Aumentan denuncias de empresarios restauranteros y salones de belleza en La Paz. Autoridades han identificado nueve líneas telefónicas que usan las bandas criminales. En los primeros cuatro meses de 2022 se abrieron 40 carpetas de investigación por tal ilícito
En la primera quincena de junio, la Policía Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) reportó nueve líneas telefónicas con las que intentaron extorsionar y en algunos casos tratando de cobrar piso a familias de Baja California Sur.
En los primeros cuatro meses de 2021 se registraron 29 denuncias por este delito, sumando 40 carpetas de investigación, esto es, un aumento del 38 por ciento.
ZETA recibió la denuncia de empresarios del ramo restaurantero y de salones de belleza, quienes manifestaron conocer casos de extorsión y cobro de piso. El primero gira en torno a la venta de alcohol, donde los más afectados son los comercios Tecate Six y Modelorama.
Sin embargo, la principal denuncia se centra en un grupo de emprendedoras que operan un salón de belleza en La Paz. Este mes, miembros de la delincuencia organizada se comunicaron para exigirles una cuota.
“Me sorprendió que mi socia me preguntara si me habían hablado para cobrarme piso, aunque somos socias, cada una tiene su local en un sector. Claro que me preocupó, porque mucho se habla de esto en los restauranteros, que la venta de alcohol y horarios de funcionamiento”, expuso la empresaria que por motivos de seguridad omitió su nombre y el de su local.
La víctima relató que fueron muy específicos en los datos que mencionaron y que ella ni siquiera publica en sus redes sociales, por ejemplo, horarios de salida de casa, calles que frecuenta e información de sus hijos.
La primera respuesta fue un “no” al presunto extorsionador, que de inmediato insistió.
“Una cosa es que sepan de tu negocio, horarios y así, porque es información, digamos, pública, pero detalles de la casa donde vivo, de mis hijos, vestimenta de tal día y más datos personales, definitivamente no quiero problemas. No, no denuncié, no de momento, estamos asustados y preocupados, es un número local y prometió seguir en contacto”, comentó la afectada.
El caso que más se asemeja al suyo corresponde al número 612-186-6030, publicado por la Policía Cibernética de Baja California Sur y actualmente en investigación especial, pues las víctimas advierten de información muy personal que no se encuentra publicada en redes sociales.
La Policía Cibernética dio cuenta de los casos relacionados con este número, afirmando que solicita cobro de piso. “Se identifica como miembro de grupo criminal, amenaza e intimida, suele proporcionar datos del interlocutor o de sus familiares y termina solicitando pago de piso”, afirma la dependencia estatal.
Entre los casos ocurridos en la primera quincena de junio también destaca al número 809-769- 035, el modo de operar es que envía mensajes vía WhatsApp, solicitando un depósito a cambio de no subir a las redes sociales imágenes con contenido sexual de la persona que está siendo extorsionada.
También, a través del 987-139-4455, el presunto extorsionador se hace pasar por un familiar fuera del país, solicita datos personales y un depósito para hacer el envío de un paquete con pertenencias valiosas. El modus operandi que más líneas acumuló -seis en total- consiste en que el delincuente se identifica como miembro de un grupo criminal y solicita el pago para brindar protección. Los números reportados y forma de operar se enlistan a continuación:
PESCA SIGUE EN MANOS DEL NARCO
Cuando se hizo público el problema de extorsión en las comunidades pesqueras del municipio de Comondú, como Puerto San Carlos, El Chicharrón, San Buto, La Toba, La Purísima y otras más, las solicitudes de ayuda se enfocaron principalmente en las familias de pescadores que estaban limitados en sus capturas, además de consumo de alcohol y tabaco.
Sin embargo, una voz más se une a las peticiones de ayuda a la Mesa de Seguridad Estatal en Baja California Sur y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al cual empresarios del ramo restaurantero extienden un enérgico llamado para atender el problema en la pesca en el Norte de BCS, dado que la producción pesquera sigue intervenida por miembros de la delincuencia organizada. Y aunque recién fue detenido el líder de la banda, hay más miembros operando.
“La situación no ha sido distinta, seguimos preocupados por nuestros productores locales, a través de un mercado interno, hemos promovido la compra a nuestros pescadores, insumos locales, queso, carne y algunos lácteos, productores de hortalizas. Se los expusimos a través de los líderes que en San Carlos ya no nos pueden vender a nosotros, tienen prohibido, quienes controlan y se dedican a la extorsión, les tienen prohibido vendernos directamente el producto, basta ya de guardar silencio y aprovechar a los Marinos que están participando”, indicó uno de los agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
A inicios de febrero, ZETA reveló parte de la célula criminal que operaba la red extorsión a pescadores de Comondú; fue hasta principios de mayo cuando el Gobierno de Baja California Sur pudo detener al cabecilla de los delincuentes: Juan Antonio Meza Angulo alias “El Güero Bocón”, dedicado al secuestro en Comondú y Loreto, además de controlar la principal célula de extorsión a pescadores.
De acuerdo con la PGJE, “El Güero Bocón”, Benito López Duarte “El Beni” y Jesús Alberto Sepúlveda Naranjo “El Cepillo” se encargaban de secuestrar a pescadores de San Carlos. Se encuentran presos por privar de la libertad y torturar a un joven pescador de San Carlos el 22 de febrero de 2021, llevándolo a un despoblado en el Kilómetro 34 de la carretera a Ciudad Constitución, donde lo abandonaron.
“Se manejó en la Mesa el tema, restauranteros están preocupados, ya no pueden mantener el mercado interno, es decir, una cadena productiva y de consumo local, ahora hay intermediarios y las autoridades lo saben, la alta esfera de gobierno está al tanto, pero es muy complicado intervenir. Dentro de la corporación tenemos los informes y nos preocupa, pero tenemos familia”, afirmó un agente de Inteligencia de la Policía Estatal Preventiva.
Datos de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal del Estado, refieren por lo menos tres cabezas visibles en el negocio, al parecer están bajo investigación, pero no han sido públicamente identificadas.
Respecto a la denuncia de los comerciantes, se sabe que efectivos de la Secretaría de Marina se encuentran atendiendo los reportes directamente, aunque con la intromisión de personal del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), titulada por Martín Inzunza Tamayo y señalada de participar en irregularidades en la pesca en San Carlos.
“Quienes manejan el producto ahora, lo sabemos por quienes nos traían los productos antes de la pandemia, son los que ponen los precios de venta y a quiénes les venden. Hemos sostenido reuniones con agentes de la Marina, incluso el Almirante de la Naval y nos dan la razón, que ya están investigando y tomando cartas en asunto, incluso manifestaron que se detuvo a gente se está dedicando a extorsionar a los pescadores. Lamentablemente los pescadores de la zona de San Carlos no nos pueden vender como se venía haciendo tradicionalmente”, apuntó el empresario restaurantero.
EMPRESARIOS PREOCUPADOS
Para Lorena Hinojosa Oliva, directora regional de la Canirac, hay temas a atender en materia de seguridad, como el robo y la extorsión, no sólo los empresarios han sido víctimas, también empleados del sector. Precisamente la organización civil Semáforo Delictivo coloca luces de alerta de esos delitos en Baja California Sur.
Extorsión se presenta principalmente en Mulegé, seguido por Los Cabos; mientras que el robo a negocio se concentra en La Paz y Los Cabos.
“Tenemos que mantener los recorridos permanentemente, una comunicación estrecha entre comerciantes y autoridades, denunciar sobre todo cualquier incidencia para que se atienda”, expuso Hinojosa Oliva.
Preocupa lo que ocurre tanto en los comercios como en las colonias, pues si surgen problemas en los centros poblacionales, tarde o temprano tendrán repercusiones en la zona comercial, pues sin duda delitos como el robo, pronto van a extenderse.
El robo en general en los primeros cuatro meses de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021, tuvo un incremento del 8% en robos, es decir, 130 robos más.
En la administración de Víctor Castro Cosío ha habido más robos a casa habitación, a negocio y robo de vehículo; Semáforo Delictivo coloca tales indicadores en estado de alerta.
“Caminar en los parques de las colonias se ha vuelto peligroso, y eso te lo puede decir cualquier persona. Como empresarios estamos siendo víctimas del delito, sobre todo La Paz y Los Cabos, donde más quejas se tiene, particularmente en la Capital. Mi deber como dirigente es poner la realidad sobre la mesa y coadyuvar en lo que nos pidan, para lograr que nuestra ciudad no pierda esa tranquilidad de la que hemos gozado siempre”, expuso la titular de Canirac regional.
Los primeros cuatro meses de gestión de Castro, tuvieron un aumento importante en los delitos de robo del 8%, un 38% más extorsiones, 31 denuncias más por violencia familiar, por encima del 4% más carpetas de investigación; además un 16% más casos de narcomenudeo en comparación con el mismo periodo de 2021.
A raíz de las solicitudes que se hicieron directamente a la Mesa de Seguridad, referente a robos en la zona dorada y comercial de La Paz, aumentó la vigilancia, pero los operativos se deben extender a las colonias en general para brindar mayor protección.
“Antes de este programa (operativo en Malecón) era diario una situación de robo de propinas, le robaron la bolsa a una señora, incluso antes del programa asaltaron a tres señoras en el Malecón, a una de ellas le fracturaron el brazo cuando intentaban arrancarle la bolsa y no se dejaba. Esta situación estaba y está hasta ahorita, no podemos decir que ya no existe, está siendo preocupante y todos debemos aportar para buscar cómo inhibir”, recordó la dirigente estatal de la Canirac.
El sector restaurantero en BCS teme colaborar cien por ciento con la autoridad, pues están en riesgo sus familias y que los maleantes regresen a hacer daño a sus comercios, debido a la llamada “puerta giratoria”, o bien, la justicia en Sudcalifornia.
“Los restaurantes, tenemos todos cámaras de vigilancia y las ponemos a disposición de la autoridad para que hagan las indagatorias correspondientes, pero entran (a la cárcel) los que detienen, y a las 24 horas están fuera. Tiene que haber cambios en esta situación”, urgió Lorena Hinojosa Oliva.
Una de las solicitudes de la empresaria, es buscar alternativas de transporte para las personas que trabajan en horario nocturno, que puedan recibir el servicio por lo menos a la medianoche, y así evitar que se vayan caminando, exponiéndose a ladrones.
AUTORIDADES DETECTAN ACTIVIDAD CRIMINAL DE SINALOA
Grupos criminales ocultos en el anonimato en su mayoría, otros de manera presencial, se han dedicado a extorsionar a familias sudcalifornianas. Gran parte de las víctimas que denuncian ante la División Cibernética de la PGJE, son comerciantes y empresarios que pasaron por la dura experiencia de ser amenazados o engañados.
De acuerdo con especialistas de la procuraduría, las extorsiones se dan principalmente mediante llamadas, los agresores se hacen pasar por familiares o por miembros de alguna banda del crimen organizado.
“93% de las extorsiones tienen que ver con llamadas telefónicas de delincuentes que buscan obtener dinero a través de depósitos de sus víctimas, se hacen pasar por familiares o miembros de alguna célula criminal para obtener ganancias, el resto son mediante mensajes de WhatsApp informando que son ganadores de un concurso o anunciando empleos, que al final sólo extraen los datos de sus equipos celulares”, informó la fuente de la PGJE.
Agencias de Seguridad Pública en el Estado afirman que el cobro de piso es sólo un secreto a voces, al no haber denuncias al respecto. Así lo declaran las autoridades a través de la solicitud de Transparencia 031773922000018, mediante los oficios SSPBCS/0083/2022 y SADAI/429/2022: “En una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los registros y bases de datos físicos y digitales, reportando que no se cuenta con registro alguno de carpeta de investigación aperturada por cobro de piso.
“Es muy difícil establecer un grupo criminal al que sirvan, si bien participan en células criminales, obteniendo recursos para sí mismos a por medio de narcomenudeo, también es cierto que muchos de los criminales optan por operar por fuera para hacerse de más financiamiento, y es ahí donde vienen extorsiones y cobro de piso, llevando beneficio propio”.
Sin embargo, por todos es sabido que públicamente se reconoció el cobro de piso a pescadores de la Zona Norte de BCS, desde Comondú hasta Mulegé.
Los personajes que han sido capturados por tal ilícito, incluidas actividades ilícitas en la Capital del Estado, manifiestan que las características del delito estarían vinculadas al Cártel de Sinaloa.
“En el tema de la pesca, estuvimos trabajando de cerca con pescadores de Puerto San Carlos, San Juanico y Santa Rosalía, hemos dado seguimiento a las quejas de los pescadores y se capturó a los responsables, nos dicen los productores que están concentrando sus productos en las cooperativas para aminorar el problema”, indicó la fuente de la PGJE sudcaliforniana.
Por último, “sobre extorsión telefónica se tienen los casos, los números, pero no denuncias por las víctimas, muchas veces por temor; en el cobro de piso, bien podría relacionarse a células de Sinaloa”, reiteró.
