación y periodista por vocación, de 48 años, acudió a la Unidad de Rehabilitación Física de las calles Río Yaqui y Río Bravo, en Tijuana. Llegó en su auto compacto acompañado de dos de sus hijos de 8 y 10 años, a quienes les dijo que no tardaba. El licenciado Ortiz se atendía de una semi parálisis facial sufrida días antes.
Al regresar tras varios minutos en la clínica, Ortiz Franco subió de nuevo a su auto. Cuando se disponía a encender la unidad se le emparejó una Jeep Cherokee negra de la que descendió un sicario con el rostro cubierto y le disparó a quemarropa, acertando cuatro balazos entre la cabeza, tórax y hombro izquierdo de la víctima. Otros sujetos acompañaban al tirador en el vehículo, así como otros automotores protegieron la huida, siendo abandonada la camioneta cuatro cuadras adelante.
Como ocurrió en el atentado contra el codirector de este semanario, Jesús Blancornelas, el 27 de noviembre de 1997, editores y reporteros indagaron en el ejercicio periodístico de su compañero las posibles motivaciones de los criminales para atacarlo. Se estableció que un reportaje reciente sobre el Cartel Arellano Félix, en el que se visibilizó la impunidad con la que conseguían credenciales de la ex PGJEBC, podría ser la causa del homicidio.
Por lo menos 71 miembros del CAF, entre halcones, punteros, escoltas y sicarios, se tomaron fotografías para obtener las acreditaciones oficiales, por las que habrían pagado unos 70 mil dólares. Sus rostros fueron publicados en ZETA, en una investigación que el periodista efectuó entre los meses de abril y mayo de 2004. La publicación de este ejército de criminales, quienes usaron el mismo saco y corbata para las fotos, no cayo nada bien en la organización delictiva que ordenó acabar con la vida de Francisco.
Inicialmente las pesquisas estuvieron a cargo de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y posteriormente fue la Procuraduría General de la República, a través de su recientemente creada Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas, la que atrajo el caso y se comprometió a resolverlo, pero terminó por regresarlo a la fiscalía local, donde la averiguación previa descansa entre el polvo de los archivos.
De las líneas de investigación que prevalecen está la autoría intelectual de los hermanos Arellano Félix, quienes a través de Javier “El Tigrillo”, y su incondicional, Manuel Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, habrían planeado el asesinato, siendo una célula del extinto gatillero José Briceño “El Cholo” la encargada de ejecutar la orden posiblemente con el auxilio de pandilleros del barrio Logan de San Diego o sicarios locales.
“El Cholo” está muerto, mientras que Javier Arellano y Heredia Villarreal se encuentran presos en los Estados Unidos desde 2006 cuando fueron detenidos en aguas internacionales en una embarcación. “El Tigrillo” fue condenado a cadena perpetua y en 2015 le fue reducida la sentencia a 23 años seis meses por su colaboración “efectiva” con el gobierno estadounidense, sin que a la fecha se conozca su paradero de internamiento.
Por su parte, Arturo Villarreal se encuentra preso en la correccional federal FCI Sandstone, en Minnesota, en la Unión Americana, desde donde ha tramitado diversos juicios de amparo para combatir diversas órdenes de aprehensión que existen en su contra en varios estados de la República Mexicana, en un supuesto aviso de que pronto recuperaría su libertad; sin embargo, el Buró Federal de Prisiones (BOP) tiene programada como posible fecha de excarcelación el 4 de marzo de 2032.
Hasta este 22 de junio de 2022 han transcurrido 6 mil 574 días sin justicia. No existen órdenes de captura en contra de Javier Arellano, Heredia Villarreal, ni contra persona alguna. Bajo la lógica de que la violencia es herencia de los pasados malos gobiernos y los crímenes actuales no son investigados ni resueltos, la esperanza de que se haga justicia para Francisco Ortiz Franco es una utopía. Familiares, compañeros y amigos le recordamos con amor.
