Los discursos de los gobernantes sobre seguridad en BC, no podrán materializarse si no se sustentan en una gran inversión para equipamiento, armas y elementos que se encarguen de combatirla
El miércoles 15 de junio, el Congreso del Estado recibió a los tres principales responsables de la seguridad ciudadana a rendir cuentas por los índices de violencia que se registran en la entidad. Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general del Estado; Gilberto Landeros Briceño, secretario de Seguridad Ciudadana; y Fernando Sánchez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, se sentaron juntos frente a diputados de diversas fuerzas políticas, por primera vez en la misma mesa para exponer públicamente los trabajos que realizan en el combate a la inseguridad.
Sólo en junio, Baja California contabiliza 109 homicidios y durante 2022 registra mil 137 asesinatos, ubicándose como una de las tres entidades federativas con peores índices delictivos, con Tijuana como foco rojo de la violencia.
Durante la comparecencia, el fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez presumió que durante los primeros seis meses del año se reportó un decremento de 23% en materia de homicidios, debido a estrategias que se han implementado de manera coordinada.
Aunque en Tijuana se ha contabilizado una reducción en comparación de años anteriores, municipios como Mexicali registran incrementos hasta del 50% en comparación con otros años.
Una de las grandes aportaciones de la Fiscalía General del Estado, es el operativo Alpha-Sigma, concentrado en el principal foco de calor en materia de criminalidad, como lo es la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, donde en quince días lograron disminuir los homicidios, además de implementar 40 intervenciones y asegurar al mismo número de presuntos integrantes de células delictivas organizadas.
El operativo consiste en un reforzamiento de impactos y labores preventivas en “La Sánchez” y sus alrededores, en busca de los generadores de violencia, pero ante el déficit de personal, agentes investigadores de BC fueron comisionados a Tijuana para reforzar los operativos de la zona.
Si bien, ha generado resultados positivos, la maniobra ha desprotegido diversas áreas de todo el Estado, puesto que diversos grupos como Robos, Robo de Vehículos, Delitos Sexuales, de Mexicali y Ensenada, principalmente, han facilitado sus patrullas y elementos a la vigilancia de esa zona.
¿A qué vamos con todo esto? A que el operativo sostenido por la FGE -en el que no participan los agentes a cargo del secretario de Seguridad Ciudadana, Gilberto Landeros Briceño, ni la Policía Municipal dirigida por Fernando Sánchez- no podrá mantenerse de manera prolongada, puesto que la incidencia en otros sectores de la región podría incrementarse, aunado al costo que representa cubrir viáticos de un numeroso grupo de agentes, los cuales sufrieron carencias durante los primeros días de operatividad.
La realidad es que por más esfuerzo que la tropa, ministerios públicos y el propio fiscal Carpio realicen, mientras los operativos y estrategias no se sustenten en un presupuesto necesario, la “cobija” va a desproteger otras áreas.
Según la herramienta Presupuesto Ciudadano, la FGE recibió 2022 con una reducción de presupuesto del 21%, que fue de los 2 mil 584 millones 161 mil 606.65 pesos que registró en 2021, a 2 mil 035 millones 836 mil 139.82 pesos que se operan durante este ejercicio fiscal, de los cuales mil 917 millones 921 mil 326.82 pesos provienen de recurso federal, lo que significa que el Gobierno del Estado sólo destina 117 millones 914 mil 813.00 pesos. Es decir, menos del 10% del presupuesto de la institución.
Esta reducción fue prevista debido a que una parte de la FGE fue extraída para formar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero la realidad es que el presupuesto no incrementó para las áreas que permanecieron en la fiscalía estatal.
Como ejemplo, queda claro que durante los últimos cuatro años, el número de agentes investigadores ha disminuido en Baja California, pues según la información disponible en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la plantilla laboral de policías pasó de mil 284 en 2019, a mil 225 agentes en el año en curso, pese a que las necesidades de la entidad han cambiado y la violencia ha tenido un pico surgido desde los últimos años de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, llegando a su punto más alto durante la gestión de Jaime Bonilla Valdez.
Contrario a ello, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pretende descansar toda su política en materia de seguridad en un gasto superior a mil millones de pesos para la instalación de 4 mil cámaras de vigilancia en toda la entidad, favoreciendo a una empresa señalada por incumplimiento de contratos, otorgamiento de equipo obsoleto y hasta indicios de corrupción, sin importarle que la materia prima para la creación de expedientes judiciales y de detención de criminales, son los policías y los agentes del Ministerio Público, para los cuales no existe una promesa de un incremento de personal que tanta falta les hace.
Queda claro que, sin importar la estrategia que se diseñe por parte de autoridades investigadoras y preventivas, mientras el discurso de “Impunidad Cero” no vaya acompañado de un sustento económico para enfrentar la nueva realidad de Baja California, será imposible obtener resultados serios y sostenidos en el combate a la inseguridad.
