No existen razones para que los mandatarios no demuestren su estabilidad emocional con una prueba psicológica, sus aptitudes con una prueba de competencias, y su honestidad con exámenes de confianza
El 9 de mayo, en Jalisco, como vocero de sus colegas, Blas Sergio Jasso Hinojosa, profesor en la Universidad de Guadalajara y presidente del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención, Asociación Civil, solicitó a los candidatos de elección popular comprometerse a evaluar su salud mental en cualquier institución pública. Y anunciaron que enviarían la propuesta a los aspirantes a puestos públicos en Federación, Estado y municipios.
El objetivo es que se obliguen a detener la violencia verbal y actitudinal, fomenten una cultura de paz, eviten la creciente polarización social, y aprendan a manejar y solucionar conflictos.
Similar planteamiento hizo en 2018, ante el Congreso de la Unión, Eduardo Sadot Morales Figueroa, periodista, maestro en Derecho, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex vocero del priista Joaquín Hendricks Díaz, en su Propuesta para Modificar Requisitos para Candidatos a Cargos de Elección Popular los Requisitos para ser Electo.
Presentó reformas para incluir como requerimiento obligatorio la realización de “un estudio psicológico y psicométrico para detectar condiciones psicológicas anormales”, y evitar que arriben al poder, aquellos con personalidad agresiva y resentida.
Hace dos años, ante las reacciones iracundas y algunas declaraciones fuera de realidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la credibilidad por los suelos y objetivos más políticos que sociales, los panistas retomaron y manosearon este noble y delicado argumento.
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En septiembre de 2020, el partido blanquiazul propuso reformas a la Constitución para incluir como requisito de permanencia del Presidente de la República, su gabinete y el fiscal, “tener un buen estado de salud mental, que deberá acreditarse con los estudios clínicos y dictámenes médicos” a realizarse periódicamente y publicarse, porque “es información de interés público y quedará exceptuada de la protección y reservas de Ley”.
Recientemente algunos tecatenses, entre ciudadanos, funcionarios, políticos y periodistas, retomaron este tema ante lo que consideran reacciones “arrebatadas, exacerbadas, limítrofes, desorganizadas, incoherente y emocionales” de su alcalde, el morenista Edgar Darío Benítez Ruiz.
Mismas que han quedado expuestas en los recorridos de calle, conferencias, sesiones de Cabildo y transmisiones en vivo vía redes sociales.
Quienes se quejan, ignoran si realmente la capacidad de pensar, sentir y comportarse del edil está afectada, pero creen que es necesaria y oportuna una evaluación psicológica para determinar si está en capacidad de entender y afrontar las consecuencias de sus actos. “Que se lo haga; quien nada debe, nada teme” argumentan.
La Constitución establece que es factible reglamentar el ejercicio de los derechos, incluidos los político-electorales, sea por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, “capacidad civil o mental”, entre otras.
Los exámenes para acreditar equilibrio mental, psicológicos y psicométricos, son exigencias comunes en las empresas, por ejemplo, aprobarlos es una obligación, para ser policías, para adoptar a un niño, para seleccionar un magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
En las leyes de trabajo en México, son causas de terminación de la relación laboral, la incapacidad física o mental, y el consumo de drogas o psicotrópicos. Incluso, médicos recomiendan no manejar vehículos o maquinaria pesada bajo el consumo de ciertos medicamentos. Imagine el Lector, manejar un país, Estado o municipio.
Adicionalmente, en 2021 se legisló para que el trastorno mental laboral, sea considerado enfermedad del trabajo.
En ese punto, licenciados en Derecho consultados, dividieron opiniones: unos aseguraron que a los mandatarios sí se les pueden aplicar las leyes laborales, otros dijeron que no.
La realidad es que estos requisitos de sanidad que brindan certeza y seguridad al pueblo, no se exigen de manera específica a los candidatos, ni a los gobernantes electos.
Los ciudadanos no tienen elementos de prueba de que, aquellos que dirigen los destinos del país, estados y municipios, están equilibrados, o si andan sobrios o medicados con drogas duras.
Algunos abogados están en contra de legislar exámenes psicológicos para candidatos, porque aseguran, no le alcanzaría al Estado el dinero para pagar las evaluaciones de los 3 mil aspirantes de cada jornada electiva. Pero creen que sería positivo establecerlos como exigencia para la permanencia en el poder.
Especialistas consultados informaron que lo más cercano es el requisito de “ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos”, para cuyo goce, de acuerdo con el Código Civil, debes gozar de salud mental y no consumir dogas o psicotrópicos.
Mientras los congresos deciden legislar en el tema, consideran que el único camino posible para solicitar un examen de salud mental y de ser necesario, la remoción temporal o definitiva de un cargo de elección popular, es que un ciudadano, asociación o Cabildo, solicite al Congreso que tramite ante el Poder Judicial una “interdicción, la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad”, seguida de una Revocación de Mandato. Para lo que deben presentar indicios y elementos de prueba palpables y suficientes, que hagan suponer un desorden mental que afecte su capacidad de entender y asumir las consecuencias de sus actos.
Quienes están en contra, consideran que la interdicción es un tipo de muerte civil, lo que es incompatible con los derechos humanos.
Al final, no existen razones suficientes para que quienes están tomando las más altas decisiones desde los poderes, impactando con sus acciones a miles o millones de ciudadanos, no estén obligados a probar sus aptitudes a través de una “prueba de competencias”; su estabilidad emocional con una prueba psicológica con parámetros previamente establecidos; y de una vez, su honestidad con una batería de pruebas de confianza.
Las propuestas ya empezaron a presentarse, basta esperar y vigilar a los diputados en los congresos, si deciden legislar por la gente o por las órdenes e intereses de los partidos en el poder.
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