Alcalde revoca permisos a Sempra, luego deja sin efectos la suspensión y “acuerda” millonaria inversión; empresa incumple, revoca de nuevo los permisos y ceden. Tío demanda por 62 mdp
El abogado Jesús Alberto Ayala Urías interpuso una denuncia en contra del XXIV Ayuntamiento de Ensenada para demandar el pago de honorarios correspondiente a las negociaciones entre el gobierno municipal y la transnacional Energía Costa Azul (ECA), filial de Sempra Energy.
La denuncia 270/2022 está radicada en el Juzgado Tercero Civil en Ensenada, donde el demandante señala que desde septiembre de 2020 pactó con Armando Ayala Robles, cobrar un 12.5 por ciento de comisión por su asesoría legal para que ECA adquiriera el compromiso de realizar una inversión de 500 millones de pesos en distintas obras en el puerto.
La cantidad requerida por Ayala Urías, quien además es tío del presidente municipal y conocido como el “Tío Bibi”, es por 62 millones 500 mil pesos, que fue lo acordado de manera verbal y después se le concedió un “mandato especial”, indica el acta de notificación al Jurídico del Ayuntamiento.
“Por comprometer a la empresa Energía Costa Azul, S. de R.L. DE C.V. conocida también como ´SEMPRA ENERGY´, a la inversión de recurso monetario en beneficio público de la ciudad de Ensenada”, aparece en el acuerdo hecho entre ambos familiares, con un plazo máximo de 30 días a partir del 20 de abril de 2022.
ZETA tiene en su poder un escrito de la jurisdicción voluntaria mediante la cual se requiere al alcalde Ayala Robles por el pago de los honorarios, al igual que el acuerdo de admisión del organismo y un acta de notificación al gobierno municipal para que lleve a cabo el pago inmediato.
CRONOLOGÍA DE UNA EXTORSIÓN
En septiembre de 2020, ante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Ensenada, se inició la tramitación de un Recurso de Revocación.
La demanda por revocación de diversos permisos quedó radicada con el número de expediente RRV/018/2020, promovido por dos personas morales, entre ellos la familia Chávez, quienes han ganado dos de tres juicios a ECA.
Pidieron anular por incompatibilidad de uso de suelo, licencia ambiental, licencias de movimiento de tierras y de construcción, tanto las vigentes como las que se encontraban en trámite, así como futuras y concedidas a Energía Costa Azul, S de RL de CV por no acreditar la legal propiedad de la tierra donde opera la transnacional y donde se encontraban asentados los permisos y licencias, solicitando la revocación o suspensión de sus efectos.
La situación continuaría en el mismo estatus en tanto no se resolviera la titularidad legítima y única sobre la extensión territorial de los predios que se traslapan con otros que son propiedad de la familia Chávez.
Al admitir realizar el trámite del Recurso de Revocación, la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente de Ensenada resolvió el 3 de septiembre de 2020 la suspensión, la cual le fue notificada de manera legal a la compañía… pero apenas duró dos meses.
De manera oficiosa, el 13 de noviembre del mismo año, Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente resolvió “desechar el Recurso de Revocación interpuesto por las personas morales, dejando sin efecto la suspensión decretada el 3 de septiembre del año 2020”.
El 7 de diciembre, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, así como Administración Urbana, iniciaron de manera oficiosa a regularizar el procedimiento correspondiente al Recurso de Revocación promovido por las partes morales para dejar sin efecto el acuerdo dictado “Por auto de fecha 13 de noviembre del año 2020, prevaleciendo lo acordado en el acuerdo admisorio de fecha 03 de septiembre de 2020, subsistiendo a su vez la suspensión concedida para que dejaran de surtir sus efectos los permisos y licencias otorgadas o por otorgar a la persona moral ENERGIA COSTA AZUL, S.A DE R.L. DE C.V., también conocida como SEMPRA ENERGY, ordenándose la notificación personal a la persona moral antes aludida”. (El acuerdo de fecha 05 de enero del año 2021 a la fecha se encuentra debidamente notificado y subsistente para todos los efectos legales correspondientes)”.
De lo anterior se puede destacar:
* Que una vez dictada la resolución de suspensión de permisos y licencias otorgadas a ECA, el 3 de septiembre de 2020, los representantes de Sempra tuvieron un acercamiento con el presidente municipal y llegaron a un acuerdo.
* El acuerdo para que el Ayuntamiento desistiera de la suspensión de los permisos, consistió en que ECA-Sempra invertiría en la ciudad, “siempre y cuando el presidente revocara y dejara sin efecto la suspensión dictada el 3 de septiembre del 2020”, informó el abogado representante de “Bibi” Ayala.
El alcalde Ayala Robles accedió dejar sin efecto dicha suspensión, pero una vez revocada, los representantes de Sempra incumplieron su compromiso de inversión, aun cuando el presidente insistió en el cumplimiento del acuerdo. Es decir, no invirtieron los recursos a los que se comprometieron con Ayala. “Los representantes de la compañía ya no le hicieron caso”, argumentaron.
Al darse cuenta el presidente que desde Sempra no cumplirían con el acuerdo, solicitó los servicios profesionales de Jesús Alberto Ayala Urías, pidiéndole realizar las gestiones necesarias, ya sean legales o extra judiciales para que ECA cumpliera las exigencias de invertir 500 millones de pesos en Ensenada.
Para “convencer” a la transnacional -donde entra el concepto de extorsión, “delito que consiste en obligar a alguien, a través de la utilización de intimidación, o realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico, con el ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado”-, la administración de Ayala buscó la forma de restablecer el acuerdo de fecha 3 de septiembre de 2020, mediante el cual la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente suspendió y revocó los permisos y licencias.
Es decir, reactivaron la suspensión de permisos que ya habían dejado sin efecto. Así, el 5 de enero de 2021, se le notificó a ECA que sus permisos y licencias para llevar a cabo la ampliación fueron revocados y suspendidos, por lo que no estaban autorizados a llevar a cabo ningún tipo de ampliación de su planta.
De manera lógica, y en respuesta a la clara extorsión, de inmediato se realizó una reunión entre gobierno y ECA, donde tanto institución de gobierno, como empresa privada, anunciaron públicamente la inversión de 500 millones de pesos en favor de Ensenada.
No obstante lo anterior, sigue vigente la suspensión de los efectos y vigencia de los permisos y licencias otorgadas a ECA dictada el día 3 de septiembre de 2020 y restablecida el 5 de enero de 2021.
NO HAY CONTRATO NI CONVENIO ENTRE SEMPRA Y AYUNTAMIENTO
A pesar del entramado para obligar a la empresa a invertir 500 millones de pesos en obras públicas en el puerto de Ensenada, ECA no firmó un documento compromiso con el Ayuntamiento, ni siquiera cuando recibió la autorización para la Ampliación y Reconfiguración para la Licuefacción de Gas e Importación.
Litigantes del Colegio de Abogados de Ensenada coinciden en que es necesario un contrato o convenio de por medio para garantizar la legal entrega de las obras. Es decir, debe existir un responsable y el bien vigilado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante un posible riesgo en la construcción.
Este Semanario solicitó a Desarrollo Urbano el estatus de los permisos supuestamente entregados a la transnacional, pero se reservaron la información.
De igual forma, se requirió a la Secretaría General el convenio, pero en respuesta se indicó que no existe tal y todas las obras se hacen a través de donación por acuerdo de Cabildo.
En tanto, el jueves 9 de junio, el Jurídico del Ayuntamiento de Ensenada confirmó haber recibido notificación del Juzgado y que están en proceso de dar una respuesta.
CONDICIONAN A CAMBIO DE PERMISOS
Con efusividad, el gobierno municipal anunció una consulta ciudadana en octubre de 2020, la cual no era vinculante, pero supuestamente tenía la intención de que la ciudadanía participara en su decisión del otorgamiento de permisos para la ampliación de Sempra.
Los resultados emitidos tras un conteo en lo privado, fue de 12 mil 174 personas que votaron por el “NO” y 19 mil 930 por el “SÍ” al proyecto Sempra. En total se colocaron 58 casillas en cuatro sectores de la ciudad, incluyendo los poblados La Misión y San Quintín.
De las 24 obras seleccionadas para que se construyeran con los 500 millones, sólo se ha efectuado la compra de unidades para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como la rehabilitación de velatorios en Maneadero y algunas pavimentaciones, sin establecer monto de lo invertido en cada obra, ni empresas participantes, para transparentar “el arreglo” de Ayala y ECA por 500 millones de pesos.
Pendientes quedan las obras: Canalización del Arroyo Ensenada; Rehabilitación de Avenida Juárez; Paso a desnivel de Avenida Reforma y Delante; Semaforización inteligente y construcción de puente vehicular en Calle Ámbar y Avenida Reforma; Observatorio de Seguridad y Prevención -torres de seguridad en puntos estratégicos-; Modernización y equipamiento de Centro de Seguridad y Vigilancia COP; Rehabilitación de estaciones y subestaciones de Policía; Estación Integral de Protección Ciudadana en Valle de Guadalupe; Estación de Policía Turística Zona Centro y Estación Integral de Protección Ciudadana La Misión.
Asimismo, se contempló la construcción de Ciclovía El- Sauzal-Ensenada; Rehabilitación de los parques Braulio Maldonado en San Quintín, El Zorrillo y Chapultepec, así como el de la Obrera; Rehabilitación de campos de beisbol en San Quintín, Camalú y El Rosario; Construcción de cancha de futbol rápido en Punta Colonet; Rehabilitación del Parque Cañón de Doña Petra y de la Unidad Canina y Felina.
